El accidente de West Caribean: mucho más que un siniestro aéreo

Un accidente aéreo generalmente obedece a la conjunción de varios factores. Muchas de esas fallas son previsibles y por esa razón se realizan varias revisiones a cada aeronave con diferente intensidad y exámenes periódicos y rigurosos a las tripulaciones.
El desastre ocurrido el martes en la madrugada muestra, hasta el momento, varios elementos que deben ser considerados: West Caribean es una empresa en problemas, tanto que actualmente está bajo supervisión financiera de la Superintendencia de Puertos.
Otro asunto es que su flota está inmovilizada por cuenta de algunas fallas que se detectaron en el mantenimiento y operatividad de los aparatos. La empresa tenía, hasta hace poco, 6 aviones funcionando: pero en marzo pasado, uno de sus aviones pequeños colisionó a los pocos segundos de haber despegado del aeropuerto de Providencia. De los cinco aviones restantes, cuatro estaban en los hangares y solo uno, el HK 4374, estaba cubriendo las rutas asignadas a la compañía.
¿Cómo es posible que una empresa de vuelos comerciales, con frecuencias e itinerarios claramente definidos por las autoridades, pueda funcionar con un solo avión? ¿Porqué ese avión siguió volando después de presentar numerosas fallas en los recorridos que hizo pocas horas antes del accidente?
Cuando Aces cerró operaciones, los accionistas fundadores decidieron conformar una nueva empresa que volvería a cubrir las rutas regionales que hicieron fuerte a Aces en su momento. Pero los obstáculos burocráticos han impedido que esa nueva aerolínea, que tendría la posibilidad de adquirir varios aviones, pueda entrar en funcionamiento. Entonces, resultan difíciles de entender las razones por las que una aerolínea, con un solo aparato, sigue funcionando, mientras que otra con grandes posibilidades no puede despegar.
Pero centrémonos en West Cariben Airlines. El capitán Ospina, quien comandaba el aparato siniestrado, llevaba varios meses sin recibir sueldo al igual que su tripulación. Además, algunos pilotos que trabajaron con la empresa han denunciado la reiterada violación a las normas internacionales de aeronáutica civil, como exceso de peso, recarga laboral para las tripulaciones y, sobre todo, deficientes procesos de mantenimiento. Se sabe que West Caribean extraía partes de sus aviones en tierra como repuestos para su único avión en el aire, como lo reconoció el propio director de la Aeronáutica civil, Fernando Sanclemente. Que alguien instale repuestos usados en su vehículo resulta peligroso y poco rentable: pero en un avión el asunto pasa por la seguridad de centenares de personas que abordan el aparato con la tranquilidad de utilizar una aeronave en perfectas condiciones, con refacciones nuevas y con una tripulación al 100% de sus condiciones y capacidades.
Al margen de los resultados que arrojen las investigaciones de la FAA, lo cierto es que este accidente dejó al descubierto la manipulación de los protocolos de seguridad aérea en Colombia. También demuestra la bondad del decreto que intenta impedir que los candidatos a un puesto sean discriminados por su edad, pues el copiloto era un joven de 21 años de edad con solo mil horas de vuelo, esto es, solo 175 días de experiencia de acuerdo con los horarios establecidos por el Reglamento de la Aeronáutica Civil: obviamente le salió más barato su contrato a la empresa en problemas, pero alguien con mayor experiencia y trayectoria hubiese podido evitar este accidente al negarse a volar un avión que venía fallando y que tenía, tan solo el día del siniestro, 19 horas de vuelo. Pero claro, la inexperiencia y la necesidad de hacer carrera, con un salario bajo que igual no le venían pagando, pudieron influir en decisiones equivocadas y en la capacidad de respuesta en un momento crítico como una emergencia en el aire.
La investigación entregará las causas del accidente: falla de ambas turbinas por combustible contaminado (que fue suministrado en el aeropuerto panameño); explosión de uno de los motores y mala gestión de la tripulación para enfrentar y sortear la emergencia. Pero aquí estamos hablando de vidas, de 160 familias que perdieron (por negligencia, mala gestión administrativa, pésimos controles estatales y decisiones absurdas) a uno o varios de sus seres queridos. Por lo pronto, lo único que apacigua el mal sabor es la posición del director de la Aeronáutica Civil, Fernando Sanclemente, quien afirmó que “el asumía toda la responsabilidad por las fallas que se pudieron presentar y que desembocaron en el accidente del avión”.

La campaña internacional contra Colombia

Bajo el título, Colombia: nuestra otra guerra, el comentarista del Boston Globe Thomas Oliphant tomó el turno para el bombardeo periódico e insistente que hace algún sector de la prensa norteamericana contra Colombia, promovido por la estructura desinformativa e interesada de los negociantes de la guerra.
La joya de la corona en este artículo es la defensa a las comunidades de paz. Oliphant afirma que son “impulsadas solamente por el hartazgo local con respecto a los diversos combatientes, éstas prohíben todas las armas en sus fronteras y se las ingenian para tener una precaria existencia con la ayuda de organizaciones no gubernamentales”.
A los desinformantes de Oliphant les faltó añadir las explicaciones sobre la presencia armada de alias Macho rusio en el casco urbano de San José de Apartadó, quien se enfrentó al Ejército y utilizó a su hija como escudo humano en febrero de este año: El jefe de las milicias de las Farc en la zona, estaba armado en un sector que, según el columnista, prohibe todas las armas en su frontera. También olvidaron contarle que hace pocas semanas, desde las casas del casco urbano de San José de Apartadó, la estación de policía fue atacada durante varias horas: entonces, si la comunidad prohibe el armamento, ¿de dónde salieron la munición y los fusiles para atacar a las fuerzas del Estado?
Sigamos de cacería: el artículo señala que “los frutos de la política estadounidense a través de dos gobiernos en los últimos cinco años han sido muerte, drogas y opresión”. De manera conveniente, saca de esas cuentas el tiempo de la Zona de distensión que el gobierno Pastrana les entregó a las Farc, periodo en el cual los colombianos si vivimos la muerte, las drogas y la opresión al punto de estar secuestrados, cortesía de los narcoterroristas, en nuestras propias ciudades. Simples detalles de profundización.
De otro lado, para Oliphant, las áreas que fueron recuperadas por el Estado y que pertenecieron por décadas a la guerrilla, son simples aldeas que acaban de ser “pacificadas” (las comillas son del articulista): desconoce, de plano, varias zonas del país en que esa pacificación ha representado el regreso de miles de campesinos a sus tierras, como Yacopí y La Palma en Cundinamarca; como Cocuy en Boyacá y como San Carlos y San Luis en Antioquia, entre otros: allí los campesinos están cultivando la tierra, trabajando en sus parcelas y recuperando el terreno que les fue arrebatado a la fuerza por el narcoterrorismo.
Posteriormente, el mismo artículo presenta, posiblemente de manera ingenua, las fuentes que le suministraron la desinformación de la que se ufana el columnista: “los guías son curtidos defensores de los derechos humanos, provenientes de dependencias no gubernamentales”: sin giros semánticos: El conflicto colombiano es un buen negocio para las ONGs que sueñan, añoran y luchan porque Colombia sea el caos asesino en donde reina la carnicería; como tal escenario es de menor intensidad al que ellos presentan, recurren a la manipulación mediática para sobredimensionar los problemas y así obtener la vitrina que les permita recibir unos cuantos dólares.
Pero siguen las falacias: Oliphant indica que las versiones oficiales tienen “métrica”, porque según él y sus convenientes desinformantes, “los secuestros han bajado en 52 por ciento. El cultivo de amapola fue reducido en 52 por ciento, en tanto que la producción de coca en sí ha bajado en un tercio en los últimos tres años”. Ciertamente buscar las cifras le habría exigido un mayor esfuerzo, pero se hubiera encontrado con que la tal métrica solo funciona en las mentes febriles de sus fuentes: Las cifras oficiales indican que el secuestro se redujo en un 62%, lo que de plano rompe con el planteamiento de Oliphant. Las otras cifras tampoco salen bien libradas: por ejemplo, los cultivos de amapola, de acuerdo a las observaciones de la ONU, se redujeron en un 52%. Le faltó explicar que ese porcentaje se basa en las observaciones satelitales en las cuales se apoyan las estrategias de erradicación, lo que no significa que el cultivo no se traslade a otras regiones del país.
Lo cierto es que la campaña de desprestigio que quieren mantener algunos en Estados Unidos solo ofrece una visión del conflicto que los escuderos de la campaña no se toman la molestia de investigar y contrastar.
NOTA DE LA DIRECCIÓN: Si quiere pronunciarse sobre esta columna, la dirección del correo electrónico es : oliphant@globe.com

¡Que decepción!

El ofrecimiento de la embajada de Colombia en Canadá a Roberto Posada García-Peña evidencia el manejo clientelista que le da el gobierno Uribe al tema diplomático.
No era justificable en su momento el nombramiento de Horacio Serpa como embajador ante la OEA. Fue inexplicable la elección de Claudia Rodríguez de Castellanos en la misión en Brasil, por sus inexistentes conocimientos en la materia. Puede tener algunos visos estratégicos el envío de Andrés Pastrana a la representación de Colombia en Estados Unidos. Pero la oferta al posible embajador D’artagnan es incomprensible: el escudero mediático de Samper, en cuyas columnas defendió lo indefendible; el buena vida que ha cocinado sus relaciones con sus conocimientos culinarios, no presenta mayores créditos para asumir esa responsabilidad y si genera muchas dudas y controversia, porque el síndrome del elefante ronda también al mosquetero samperista.

A esto se suma la permanencia de Salvador Arana en la embajada de Chile, cuando en Colombia está siendo investigado por su presunta participación, cuando se desempeñaba como gobernador de Sucre, en el asesinato del alcalde de El Roble, Eduardo Díaz.
Pero estos casos solo confirman un hecho: el desprecio que siente el Presidente por las misiones en el exterior y, en especial, por la carrera diplomática colombiana. Desde el comienzo del periodo el asunto ha estado en la mira de Uribe: la eliminación de un número importante de embajadas, entre ellas varias en Europa, fue una de las primeras acciones de Álvaro Uribe Vélez como Presidente. En ese tiempo los argumentos para oponerse a la medida demostraron que el ahorro que pretendía el gobierno era insignificante frente a las pérdidas por el abandono de sus ciudadanos en el exterior y de algunos temas comerciales vitales para un país que intenta incorporarse y competir en el marco de la globalización.
Recientemente la crisis de los generales, que terminó con el llamado a calificar servicios de cuatro de los oficiales más antiguos del Ejército, fue motivada entre otros factores, por la decisión del gobierno de eliminar varias agregadurías militares.
Son situaciones que aisladas no muestran mayor cosa; pero unidas ratifican un desprecio considerable por un sector gubernamental de enorme sensibilidad como es la representación de Colombia en el exterior.
No son gratuitas las difíciles relaciones que tiene el gobierno con importantes sectores internacionales: al asunto de la Unión Europea y el manejo de las Organizaciones No Gubernamentales se unen los conflictos recurrentes con el incendiario Chávez en Venezuela y ahora con el gobierno ecuatoriano.
Todo esto ocurre ante la impotencia de la canciller Carolina Barco, quien ha tenido que lidiar con las salidas en falso ante los micrófonos de altos funcionarios del gobierno, incluido el Vicepresidente, y además con el tratamiento de segunda que recibe el sector diplomático.
Es grave el manejo que le da el gobierno Uribe a sus representaciones en el exterior, pues uno de los aspectos más complejos que posee un Estado es el de la diplomacia y sus relaciones con otras naciones: la carrera diplomática no es un invento, ni una moda, sino que responde a una compleja estructura que integra formación y experiencia para asumir semejante responsabilidad. Estados Unidos, por ejemplo, maneja una férrea carrera y los embajadores, aunque por razones obvias representan al gobierno de turno, son elegidos después de años de experiencia en consulados, secretarías y otros cargos de menor jerarquía en las representaciones estadounidenses en el exterior.

Es imperiosa la necesidad de un viraje en el manejo del actual gobierno a la carrera diplomática; se hace urgente además, una seria revisión de la importancia y prioridad que se le da a la representación de Colombia en el exterior por parte del Presidente y de sus asesores, pues la mediocridad, la falta de calidades, la inexperiencia y la ignorancia pueden ocasionar un grave desgaste en la imagen del país y en la capacidad de maniobra que tiene el Estado en el concierto internacional.