El escándalo de los últimos días en Colombia ha corrido por cuenta de las declaraciones de Vicente Castaño a la revista Semana en las que señaló que el 35% del Congreso es amigo de los paramilitares.
De inmediato vinieron las interpretaciones y las acostumbradas exageraciones que impiden ver el panorama completo: de la palabra amigos pasaron a vínculos de congresistas con las Autodefensas y de ahí, el propio Fiscal General habló de investigar las relaciones entre los parlamentarios y los miembros de las AUC.
Sin embargo, las declaraciones de Vicente Castaño son tan difusas que no dan mucho margen de interpretación: hablar del 35% de amigos de las Autodefensas puede significar un porcentaje de políticos que simpatizan con la idea de una ultraderecha armada, o que han viajado a hablar con ellos en diferentes etapas del conflicto, como ocurrió en su momento con Serpa y como el mismo Petro admitió en declaraciones para RCN. También podríamos hablar de Moreno de Caro, quien se define como “amigo de la paz”.
No obstante, aunque el tema es inquietante y requiere de la aclaración de los voceros de las Autodefensas, Castaño habló de otros temas posiblemente más delicados y preocupantes. El caso de los planes productivos que las Autodefensas están impulsando en algunas zonas del país recuerdan los proyectos que “impone” la comunidad, con Gloria Cuartas y el padre Giraldo a la cabeza, en San José de Apartadó.
Vicente Castaño aseguró que ellos van muy adelantados en el asunto: “En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país.”.
Es preocupante que las Autodefensas estén empecinadas en este tipo de planes, porque se sabe que con sus armas han obligado a comunidades enteras en el Chocó y en otras zonas del país a proceder con la siembra de la palma, desplazando y erradicando otros cultivos e incluso las huertas de pan-coger. Además, esos proyectos productivos parecen un disfraz para ocultar el verdadero propósito que es mantener la apariencia legal de la propiedad y de paso, ponerlas a producir después de años de ser simples lotes de engorde. Sobre el particular dice el informe de la Contraloría sobre extinción de dominio: “La compra de tierras por parte de los narcotraficantes bordea el millón de hectáreas, equivalente al 2.8% del territorio nacional y a un 5% de las tierras potencialmente explotables. Estimativos menos conservadores mencionan cifras cercanas a los tres millones de hectáreas y otros analistas estiman que, los narcotraficantes poseían, para el año 2000, 4.4 millones de hectáreas que podrían tener un valor aproximado de US$2.400 millones”.
En este sentido, Vicente Castaño afirmó que la reparación a las personas que han sido despojadas de sus tierras solo se dará mediante la aplicación de programas sociales: “Si nos toca dar las tierras para programas sociales no hay diferencia porque eso ya lo venimos haciendo con proyectos productivos en varias zonas del país”.
Así las cosas, hay situaciones posiblemente más alarmantes, que un grupo de amigos de las Autodefensas en el Congreso: está el modelo de producción con palma que en muchas ocasiones ha sido impuesto a las comunidades. También alarma el insinuado propósito de mantener la propiedad ilícita de tierras robadas, mediante desplazamiento, motosierra y muerte, para ponerlas a producir con las comunidades que son víctimas de esta moderna encomienda paramilitar.
De inmediato vinieron las interpretaciones y las acostumbradas exageraciones que impiden ver el panorama completo: de la palabra amigos pasaron a vínculos de congresistas con las Autodefensas y de ahí, el propio Fiscal General habló de investigar las relaciones entre los parlamentarios y los miembros de las AUC.
Sin embargo, las declaraciones de Vicente Castaño son tan difusas que no dan mucho margen de interpretación: hablar del 35% de amigos de las Autodefensas puede significar un porcentaje de políticos que simpatizan con la idea de una ultraderecha armada, o que han viajado a hablar con ellos en diferentes etapas del conflicto, como ocurrió en su momento con Serpa y como el mismo Petro admitió en declaraciones para RCN. También podríamos hablar de Moreno de Caro, quien se define como “amigo de la paz”.
No obstante, aunque el tema es inquietante y requiere de la aclaración de los voceros de las Autodefensas, Castaño habló de otros temas posiblemente más delicados y preocupantes. El caso de los planes productivos que las Autodefensas están impulsando en algunas zonas del país recuerdan los proyectos que “impone” la comunidad, con Gloria Cuartas y el padre Giraldo a la cabeza, en San José de Apartadó.
Vicente Castaño aseguró que ellos van muy adelantados en el asunto: “En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país.”.
Es preocupante que las Autodefensas estén empecinadas en este tipo de planes, porque se sabe que con sus armas han obligado a comunidades enteras en el Chocó y en otras zonas del país a proceder con la siembra de la palma, desplazando y erradicando otros cultivos e incluso las huertas de pan-coger. Además, esos proyectos productivos parecen un disfraz para ocultar el verdadero propósito que es mantener la apariencia legal de la propiedad y de paso, ponerlas a producir después de años de ser simples lotes de engorde. Sobre el particular dice el informe de la Contraloría sobre extinción de dominio: “La compra de tierras por parte de los narcotraficantes bordea el millón de hectáreas, equivalente al 2.8% del territorio nacional y a un 5% de las tierras potencialmente explotables. Estimativos menos conservadores mencionan cifras cercanas a los tres millones de hectáreas y otros analistas estiman que, los narcotraficantes poseían, para el año 2000, 4.4 millones de hectáreas que podrían tener un valor aproximado de US$2.400 millones”.
En este sentido, Vicente Castaño afirmó que la reparación a las personas que han sido despojadas de sus tierras solo se dará mediante la aplicación de programas sociales: “Si nos toca dar las tierras para programas sociales no hay diferencia porque eso ya lo venimos haciendo con proyectos productivos en varias zonas del país”.
Así las cosas, hay situaciones posiblemente más alarmantes, que un grupo de amigos de las Autodefensas en el Congreso: está el modelo de producción con palma que en muchas ocasiones ha sido impuesto a las comunidades. También alarma el insinuado propósito de mantener la propiedad ilícita de tierras robadas, mediante desplazamiento, motosierra y muerte, para ponerlas a producir con las comunidades que son víctimas de esta moderna encomienda paramilitar.