Pablito, Pablito... el materno no es un jueguito

Foto izquierda: Pablo Ardila. Foto derecha inferior: panorámica del Materno Infantil.

Pablo Ardila, el actual gobernador de Cundinamarca es lo que llaman los muchachos de hoy un chico play: se viste informalmente, sus peinados siempre están de acuerdo al último alarido de la moda y casi nunca está en Colombia sino en el apartamento de su familia en Nueva York.
Seguramente entró a la política porque al ser uno de los propietarios del tabloide El Espacio, sintió que en el vecindario (a pocas cuadras quedan las instalaciones de El Tiempo) han desarrollado durante décadas una actividad periodística que solo les interesa como plataforma para sus ambiciones políticas. Posiblemente Pablito se lanzó a la gobernación de Cundinamarca para tener la posibilidad de incluir ese cargo en su hoja de vida que obviamente utilizará en el desarrollo de su carrera política.
Lo que no imaginó Pablito es que después de tantos años le correspondería enfrentar uno de los problemas más complejos: el hospital Materno Infantil. En días pasados el Consejo de Estado decidió que el Materno era propiedad del departamento de Cundinamarca y no de la fundación que desmanteló al hospital San Juan de Dios. Pues bien, Pablito leyó el concepto del Consejo de Estado y decidió, a las pocas horas liquidar el centro asistencial, supuestamente porque el fallo de la corporación así lo indicaba.
De nada sirvió que un magistrado del propio Consejo de Estado le explicara que en ningún momento la decisión implicaba la liquidación del hospital. Pablito se enojó y pidió que el consejero que hizo la aclaración se retractara.
Tampoco han servido hasta el momento las soluciones planteadas por el Alcalde Garzón, quien de paso tiene un grave problema, pues unos días antes de la decisión de Pablito, el Distrito firmó un contrato por 9 mil millones de pesos con el hospital Materno Infantil.
En las últimas horas, el gobierno nacional puso en la mesa diferentes soluciones para salvar al hospital: el Estado asumiría el pasivo pensional y le entregaría saneada la institución a Bogotá, simplemente con la decisión de Pablito de hacer la transferencia del hospital de Cundinamarca al Distrito. Incluso el vice ministro de Salud ratificó la propuesta que parece tener el aval de Lucho Garzón, quien ha dado pistas de aceptar el manejo del Materno Infantil. En este mismo sentido, los trabajadores han anunciado que llevan entre 8 meses y tres años sin recibir sueldo y que ellos están dispuestos a negociar esos salarios y a renunciar a primas, cesantías y vacaciones. Pero Pablito no está convencido: el quiere cerrar el hospital Materno Infantil, porque los bebés y las parturientas pueden ser atendidas “divinamente” en los hospitales de Facatativa y Fusagasuga.
Pero Pablito todavía lo está pensando. Lo último que le dijo al vice ministro de Salud es que la decisión de liquidar al Materno Infantil sigue en pie, porque las soluciones no le gustan, porque el hecho de que el centro hospitalario puede ser financieramente viable no son argumentos suficientes para modificar la decisión de Pablito. Asi lo expresó repetidamente en su intervención ante la Asamblea de Cundinamarca.
Ardila Pablo está jugando con la salud de miles de mujeres y niños por pura y simple terquedad, unida a la incapacidad mental que demuestra para enfrentar las crisis y a la sordera que padece para escuchar las propuestas que benefician a la nación, al Estado y a los servicios asistenciales de salud de Bogotá, Cundinamarca y sus zonas de influencia.
Por todo esto parece lógica la propuesta del asesor legal del Materno Infantil de interponer un recurso de revocatoria directa contra el gobernador, pues en un caso tan simple de resolver se ha enredado en un mundo de vanidades y estupidez que demuestran su incapacidad para gobernar los destinos de cualquier comunidad.Esperemos que Ardila logre entender las propuestas y busque un asesor (así sea uno de los mediocres que lo rodean) para que le muestre las bondades de tomar una decisión que le permita al Materno Infantil continuar con su servicio a las comunidades con menos recursos. Ya después podrá retirarse para dedicar sus energías a actividades que seguramente puede entender mejor, como dirigir las fotografías de las modelos desnudas que aparecen en su tabloide o arriesgarse a diagramar las páginas llenas de muertos y de textos mal elaborados y repetitivos que se venden como pan caliente en los estratos culturales más bajos. Ah... y que esa inteligencia que posee lo ilumine para llenar el crucigrama del Espacio: así tendrá su día completamente ocupado y dejará en el olvido (esperemos que para siempre) sus aspiraciones políticas.

Se perdió la herencia

Cuando mi esposa llegó a Bogotá, hace más de 13 años, encontró una ciudad sucia y con los separadores de las avenidas convertidos en basureros. El primer recuerdo que tiene es el de mirar a sus familiares y suplicarles que reconsideraran la permanencia en la capital del país.
Mis recuerdos de esa ciudad son ingratos: basura, tráfico imposible, peatones cruzando por cualquier parte y en cualquier momento, conductores de buses, busetas y colectivos disputándose los pasajeros en cada calle, pasajeros abordando los vehículos en el carril central de una vía arteria y toda la barbarie de la que éramos testigos impotentes.
Pero llegó un personaje que comenzó a cambiar la cara de la ciudad: Jaime Castro organizó la casa por dentro, estructuró las políticas financieras y volvió viable una ciudad que era tierra de nadie.
Después los bogotanos eligieron a Antanas Mockus, un ciudadano que tenía en la cabeza un proyecto de ciudad. Poco a poco nos fuimos acostumbrando a los símbolos, como las tarjetas rojas que eran enrostradas a alguien que incumplía una norma de tránsito. Comenzaron a aparecer las cebras en los cruces difíciles y, por supuesto, la inversión en semáforos peatonales fue evidente. Con los símbolos los bogotanos comenzamos a transitar el camino de la civilidad y fuimos recuperando los elementos mínimos para el respeto de los derechos ajenos. El proyecto Mockus entonces, fue un intento de despertar al ciudadano frente a la responsabilidad social y frente a los compromisos que adquiere como asociado de una nación.
Con el esquema financiero que Jaime Castro había organizado y con el ahorro que Mockus hizo, llegó a la Alcaldía Enrique Peñalosa, quien tenía el deber de invertir adecuadamente el enorme presupuesto que se nutrió aún más, con la descapitalización de la Empresa de Energía de Bogotá.
En la cabeza, Peñalosa tenía una ciudad amable, con un sistema de transporte masivo que permitiera disminuir, poco a poco, la guerra del transporte público en Bogotá. En su sueño, supongo que la ciudad era todo un parque, llena de ciclorrutas, de plazas hermosas, de bibliotecas de grandes dimensiones, sin carros particulares y con Transmilenio recorriendo los principales ejes viales de la ciudad.
Cuando comenzó a sonar el asunto de Transmilenio, confieso mi escepticismo, porque no creía posible que un sistema de semejantes dimensiones fuera posible en la caótica Bogotá. Además, la idea enfrentaba a los monopolios del transporte capitalino que eran verdaderas mafias con representación en el Concejo de Bogotá. Un poco más de un año fue suficiente para que el sistema de transporte masivo fuera realidad. Entre tanto, los bogotanos despertábamos frente a una ciudad con visos de desarrollo, con muestras de civismo y con muchos participantes en las reglas de convivencia.
De pronto nos encontramos con bogotanos que querían a su ciudad, algo impensable diez años atrás, gente que defendía las obras y tenía despierto el sentido de pertenencia: Bogotá había dejado de ser tierra de nadie para convertirse en el lugar de todos: el proceso funcionó y el amanecer de una nueva ciudad aparecía frente a todos.
Nada es perfecto, pero las cosas estaban bien encaminadas: la continuidad de un modelo de ciudad estaba dando frutos.
Hoy, dos años después, la ciudad ha sufrido un retroceso en la civilidad: otra vez se incrementó el irrespeto por las normas, la guerra de los conductores de transporte público y la indolencia frente a un espacio que nos pertenece a todos. Claro: Lucho Garzón posiblemente tiene en su cabeza otro modelo de ciudad, pero no se ve, no se siente, no se manifiesta en la cotidianidad de los bogotanos. Otra vez volvió a dormirse el sentido de pertenencia, que esperamos despierte con furor cuando termine la nefasta administración de Garzón y de su clientela parásita y corrupta.

Los testigos de la defensa

¿Qué tienen en común Alfonso López Michelsen, Horacio Serpa, Julio César Turbay y Ernesto Samper? Aparte de ser liberales son los testigos que llamó la defensa de Alberto Santofimio Botero para declarar a favor del procesado en el caso del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento.
Es una nómina de lujo la que ha tenido a bien citar la defensa de Santofimio: tres ex presidentes y un eterno candidato a la Presidencia. Difícilmente los abogados del sospechoso citarían a estos personajes solo para que digan lo que todo el mundo conoce por la prensa, pues en ese hipotético caso, los testimonios no servirían a los intereses del acusado.
En otras palabras: algo tienen que saber los citados y algunos aportes a la investigación tendrán que hacer a favor del acusado, cuando han sido llamados a rendir testimonio ante la Fiscalía.
El testimonio de refutación que ha preparado la defensa con estos ilustres de la política tradicional tiene múltiples interpretaciones: la primera, que ellos van a hablar bien de Santofimio al punto de intentar demostrar que semejante personaje de la vida nacional, o como he escuchado, el mejor orador de Colombia, no puede estar involucrado en el magnicidio justamente por su habilidad verbal y su inteligencia. Ya sabrá la Fiscalía que la inteligencia y las habilidades comunicacionales poco tienen que ver con la pulcritud de una persona: este país ha visto seres de gran inteligencia que han cometido toda suerte de delitos: Jaime Soto Prieto, aquel personaje que participó en el robo de 13 millones de dólares de una cuenta que el ministerio de Defensa manejaba en el Chase Manhatan Bank en Panamá. Ni hablar de un hombre brillante como Jaime Michelsen Uribe y el Grupo Grancolombiano. Tampoco podremos negar la inteligencia de Pablo Escobar o las brillantes jugadas de los hermanos Rodríguez Orejuela: todos muy inteligentes... todos delincuentes.
Otra posibilidad es que los citados tengan información sobre la no participación de Santofimio en el atentado y rindan su testimonio para aportar pruebas que refuten las acusaciones de Popeye. Obviamente, para sacar a Santofimio de esta situación, si tienen la información requerida, tendrán que entregar la o las cabezas de algunos dirigentes que participaron en el asesinato. Es decir: si ellos saben que Santofimio no fue, necesariamente tienen que tener por lo menos indicios de quién o quienes participaron en la conjura.
Porque lo cierto es que Santofimio solo es la punta del iceberg que esconde en las profundidades los nombres de muchos personajes de la vida nacional que deben entrar a responder por algunas preguntas que siempre han estado en el ambiente sobre el asesinato de Galán: ¿Cuántos hombres envió el entonces coronel Argemiro Serna, sub comandante del departamento de policía Cundinamarca a la plaza de Soacha para custodiar el evento? ¿Es cierto que el dispositivo policial ordenado por Serna (quien después fue enlace de la Policía ante el Congreso de la República y luego General y comandante de la policía en Bogotá) fue de menos de 10 agentes al mando del sub-teniente Oscar Bohórquez? ¿Porqué el General Maza Márquez cambió al jefe de escoltas de Galán, desconociendo la oposición de la familia a esa medida? ¿Porqué el entonces director de la Dijin, General Oscar Peláez Carmona, realizó una cantidad de capturas y señalamientos que después resultaron falsos? ¿Quién le garantizó a Galán la seguridad en la plaza de Soacha?
A la par con el proceso contra Santofimio, muchas personas deben entrar a aclarar estas dudas, no solo políticos, sino altos oficiales de los servicios de seguridad del Estado.
¡Que hablen! Que los citados cuenten lo que saben del magnicidio y que ojalá digan la verdad.

Colombia genera vértigo

Durante estos días, muchas cosas sacudieron a Colombia. El procurador Edgardo Maya se pronunció sobre la reforma constitucional que permite la reelección, denunciando vicios de forma en el trámite del acto legislativo.
Lo más importante del informe de Maya Villazón es que ratificó que el Congreso de la República si puede emprender modificaciones a la Constitución Nacional, descalificando algunos argumentos de la oposición que absurdamente insistían en la imposibilidad del legislativo de modificar algunos puntos de la Carta Magna. Entonces, con el dictamen de Maya la oposición perdió la mitad de sus argumentos.
De igual forma, la declaración del Procurador pone grandes obstáculos para que la Corte Constitucional no ceda a la tentación de analizar el fondo de la reforma incurriendo en la extralimitación de sus funciones, aunque a la Corte Constitucional ¿quién la ronda?.
Claro, quedan los vicios de trámite denunciados por Maya Villazón que deberán ser estudiados por la Corte Constitucional y decidir si el Acto Legislativo si cumplió con las normas para su expedición. Eso se sabrá en noviembre, junto con la decisión de la despenalización del aborto y seguramente con el estudio sobre la constitucionalidad de la ley de Garantías Electorales. En cuanto a esta última decisión hay serias dudas, pues si declaran inconstitucional la ley de garantías, algunos constitucionalistas afirman que caería también la reelección presidencial.
Otro hecho que acaparó la atención del país fueron las declaraciones del gobierno ecuatoriano indicando que, para ellos, un grupo terrorista como las Farc tiene la misma validez y el mismo nivel de interlocución que el Estado colombiano. Esta posición fue aplaudida sospechosamente por el jefe de prensa de las Farc, Raúl Reyes, quien en unas declaraciones publicadas por El Tiempo dijo textualmente que “las Farc respaldan al gobierno ecuatoriano”.
Y como olvidar el editorial de New York Times que atacó a la ley de Justicia y paz y la llamó de capitulación ante los terroristas. En el fondo, la nota editorial pretende dos cosas: que los paramilitares se paren de la mesa de negociación y continúen la guerra, las masacres y el desplazamiento. Lo segundo, desinformar para desprestigiar una norma. Para el editorialista, la ley de justicia y paz debe ser una ley de rendición, un conjunto de normas en donde el Estado impone solo sus condiciones, castiga con toda firmeza a los delincuentes rendidos y vencidos en combate, capturados por el poder militar del Estado y anémicos de recursos y dinero. ¿Eso sucedió en Colombia?
El planteamiento del editorialista es una mentira total. Primero, porque las AUC no fueron derrotadas sino que decidieron entrar en un proceso de paz para reincorporarse a la vida legal. Segundo, porque toda negociación tiene cierto grado de impunidad y hay que hacer malabares para que las víctimas tengan algo de reparación y la justicia tenga algún destello. Pero pretender que un grupo alzado en armas decida entregarse para que lo condenen a 20 años de prisión o lo envíen en un avión a EEUU es un despropósito que desconoce las realidades de este proceso y muestra un alto grado de ignorancia frente al tema de negociación de conflictos.