¿Cuál es la relación de Uribe con el paramilitarismo?

Ya era hora. El presidente Uribe puso el tema en el tapete. Desde la campaña presidencial, diferentes sectores lanzaron puyas, indirectas y directas sobre los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo. Tanto así que en una rueda de prensa, el entonces candidato decidió expulsar a un corresponsal extranjero por la sola insinuación.
Desde ese episodio, Uribe soportó con paciencia (y ratifico esta palabra porque conocemos las pocas pulgas que tiene el Presidente) esas afirmaciones emitidas por la oposición cuyos voceros están ahora pidiéndole al Mandatario tolerancia frente a la calumnia que ellos denominan crítica.
Pero ¿de dónde viene el asunto de vincular al Presidente con los paramilitares? De la defensa a ultranza y de la puesta en marcha de 65 cooperativas Convivir que emprendió el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez.
Los opositores de Uribe afirman que el actual Presidente creó las Convivir. Sin embargo, la historia muestra que estas asociaciones fueron propuestas en noviembre de 1994 por el ministro de Defensa Fernando Botero Zea. La iniciativa fue ampliamente debatida al interior del gobierno. Sin embargo, las Convivir fueron creadas por el gobierno Samper mediante el decreto 356 de 1994, firmado por el Presidente y por su ministro de Defensa.
Tampoco recuerdan los contradictores que “durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano las Convivir se fueron extendiendo por muchas partes del territorio nacional, particularmente en las zonas de conflicto. http://www.planetapaz.org/grupo_paz/relacion_estado_paramilitar.pdf
Lo que si es cierto es que Álvaro Uribe Vélez, como gobernador de Antioquia, defendió la idea de las Convivir afirmando que eran "una forma legítima de participación de la ciudadanía, necesaria en una situación como la que vive Colombia. Así mismo, Uribe destacó que el control de estas cooperativas se aseguraba mediante la vigilancia de las autoridades claves dentro del conflicto como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional". http://www.urosario.edu.co/FASE1/jurisprudencia/justi_informe_pre.htm
Es importante recordar que el propósito de Samper y de su ministro era que las Convivir constituyeran una red de informantes que asegurará la presencia de las autoridades en la escena de las acciones delictivas.
Más allá de la autoría de las Convivir, el debate se centró en ese tiempo en las relaciones entre estas cooperativas y el paramilitarismo y la vinculación de sus miembros en la comisión de algunos delitos concertados con las autodefensas. Según el observatorio de la Universidad Nacional, “en 1997 las Convivir de las regiones del Magdalena Medio y el sur del Cesar estaban dirigidas por conocidos paramilitares y habían amenazado con asesinar a colombianos considerados simpatizantes de la guerrilla.”
Otra denuncia señala que un grupo de Convivir que al parecer patrullaba con unidades del Ejército en cercanías de San Francisco, Santander, ejecutó y desmembró a tres personas. Dos meses antes, el mismo grupo había sido relacionado con la masacre de al menos siete personas en las aldeas vecinas de La Congoja y Puerto Nuevo, lo cual provocó el desplazamiento en masa de más de 700 residentes. http://triton.uniandes.edu.co/~demo/admin/noti_item.php?id=139&accion=2
Vemos que estas denuncias, en especial las relacionadas con crímenes de lesa humanidad, atañen al departamento de Santander, mientras que las amenazas se produjeron en sectores de Cesar, Boyacá, Santander y Antioquia. Entonces, ¿dónde está la relación directa y exclusiva del gobernador de Antioquia con los hechos?

En cambio me gustaría que Horacio Serpa Uribe, Comisionado de Paz del gobierno Gaviria, explicara sus declaraciones, dadas en 1992, cuando afirmó que “el paramilitarismo había dejado de existir en Colombia”. Además, sería sustantivo para el país que Serpa y César Gaviria respondieran por los resultados del proceso de paz que lograron con las Autodefensas del Magdalena Medio encabezadas por Henry Pérez y Ariel Otero.

Es urgente endurecer las leyes contra aficionados delincuentes

Anoche todo era miedo en los alrededores del Campín. Hace solo una semana se presentaron los graves incidentes que terminaron con un muerto y24 heridos. Las imágenes de los desórdenes ocurridos en el Campín, demuestran, por un lado, el salvajismo de las detestables barras bravas, y por el otro, la pérdida de la conciencia individual cuando se acometen acciones colectivas violentas. Ver a una marea humana agrediendo sin compasión a un solo individuo, corresponde no solo a un acto de cobardía sino que evidencia la indiferencia ante la vida de algunos miembros de esas agrupaciones.
En la penosa revuelta hay situaciones que vale la pena analizar. En cuanto a los hechos en si, es deplorable la poca presencia de la policía en el estadio: 66 uniformados para atender un evento de 25 mil personas es, por decirlo de alguna manera, un absurdo de enormes proporciones, pues significa en la práctica que tenían un policía por cada 379 aficionados. También preocupa que el alcalde Garzón y el comandante de la policía Bogotá estuvieran en el sitio y no hubieran tomado la decisión de solicitar los refuerzos requeridos o de ingresar algunas de las unidades que esperaban en las afueras del estadio, pues desde el primer tiempo comenzaron las agresiones y las puñaladas.
Estremece ver la impotencia de la autoridad frente a los vándalos y delincuentes que provocaron la asonada, sobre todo los uniformados que estaban en la pista atlética. La policía reconoció el error en el manejo que se le dio al ingreso de un aficionado que golpeó al árbitro: pero ese error fue reiterado, porque no se tuvo el control efectivo del área más importante del espectáculo, la cancha, lo que significa que la falla ocurrió por un mal planeamiento del operativo.
Es muy grave el ingreso de armas y de botellas de licor, así como la utilización de narcóticos en pleno estadio, pues las declaraciones de los miembros de alguna de la barras agresoras indican que por lo menos uno de los jóvenes golpeados antes del segundo tiempo, va al Campín a consumir droga y a robar.
Lo que ocurrió en Bogotá no es nuevo en el fútbol. Por el contrario, varias ciudades colombianas tienen que padecer a estos grupos de vándalos que se escudan detrás de una camiseta para sembrar destrucción y muerte: lo viven Medellín, Cali, Ibagué y Barranquilla, entre otras, sin que hasta el momento se hayan tomado decisiones serias para solucionar el problema.
Argentina vivió momentos muy difíciles por los enfrentamientos de las tales barras bravas: incluso en Buenos Aires, en los peores momentos, la policía destinó una zona libre de uniformados para que esas barras se encontraran, se agredieran y se mataran; una vez terminada la zambra, la policía llegaba a recoger los heridos y a hacer el levantamiento de los cadáveres. Finalmente, con una legislación seria, los problemas han disminuido y el control de los estadios está en manos de quien corresponde. Chile comenzó a padecer el mal y muy pronto acometieron el estudio y aprobación de leyes endurecidas que castigan con cárcel y altas multas a los infractores. Igual podríamos hablar de Gran Bretaña, país que vivió a los ingratos Hooligans y que tuvo que legislar para acabar de tajo con semejante problema.
¿Y Colombia? Nada. Los legisladores han pasado de agache frente a la brutalidad recurrente y casi habitual en los estadios y también han volteado la mirada frente a los enfrentamientos en las afueras de estos escenarios. El Código Penal premia los delitos menores, volvió contravención lo que antes era castigado con cárcel y no tocó el tema del vandalismo en sitios públicos, ni los desórdenes en eventos como las justas deportivas. Pero si es menor de edad, la cosa es mucho más compleja para la sociedad, pues en el peor caso, pasará unas vacaciones de máximo 18 meses en un centro de rehabilitación, con todos los gastos pagos.

La propuesta educativa del Presidente es válida a largo plazo. Pero las soluciones tienen que abocarse también para el futuro inmediato. Por lo tanto, estos desmanes deben generar una respuesta inmediata del legislativo, o por lo menos una propuesta seria del ejecutivo, a fin de terminar pronto con el peligro que corren los que van a un estadio a ver un partido y no a presenciar como un grupo de inadaptados pelean, asesinan y destrozan sin el más mínimo remordimiento. También lo agradecerán los infortunados vecinos de los estadios que deben cambiar los vidrios de sus ventanas mínimo cada año, porque las peleas que vimos en el Campín, son cotidianas en las afueras de los estadios de la mayoría de ciudades del país.

Preocupantes coincidencias entre las Farc y el gobierno ecuatoriano

En Ecuador resurgió el debate sobre la fumigación de cultivos ilícitos en sectores cercanos a la frontera con Colombia. En las últimas horas el ministro ecuatoriano de gobierno, Mauricio Gándara dijo que “conocía desde el mes pasado que estas fumigaciones las realizaba la compañía Dyncorp”. (Vanguardia, mayo 17)
Sin embargo, el tema en Ecuador no es nuevo y si el funcionario no conocía la participación de Dyncorp en las fumigaciones, pues está muy mal informado y eso es muy grave para un funcionario que ocupa esa posición. La primera denuncia en contra de Dyncorp fue presentada en Estados Unidos hace 4 años. En un artículo de la revista Corp Watch se informó que un grupo de campesinos ecuatorianos interpusieron una acción judicial contra la compañía en septiembre de 2001. El alegato se basó en que los herbicidas utilizados por DynCorp en la frontera marchitaban cosechas legítimas y causaban enfermedades a los habitantes de la zona y a su ganado. Incluso, según el artículo, las fumigaciones ocasionaron la muerte de niños en la zona. Esta acusación fue desestimada por el juez con el argumento de que el pleito "era un riesgo grave para los objetivos de la seguridad nacional de los EEUU y de la política extranjera."
Sin embargo, hace pocos meses se instauró una nueva reclamación judicial contra DynCorp, basada en el contrato de la empresa con las agencias del gobierno estadounidense para fumigar plantaciones de coca y amapola en la selva colombiana. Durante la ejecución de este contrato, continúa la exposición de motivos de la acción judicial, los demandados también rociaron grandes áreas de la frontera colombo – ecuatoriana. Con esa fumigación, agrega la demanda, se han causado severos daños físicos y mentales a los demandantes, a sus hijos y a otros ciudadanos ecuatorianos ubicados en la frontera.

Genera curiosidad que estas declaraciones y la repentina preocupación del ministro Gándara coincidan con la presencia de Raúl Reyes, el barrigón jefe de prensa de las Farc, en territorio ecuatoriano.
El 14 de mayo, Reyes concedió una entrevista en la ciudad de Quito a Ecuavisa y al diario El Universo de Guayaquil: el contenido también fue publicado por el diario El Universal de Caracas. En ella, Reyes manifestó que el propósito de las Farc era establecer en la frontera un remanso de paz.
Lo más interesante de la entrevista no fueron las palabras del guerrillero sino lo que calló cuando se le preguntó sobre Lucio Gutiérrez y la supuesta financiación de su campaña con algunos dineros de las Farc: el terrorista guardó silencio. Luego el periodista intentó ahondar en torno a los acuerdos que Lucio Gutiérrez les incumplió a las Farc, a lo que Reyes contestó que “prefería no referirse al tema”.
Obviamente, a estas horas no se sabe si el terrorista todavía esté en Quito o en Ecuador: pero si deja varios interrogantes sobre su presencia y su influencia en el nuevo gobierno ecuatoriano. Además, las declaraciones del ministro Gándara indicando que los pilotos que efectúan las fumigaciones pertenecen todos a la nómina de Dyncorp y que esto es una “privatización de la guerra” coinciden en muchos aspectos con los reiterados comunicados de las Farc sobre el tema.
En un artículo fechado el 23 de mayo de 2001, Jeremy Bigwood publicó en la revista Corp Watch un análisis sobre la presencia de esta empresa en Colombia. El título del análisis es: Outsourcing la guerra de la droga. Un aparte de este artículo señala que “DynCorp también funciona en Bolivia y Perú, pero las operaciones más grandes de la empresa están en Colombia, y según su contrato con el departamento del Estado, la función de Dyncorp es el comando y control en el campo”.
Entonces, inquietan las coincidencias entre el ministro y las Farc cuando se sabe que Raúl Reyes estuvo hace algunos días en Ecuador y también preocupa la pretendida ignorancia de Gángara sobre la acción de Dyncorp y los procesos judiciales que se han venido adelantando, desde el año 2001, contra la empresa por su participación en las fumigaciones. Porque esa ignorancia es muy conveniente para volver a agitar el tema en Ecuador, sobre todo en momentos en que la segunda demanda está siendo estudiada en los estrados judiciales norteamericanos.

Hay que desandar los pasos de la anorexia

Ángel Yáñez: promotor del proyecto delgadez

(Colaboración de Adriana Gutiérrez, Editora Blog CYYST,)

“Los kilos de más rompen con la estética. Los parámetros de belleza vienen de Europa y quedaríamos como provincianos si los modificamos”. Estas fueron las declaraciones del diseñador Ángel Yáñez, publicadas en El Tiempo del 1 de mayo, refiriéndose a las modelos colombianas que, pese a su naturaleza, tienen que adoptar esos patrones europeos a costa de su propia vida.
El provincialismo al que hace referencia consiste en la influencia que tiene una ciudad sobre una persona originaria de una población o de una zona sin acceso al mundo moderno. Esto ocasiona que esa persona, al llegar a una metrópoli, se maraville tanto con sus espejismos que termine sintiéndose identificada con los patrones culturales y ligeros de esa urbe.
Para hacer un análisis un poco más profundo del tema, ATRABILIOSO contó con la colaboración de Adriana Gutiérrez, editora del blog CYYST, quien señaló al respecto: “Afirmar que los “patrones” estéticos no se pueden cambiar porque el hacerlo seria muy provinciano, confirma precisamente la presencia de lo que se critica: un provincialismo ancestral que nos impide valorarnos como un pueblo con valores propios y con capacidad de hacer propuestas estéticas interesantes y valederas. De otro lado demuestra un pobre conocimiento histórico de la estética que ubica esta clase de comentarios en la esfera de lo simplemente coloquial y sin ninguna lógica argumental rigurosa”.
Pero también refleja la realidad de muchos colombianos arribistas: cuando alguien logra escalar o trepar, llámelo como quiera, en el área social o económica, niega sus orígenes y siente absoluto terror de que le recuerden las raíces. Entonces, Yáñez trata de mostrar su absoluta animadversión a sus propias realidades: es colombiano, chiquito, calvo, ojos rasgados, medio negrito, con la malicia indígena a flor de piel y con una pinta de latinoamericano que no puede ocultar en los aeropuertos internacionales, cuando de requisa se trata, aunque lo intente.
El personaje habla de la estética, que es la apreciación de la belleza, es decir, es lo que un individuo percibe y, de acuerdo con sus patrones culturales, juzga como bello o feo. Entonces, la estética es tan relativa y múltiple como la misma existencia de culturas, pensamientos e ideologías: da para todos los gustos y que esa estética sea considerada como un modelo a seguir en Europa, no significa que aquí tengamos que someternos a esa forma de colonialismo vulgar y cínico que ejecutan algunos diseñadores de moda como Yáñez.
Adriana Gutiérrez anota al respecto: “La preocupación por la apariencia no es solo una “aberración” de la cultura occidental moderna: cada periodo histórico tiene sus propios modelos de lo bello y de lo feo. En él siglo XIV ser bella implicaba el uso de corsés que provocaban problemas respiratorios y digestivos. La diferencia entre la preocupación actual; y la que se daba en otros tiempos esta en los altos niveles de preocupación, en la obsesión por la delgadez frente a la gordura como conceptos que se oponen delgadez = bello/gordura = feo".
De igual forma, demuestra la carencia de fundamentos intelectuales y académicos porque a estos consumidores compulsivos, solo les interesa lo ligero, lo que pasa fácil; porque lo demás es denso y su capacidad neuronal no da para tanto.
Además, no considera en ninguna de sus palabras el problema de la anorexia. Sobre este tema, Adriana Gutiérrez señala: “Comúnmente se cree que la anorexia, como desorden alimenticio relacionado con la industria de la moda y los medios masivos, es una enfermedad reciente, pero se ha encontrado evidencia de su existencia a finales del siglo XIX en donde se sugiere que la combinación de ciertos factores sociales y económicos podrían haber facilitado la expresión o inhibición de una sicopatología a través de comportamientos anoréxicos”. Fragmento de The Psychoanalytic Approach to Psychosomatics and Eating Disorders The Newsletter of the Psychosomatic Discussion Group of the American Psychoanalytic Association. The Prehistory of Anorexia Nervosa Jules R. Bemporad, M.D (New York)”
http://www.cyberpsych.org/pdg/pdghist.htm
A manera de conclusion y siguiendo lo propuesto por Adriana Gutiérrez hay que considerar que “la discusión no se quede en lo flaco como lo opuesto a lo gordo ni como reflejo de lo bello opuesto a lo feo”.

En la erradicación de cultivos ilícitos hay que cumplir los pactos

Colombia adolece de políticas de Estado y las decisiones cambian de gobierno a gobierno. Esto sucedió con la erradicación manual de cultivos ilícitos que fue acordada con diferentes comunidades, en especial con las del sur del país. Pero con la llegada de Uribe, estos acuerdos se fueron marchitando hasta casi desaparecer, por el afán del Presidente de acabar con el problema lo más rápido posible.
Después de varios años de fumigación con Roundup (glifosato) y los fijadores a las hojas, como Cosmo-Flux y Cosmo InD los resultados no pueden ser peores: el número de hectáreas sembradas sigue estable y se evidencia la adaptación de los narco cultivadores a las estrategias de fumigación, adquiriendo una gran movilidad en la siembra y cultivo de coca y amapola. Las cifras entregadas por la CIA revelan que el número de hectáreas cultivadas se mantiene. De inmediato, algunos funcionarios han salido a controvertir las cifras con el número de hectáreas fumigadas el año anterior y en lo que va corrido del 2005. Lo evidente es que pese al gran esfuerzo de fumigación y al costo social y económico que implica, no es una estrategia que muestre resultados satisfactorios.
El psicólogo B.F. Skinner creó la teoría del condicionamiento operante, es decir que ante un estimulo se produce una respuesta voluntaria, que puede ser reforzada, de manera positiva o negativa, provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite. Si la fumigación aérea no ha producido los resultados esperados, esto lo podríamos asimilar a un estímulo negativo y por lo tanto debería producirse una conducta que debilitara la respuesta. En términos más prácticos, si las fumigaciones no funcionan, se deben buscar alternativas que produzcan resultados positivos y estructurales.
Porque lo cierto es que la fumigación aérea afecta una de las cuatro cosechas anuales de coca, es decir, el éxito de la aspersión aérea es del 25%, a unos costos muy altos para el país. En cambio, con la erradicación manual se destruye la mata y obviamente el resultado será más duradero.
Pero la teoría de estímulo condicionado parece que no tiene aplicación en algunos funcionarios que ahora quieren fumigar en los parques nacionales, pese a la oposición de valientes como la ministra de Educación Cecilia María Vélez. Por el contrario, pese a la evidencia del fracaso, de manera tozuda quieren ahora comprar más aviones y helicópteros destinados a fumigar esas zonas protegidas por la ley.
La nación está de acuerdo con la erradicación de los cultivos ilícitos. Ni más faltaba que algún colombiano no quiera quitarse ese INRI de encima. Ni pensar que algún colombiano quiera dejarles a los grupos terroristas una de las principales fuentes de financiación: por el contrario, hay que diseñar estrategias de eliminación de cultivos efectivas, incentivando a los campesinos a erradicar manualmente y brindando no solo las garantías de seguridad frente a los terroristas sino también invirtiendo en sus necesidades de salud, educación y productividad. El dinero que se utiliza para el glifosato, la gasolina de los Turbo Thruch, los helicópteros y las unidades de seguridad para la fumigación pueden destinarse a la erradicación manual. Porque además, la fumigación aérea no es precisa, pues por cada hectárea fumigada se afectan 2.7 hectáreas más de bosque nativo, de cultivos lícitos y de reservas forestales para la preservación del agua. Tampoco es exitosa y los resultados son, a mediano plazo, absolutamente deplorables.
En cuanto a las fumigaciones aéreas, la influencia del gobierno norteamericano es innegable y, pese a los pobres resultados, seguirá con la presión, pues detrás de esta política está la multinacional Monsanto, cuyos herbicidas como “el Roundup suponen al menos una sexta parte de las ventas anuales de la compañía y la mitad del beneficio operativo”. (http://www.zmag.org/Spanish/9911mons.htm ). Las utilidades que esta empresa obtiene por las fumigaciones son aseguradas mediante el cabildeo a congresistas, dos de los cuales recibieron 137 mil dólares para sus respectivas campañas. (Con las manos en alto de Germán Castro Caicedo, pág. 45.)
Es el momento de revivir y generalizar los acuerdos hechos con las comunidades para la erradicación manual, brindándoles no solo la protección debida para la actividad sino también otros mecanismos de subsistencia y, sobre todo, la presencia del Estado en esas zonas alejadas de cualquier posibilidad de desarrollo.
En cuanto a los parques nacionales, imposible pensar en la fumigación aérea, pues además del comprobado fracaso, llevaría a una mayor desforestación de estas fuentes de oxígeno y agua, ya que los delincuentes talarían más bosques y llegaría el momento en que los parques nacionales serían solo una fuente de producción de alucinógenos. Y esto unido a los efectos de la fumigación, nos dejarían en lugar de parques nacionales, desiertos nacionales sin recursos hídricos y sin oxígeno.