¿Desempleo o desempleados?

Es difícil entender la constante afirmación de que no hay empleo en el campo colombiano, cuando en la zona cafetera y en el departamento del Tolima está a punto de perderse una parte importante de la cosecha de café de este año.
Desde hace tres cosechas, la mano de obra escasea en esta importante zona del país y los caficultores se ven a gatas para contratar recolectores del grano.
Es más: mientras que en el Eje cafetero, a estas alturas, solo se han podido contratar a 45 mil trabajadores cuando se requieren 60 mil (es decir, falta el 25% de personal para cubrir las necesidades del sector), en el Tolima se requieren con urgencia cerca de 6 mil recolectores de grano, especialmente en los municipios de Líbano, Fresno, Villahermosa y Anzoátegui.
En este sentido, un cultivador tolimense aseguró que "seguramente se perdió alguna parte de la cosecha del segundo semestres por la falta de manos para coger el café. Sin embargo, el grano sigue madurando y aún faltan recolectores".
Mientras tanto, las ciudades se ven inundadas por campesinos que buscan sostenerse con las sobras de los habitantes de la ciudad, mientras en el campo, se corre el riesgo de perder las cosechas por falta de mano de obra que pueda recoger los frutos.
Los más afectados con esta escasez de mano de obra son los pequeños caficultores que han orientado sus cultivos a la producción de cafés especiales, lo que requiere además, una mano de obra calificada para la recolección.
¿Qué pasó con los recolectores del grano? Según un análisis de El Tiempo, hay tres razones para el déficit en la mano de obra: la migración del campo a la ciudad, la carencia de motivaciones para aprender desde jóvenes el oficio y la desbandada de trabajadores del campo a los cultivos de coca.
Desde aquellos tiempos en que a un grupo de países, presionados por algunas multinacionales tostadoras, les dio por eliminar el pacto de cuotas cafeteras, que eran controladas por la Organización Internacional del Café, los caficultores comenzaron a padecer presiones desde varios sectores: al bajonazo en los precios internacionales del grano, se sumó la “competencia” de los narcotraficantes que requerían de esa mano de obra para recoger la hoja de coca. Es importante recordar que esta situación fue advertida con tiempo por el entonces presidente de la Federación de Cafeteros de Colombia, Jorge Cárdenas Gutiérrez, quien intentó, por todos los medios, convencer a los representantes de varios países consumidores, de las consecuencias que traería el desmonte del pacto.
Sin embargo, la presión consiguió el resultado que esperaban: se desmontó el pacto y de paso se llevó por delante a miles de recolectores que tuvieron que pasar de la legalidad de los cultivos de café a raspar coca en las selvas colombianas.
Con la falta de recolectores los costos se han incrementado: mientras hace poco tiempo se pagaban entre $150 y $200 por kilo recogido, ahora el salario oscila entre los $200 y los $300.
Si en el campo hay cerca de 50 mil empleos disponibles, ¿porqué seguiremos viendo a miles de personas en los semáforos, muchas de ellas haciéndose pasar por desplazadas, cuando en varias regiones del país se requieren con urgencia sus conocimientos y experiencia campesina? Es que esa cifra empleos vacantes prácticamente quintuplica el número de empleos que genera el sector arrocero en el país... ¿entonces, definamos: hay desempleo o hay desempleados?

El poder intacto de Don Berna

Era de esperarse. El poder de Diego Murillo, alias Don Berna, se tenía que hacer sentir después de su traslado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá.
Un hombre que, cuando fue emitida su orden de captura, tuvo el poder de paralizar el transporte urbano de Medellín con simples amenazas telefónicas, obviamente tiene los mecanismos para jugar duro en el tablero de ajedrez en el que se ha convertido el proceso de paz con las Autodefensas: Adolfo Paz goza de gran simpatía y respaldo entre los miembros del Estado Mayor de las AUC, quienes señalan a Diego Murillo como MIEMBRO NEGOCIADOR y LIDER NACIONAL DE LAS NEGOCIACIONES DE PAZ. Es decir, el ejercicio del poder en todo su esplendor.

En el comunicado publicado en su momento por el Estado Mayor de las AUC, los máximos comandantes de la agrupación narcoterrorista se mostraron sorprendidos por la decisión del gobierno Uribe de trasladar a Adolfo Paz a la cárcel de máxima seguridad. Esto significa que la medida no fue consultada por el gobierno y que el Presidente tomó la decisión poco después de dejar en suspenso la extradición de alias Don Berna.
Es que la situación de Diego Murillo Bejarano es compleja, porque además de los crímenes que se le atribuyen, también está latente su pasado como narcotraficante. Estados Unidos se tragó el sapo de la suspensión de la extradición de Salvatore Mancusso, posiblemente porque no es una figura del narcotráfico tan reconocida como Don Berna. Pero lo cierto es que el gobierno norteamericano va a dar la pelea, como lo hizo con los hermanos Rodríguez Orejuela, para llevar ante sus tribunales al actual jefe paramilitar.
Otro aspecto abordado por el Estado Mayor de las AUC es la decisión de suspender las desmovilizaciones de sus tropas (se calcula que aún están operando cerca de 10 mil paramilitares), hasta que el gobierno “redefina las reglas de juego y ofrezca las garantías necesarias para restituir la confianza, seriamente afectada en el marco de la presente negociación de paz”. En este orden de ideas, el vicepresidente de la Comisión de paz del Senado, Carlos Moreno de Caro, hizo una aclaración importante: se suspenden las desmovilizaciones pero no el proceso de paz. Otro aparte de la declaración de Moreno de Caro mostró, en realidad, la principal preocupación de los mandos paramilitares: “que no los extraditen”. Es que la cárcel de Cómbita se ha convertido en la última morada de los extraditables antes de viajar a los Estados Unidos.
En realidad, a las AUC, especialmente a su Estado Mayor, les preocupa la extradición y la presión que haga el gobierno norteamericano para llevarlos ante las cortes en ese país.

Otro asunto de fondo en este estancamiento del proceso es el del narcotráfico, pues desde el principio se debió dejar clara la diferenciación entre narcotraficante con poder y dinero para comprar bloques de paramilitares y un combatiente, con tropas a su cargo, que haya utilizado el narcotráfico para financiar su salvaje actividad.
Esta falta de claridad permitió que por lo menos dos reconocidos narcotraficantes se “colaran” en el asunto: Adolfo Paz y alias Gordo Lindo. El siguiente movimiento del gobierno fue un comunicado que tácitamente contenía la garantía de no extradición, declaración en la que nuevamente dejó la promesa condicionada a la seriedad y al respeto por parte de los paramilitares a la ley de Justicia y paz. Posteriormente el gobierno Uribe decidió trasladar nuevamente a Adolfo Paz de Cómbita a la cárcel de Itagüí, sitio que se ha convertido en reclusión de negociadores. Pero esto no convenció a los jefes paramilitares.

Hasta el día de hoy, la suspensión de las desmovilizaciones se mantiene. Ernesto Baez aseguró en las últimas horas a El Tiempo "que la suspensión continuará mientras el gobierno no aclare tres puntos básicos: la falta de claridad en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz para los ex combatientes de las Auc; la no presencia de las autoridades en las zonas que ellos desalojaron; la ausencia de proyectos productivos y de oportunidades para los desmovilizados, y la falta de claridad en el tema de los centros de reclusión donde purgarían condenas".
En cuanto al sitio de reclusión, pues una cosa es una colonia agrícola penitenciaria, como la que existe hace varios años en Acacías, Meta, que es un sitio en el que los condenados que ya han cumplido las dos terceras partes de su pena, llegan a trabajar en actividades agrícolas. Ese modelo es el que quieren las Autodefensas y es el que, supongo, el Alto Comisionado de Paz les prometió a los mandos. Y justamente ese modelo es el que muchos colombianos no vemos con buenos ojos.