Los ciudadanos: veedores de nuestra propia seguridad

El exceso de velocidad de una ruta escolar o de un bus de transporte intermunicipal pone en riesgo la vida de los pasajeros.
No bastan los controles que establecen las autoridades, ni las diferentes campañas que se realizan para motivar a los conductores a manejar los vehículos con responsabilidad. A raíz de los múltiples accidentes que se han presentado por el exceso de velocidad, el ministerio de Transporte dispuso una serie de medidas para disminuir la accidentalidad por esta causa.
Después de múltiples presiones, de ajustes en las exigencias y de aplazamientos para que la medida entrara en vigencia, a partir del 1 de septiembre, todas las rutas escolares y los vehículos de transporte intermunicipal con menos de 6 años de antigüedad, deberán instalar la caja negra.
El aparato consiste en una pequeña caja que indica la velocidad que lleva el vehículo y produce un sonido fastidioso para alertar sobre el exceso de velocidad. Básicamente la caja negra registra constantemente la velocidad del vehículo, y cuando supera un límite, (60 kilómetros en cascos urbanos y 80 en carretera), se activa la alarma que alerta tanto al conductor como a los usuarios.
Con estos dos elementos, la disposición pretende que los usuarios del transporte especial efectúen el control y presionen a los conductores para que manejen con una velocidad prudente. Esto significa que los usuarios serán los veedores y podrán reportar las infracciones que se presenten.
Junto a la caja negra, los usuarios encontrarán un aviso en el que están consignados los diferentes teléfonos en los que pueden informar las anomalías.
Además, la caja negra incluye un sistema que almacena la fecha, hora y velocidad máxima con la que un vehículo ha transitado. Estos datos pueden ser descargados por las empresas, que periódicamente tendrán que presentar un informe ante las autoridades de tránsito.
Lo más llamativo de esta medida es que su éxito depende en buena parte de la presión de la ciudadanía y del control que hagan los usuarios de los excesos en los que pueden incurrir los conductores.
Pero también las autoridades deben responder eficazmente por los resultados, pues de nada sirve denunciar si no se aplican los correctivos y las multas respectivas. Hace algunos meses, una ruta escolar repleta de niños desconoció dos semáforos en rojo. De inmediato se instauró la queja ante la Secretaría de Tránsito y lo cierto es que no pasó nada.
De igual forma, las autoridades y las empresas que están diseñando este aparato (cuyo costo oscila entre los 15 y los 20 dólares) deben garantizar que no cederán a la presión de algunos conductores y de algunos propietarios de empresas que siempre preguntan la manera para que la caja negra no registre la velocidad real. Otros, como me contaba el gerente comercial de una compañía que elabora las cajas negras, sencillamente piden que los aparatos no funcionen, porque la resolución 1122 de mayo 26 de 2005, solo exige la instalación de la caja y no que funcione perfectamente.
El éxito de esta medida entonces, depende de dos factores determinantes: el control de los usuarios que tendrán la posibilidad y la obligación civil de reportar las anomalías; y de la honestidad de los fabricantes, de los propietarios y de los conductores que buscando la trampa, solo ponen en riesgo sus vidas y las de sus pasajeros.