Muchos políticos y pocos expertos en la diplomacia colombiana

(Ante las reiteradas solicitudes de nuestros lectores, publicaremos esta columna, aparecida originalmente el 11 de marzo de 2005, por un tiempo más)

Siento enorme preocupación por lo que pueda ocurrir con las relaciones diplomáticas de Colombia con Brasil, teniendo de embajadora a la pastora de la Misión Carismática Internacional Claudia Rodríguez de Castellanos. Brasil es un país clave para nuestras relaciones internacionales: compartimos frontera con el país más grande de Sudamérica, tenemos en común una parte del Amazonas, poseemos grandes dificultades de seguridad fronteriza y además, de nuestro lado, hay madera y oro que despiertan la codicia de algunos comerciantes brasileños. No se si estos temas puedan ser manejados eficazmente por una pastora que puede ser excelente en sus sermones (no lo se) pero cuyos conocimientos y habilidades para enfrentar situaciones tan complejas desconocemos. Lo peor sería que siga la línea de sus predecesores, es decir, pasar de agache y no enfrentar los temas, por no tener la destreza para crear y desarrollar una estrategia diplomática que sea eficaz y benéfica para ambas naciones.El nombramiento de la señora Rodríguez, ex senadora del Partido Nacional Cristiano, ex candidata a la Alcaldía de Bogotá y esposa del también pastor César Castellanos Domínguez, es una muestra más de los nombramientos políticos, pues la Misión Carismática Internacional con su partido, apoyaron en las últimas elecciones al presidente Uribe. De hecho, cuando la Misión Carismática Internacional cumplió 20 años, el invitado de honor al evento del Campín fue el presidente Uribe. Además, nos preguntamos si la señora Claudia Rodríguez de Castellanos está inscrita en la Carrera Diplomática o si había trabajado en un cargo de relaciones internacionales.Así mismo es bueno recordar que el Partido Nacional Cristiano (PNC) tiene un Representante a la Cámara por Bogotá, Luis Salas, de quien no sabemos si respaldó la reelección presidencial. Pero la historia política de la señora Castellanos data de 1991, cuando fue elegida Senadora de la República por el PNC. Al año siguiente esta senadora fue determinante en la elección del senador José Blackburn como Presidente del Senado. En ese entonces Blackburn necesitaba unos votos más para obtener la dignidad. Fue entonces cuando algunos senadores se declararon liberales naturales y dieron su voto a favor del senador. El voto decisivo fue el de Claudia Rodríguez de Castellanos quien pasó de liderar un movimiento independiente como el PNC a ser representante de un movimiento liberal natural.También es bueno recordar el apoyo que le dio el PNC a Ernesto Samper para llegar a la Presidencia de la República. Posteriormente lo hizo con Horacio Serpa cuando éste fue derrotado por Andrés Pastrana. Hasta ahí respondió como Liberal. Pero llegó la campaña de Álvaro Uribe y el liberalismo pasó a segundo plano, lo mismo que las lealtades con Serpa y Samper. Ahora, como liberales naturales disidentes, los miembros del PNC obtienen un cargo como lo es la Embajada de Colombia en Brasil.La preocupación es latente: ¿tendrá las capacidades para responder al reto como Embajadora ante un país cuyas relaciones con el nuestro son vitales?

Los “valerosos” actos de las Farc

Para demostrar el publicitado y erróneo concepto del fin del repliegue de las Farc, los terroristas acometieron una serie de acciones que buscaron golpear a la opinión pública y desprestigiar la política de seguridad democrática.
En Semana Santa fueron secuestrados siete colombianos en el Cauca y Antioquia. Estos delitos, contra población indefensa, contra seres humanos que no están en pie de guerra para combatir a estos delincuentes; demuestran la cobardía y los verdaderos propósitos de un grupo que se sabe golpeado y que requiere con urgencia el despliegue de sus acciones mediante golpes de opinión.
En las carreteras, los intentos terroristas fueron controlados con éxito. Se sabe que por lo menos 5 millones de viajeros utilizaron todos los medios de transporte para ejercer su derecho de movilización y para disfrutar de un tiempo de vacaciones. Incluso sitios de turismo alterno, algunos con dificultades de infraestructura, estuvieron al límite de su capacidad. Con esto, Colombia dio el mayor golpe de opinión de los últimos años: no nos van a intimidar.
No salimos con pancartas a recorrer las calles. No gritamos ni lanzamos arengas contra los delincuentes. Solo empacamos las maletas, buscamos en que transportarnos y llegamos a nuestros destinos. Esta fue la más grande manifestación que haya vivido nuestro país en los últimos tiempos.
Contrario a lo que los delincuentes pensaban, en esta oportunidad viajaron más colombianos y SIN CARAVANAS. El gobierno nacional encontró que las caravanas organizadas en la última temporada no fueron utilizadas por el grueso de los viajeros, pues ya había pasado la época de los tanques acompañantes. Los viajeros colombianos perdieron el miedo de recorrer las carreteras y comenzó a posicionarse la idea de la seguridad en la mente de los nacionales. Con la primera etapa agotada, vino la segunda, la de blindar las carreteras para garantizar la seguridad, dejándonos en libertad de escoger la hora de salida y no supeditándonos a los horarios de las caravanas. Es decir, se acabó la dependencia de las caravanas y comenzó la protección visible del Estado en las carreteras.
Cinco millones de viajeros son una muestra del coraje de los colombianos y una comprobación de la sensible reducción del poder de las Farc para intimidarnos.
Todos somos conscientes que con esta actitud, Colombia retó de verdad a los terroristas. Sabemos, como ocurrió hace 15 años, que los retos al terrorismo pueden traernos problemas, pero es justamente esa actitud y el asumir los riesgos, el verdadero sentido de la democracia y la libertad que todos debemos defender.

La cultura que defienden los canales privados

De vez en cuando aparece un comercial de televisión en el que se pregunta, a grandes rasgos, ¿qué sería de Colombia sin la cultura? Un televidente desprevenido podría pensar que este país sería mucho peor de lo que es. Otro, más optimista, diría que hay que defender nuestro tesoro cultural para mantener lo que somos y crecer.
Voy a dar una pista de la cultura que se está defendiendo: el comercial es programado en los canales privados y lo patrocina la Unión colombiana de empresas publicitarias, Ucep.
Otra pista: el comercial comenzó a emitirse después del fuerte debate sobre el TLC que se dio entre la Comisión Nacional de Televisión y los presidentes de los canales privados.
Una última pista: La cultura que se está defendiendo no es la de los Wayúu, ni la de los Koguis, ni tampoco la de los indígenas que todavía poseen un resguardo en cercanías de Cota, Cundinamarca (y digo todavía porque el actual alcalde está haciendo todo lo posible por expropiar esas tierras).
Si señores. La cultura que se está defendiendo es la que nos trae la industria colombiana de la televisión. En el debate mencionado, Pablo Laserna, presidente de Caracol Televisión, aseguró que el TLC pone en peligro la producción colombiana y que los canales tendrían que programar en su parrilla un alto porcentaje de programas norteamericanos. También dejo entrever su preocupación por el empleo que genera la televisión y la difícil situación económica a la que se verían abocados los canales privados.
Hablemos de Caracol. La cultura que defiende y propaga su presidente es la de Pasión de gavilanes, por ejemplo, cuyos actores nunca pudieron encontrar el acento preciso y sus vestimentas no me generaron identidad alguna con algún sitio de nuestra geografía nacional: si me recordaron, en cambio, la ramplonería de las telenovelas mexicanas que se pagan desde Miami. Podría ser la cultura de La guerra de las rosas, con una emisión diaria de 45 minutos de planos cerrados (estrategia televisiva para no mostrar la pobreza visual ni de utilería) y si acaso, unas pocas tomas de las hermosas minifaldas que desfilaron por esa novela. Posiblemente la cultura colombiana se encuentra el Pedro el escamoso, un tipo que a punta de mentiras logra adueñarse de una empresa para después perderla porque la mujer, colombiana por supuesto, lo deja por un argentino. En estos ejemplos solo veo malos estereotipos de los colombianos, pero no cultura.
Miremos entonces a RCN. Jota Mario Valencia se parece cada día más a un conductor de concurso peruano que a un respetable comunicador. La tortura semanal a un colombiano en su programa Sábado espectacular es la muestra del mal gusto y el facilismo de su creador. ¿Qué tiene de cultural ver a un pobre tipo que tiene que comer hígado crudo molido con zanahoria para ganarse un televisor o una aspiradora? Bueno, las tardes de RCN deberían ser más culturales y mejores: El Chavo, con El Chavo, luego sigue El Chavo y, antes del noticiero, un delicioso bocado de El Chavo. Después del noticiero nada mejor que una partida de famosos harapientos para despertar el morbo cultural del público, en el que se muestra la decadencia social pero no la cultura colombiana. Posteriormente La viuda de la mafia nos presenta el mayor acercamiento a la cultura colombiana del que son capaces los productores de televisión colombianos: la narco cultura: con lujosas camionetas, exhibicionismo de decoraciones en cada locación y unos bárbaros con dinero.
Entonces, la cultura que se nos propone defender está resumida en los estereotipos que presentan nuestras novelas, en las hermosas piernas de nuestras actrices, en el egocentrismo de Jota Mario, en El Chavo del Ocho, en la decadencia por hambre de unos que dicen ser famosos o en la narco cultura.
No se puede disfrazar la realidad: nuestra televisión solo programa entretenimiento, algo de drama traído de los cabellos, un poquito de opinión a la media noche y nada más. Si esa es la cultura que tenemos que defender, me quedo con CSI, Monk, La Ley y el Orden (cualquiera de sus tres versiones), ER etc., todas ellas series universales que pueden generar procesos de identidad para divertirnos o cuestionarnos, pero que, al igual que las producciones colombianas, no generan, ni apoyan ni difunden la cultura nacional.

De la indecisión y otros demonios (2)

La defensa al ultranza de la Constitución del 91 debería revaluarse. En días pasados el ex presidente César Gaviria Trujillo, invitado al programa televisivo de D’artañan, dijo que el venía a defender la Constitución del 91. También habló de las bondades de ésta, como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Tutela.
Sin embargo, cuando el país es testigo de un nuevo choque de trenes entre las altas cortes, no queda menos que reflexionar sobre la conveniencia y practicidad de nuestra actual Carta Política: La Corte Suprema de Justicia denuncia al Consejo Superior de la Judicatura; la Corte Constitucional legisla, tutela por encima de la ley y muchas veces desautoriza a la Corte Suprema. Por la vía de la tutela se han cometido abusos y se han tomado decisiones en detrimento del país.
No nos llamemos a engaño: lo que se viene presentando es un desbordamiento de la autoridad judicial, un gobierno de jueces, generando a su vez un vacío institucional y legislativo. Todo gracias a la tan alabada y defendida Constitución del 91. Confieso mi ignorancia legal, máxime en áreas como el Derecho Constitucional, pero esa ignorancia me lleva a una pregunta: si, por ejemplo la reelección es una Reforma Constitucional, un cambio en la Carta Política, ¿ este cambio no lleva implícita la inconstitucionalidad de la reforma y de cualquier Acto Legislativo? ¿Si la reforma es analizada a la luz de la Constitución, no es obvio que choca contra la Carta Política porque simplemente la contradice? ¿si el cambio no entra en conflicto con otros artículos constitucionales, no queda automáticamente validado?
Tengo claro que la ignorancia es atrevida y me declaro atrevido frente al tema, porque mi capacidad mental y mis conocimientos no dan para responder estas preguntas, pero si me dejan la sensación de que la Corte Constitucional se está tomando atribuciones que no le corresponden. Y recordemos que esta Corte, que ha legislado y tomado decisiones económicas, políticas y administrativas como si fueran la cúpula de la estructura legislativa del país; fue creada por la Constitución del 91 que no le dejó claros los propósitos y alcances.
Además, la enorme carga burocrática que generó la Constitución del 91 seguirá siendo un lastre para las arcas del Estado. Que los organismos creados fueran necesarios sería materia de otro análisis, pero si en mi casa el presupuesto no alcanza para tener un celador armado, me tendré que conformar con un bolillo o si requiero una estufa eléctrica pero no tengo el dinero, la de carbón de leña me tendrá que servir para satisfacer mis necesidades. Este justamente, el tema de la conveniencia presupuestal, no fue analizado por los constituyentes ni es tocado por los defensores a ultranza de la Constitución como Peñalosa y Gaviria.
Otra “bondad” de la Constitución es la participación ciudadana. ¿Dónde está esa participación? ¿En el referendo planteado por Uribe al que le pusieron todos los palos posibles en la rueda? ¿En las iniciativas ciudadanas que han llegado al Congreso para su estudio? ¿Cuántas iniciativas de esta dimensión han cursado el trámite en el Congreso? Ninguna. Entonces, la tan mentada participación ciudadana es un espejismo y las fórmulas planteadas para ejercer los mecanismos de participación son inaplicables en la práctica.
Y no hablemos de la Acción de Tutela, utilizada por muchos para defender sus propios intereses por encima del bien común, se constituye en una acción desbordada, cuyo marco debió partir de la propia Constitución.

De la indecisión y otros demonios

En el libro de Mauricio Vargas “Tristes Tigres” (Editorial Planeta), el autor relata las constantes negativas del entonces presidente César Gaviria para darle vida al gavirismo y así lograr la continuidad de las políticas que el Presidente había establecido. Era, por decir lo menos, un acto de responsabilidad darle seguimiento y fortalecer temas como la apertura económica, la nueva Constitución y el vuelco a la justicia que se inició justamente en el periodo Gaviria.
Pero no, el ex presidente se negó rotundamente a darle vida al gavirismo e incluso despreció a Humberto de la Calle, quien se perfilaba como candidato a la Primera Magistratura y que representaba, para muchos, la continuidad de las políticas gubernamentales. En cambio apoyó con burocracia a Ernesto Samper.
Este mismo libro cuenta como Gaviria buscó afanosamente ser el Secretario General de la OEA para alejarse del país y de su problemática política y social. Gaviria no quería saber nada de la política colombiana y así se lo hizo saber a muchos de sus colaboradores.
Pero las cosas cambian. El distante Gaviria regresó al país ante la amenaza que significa para el agonizante partido Liberal, la presencia de Uribe como Presidente y como posible candidato a la reelección. Llegó a defender la Constitución después de 14 años de haberla abandonado a su suerte. Llegó a defender al partido Liberal de esos movimientos y pequeños partidos que amenazan la estabilidad democrática del país, cuando fue justamente el partido Liberal el que creó la famosa e ingrata operación avispa, con la que intentaron mantener su posición dominante en la política y en el poder, dejando de lado la ideología, la ética y la dignidad que ahora reclaman a gritos los que crearon y aplaudieron este sistema de conservación politiquera y clientelista.
Gaviria decepcionó como ex presidente que no asumió la responsabilidad de crear un movimiento estratégico para mantener y desarrollar las políticas implantadas durante su gobierno. También decepcionó como líder, ya que debió tener una visión menos arrogante de sus obras y no creerse sus propias palabras cuando le dijo a Humberto de la Calle que “el gobierno ya ha hecho lo que ha hecho, y esa obra se defenderá sola” (Tristes Tigres de Mauricio Vargas, pag 69).
Ahora sale de sus cuarteles de invierno con la supuesta intención de unificar un partido atomizado y con ideologías tan múltiples e irreconciliables como las que existían en la Yugoslavia de Tito: Gaviria quiere un centro democrático o como dice la canción de Alberto Cortés: “y si acaso dejara entrever una leve tendencia izquierdosa”. Piedad quiere irse al Polo (ese es su lugar natural); Serpa, el eterno candidato populista, quiere enarbolar las banderas del socialismo pero que no sea ni chicha ni limonada; Turbay quiere encender la direccional derecha y los Santos no tienen ni idea que van hacer, pues El Tiempo apremia y ya dos de sus familiares están con Uribe y su ideología de derecha.
Así las cosas, Gaviria no tiene un partido sino una colcha de retazos a la que solo podrá aspirar a ponerle un trapo rojo de fondo para intentar cohesionar esos retazos bajo una sola premisa: no importan la ideología, ni los principios, ni los fundamentos de Ezequiel Rojas: importan los cargos burocráticos, las curules y el poder.

Sin conflicto armado NO HAY terrorismo ni actos de barbarie

En el debate sobre el proyecto de Justicia y Paz, el representante Luis Fernando Velasco hizo un llamado de atención sobre el problema que se podría generar de seguir con el debate bizantino de si en Colombia hay o no conflicto armado o terrorismo. El llamado de atención del congresista tiene que ver con el Código Penal, concretamente con el Título II, pues dice que si no hay conflicto armado, hay delitos que desaparecerían.
La posición del gobierno podría dejar sin piso delitos como el señalado en los artículos 144 que habla de Actos de terrorismo o el 145 que estipula los Actos de barbarie. Estos artículos inician con las siguientes palabras: “el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado...”
Y hay muchos más: el artículo 135 del Código Penal habla del homicidio en persona protegida y textualmente indica: “el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los convenios internacionales sobre Derecho Humanitario, incurrirá en prisión de treinta a cuarenta años”.
Esto significa que, como según el gobierno no hay conflicto armado, los terroristas de las Farc que cometieron la masacre de San José de Apartadó, no podrían ser juzgados según el artículo 135 o el 144 del Código. Además, el artículo 136 que habla de lesiones en persona protegida, el 137 referido a la tortura en persona protegida, el 138 sobre acceso carnal violento en persona protegida y el 139 sobre actos sexuales violentos en persona protegida, quedarían sin ningún efecto porque todos comienzan igual: “el que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado”.
Lo evidente es que si no hay conflicto armado en Colombia, estos delitos quedan borrados de nuestro panorama judicial, haciendo más complejo el castigo a los terroristas y dejando sin protección legal a la población civil.
Para todos los efectos legales y prácticos, lo justo y reparador para nuestra sociedad es que si existe el conflicto armado y que el terrorismo cobarde al que nos quieren someter es una manifestación más de dicho conflicto.
Además, para alcanzar una paz duradera es fundamental la presencia de la justicia y de la verdad, máxime cuando llevamos 40 años de conflicto, cuando en los últimos 8 años han sido secuestrados más de 20.000 compatriotas (información de País Libre) y cuando el segundo renglón de número de secuestrados en el 2004 lo ocupan los menores de edad.
El gobierno debe alejarse de las discusiones casuísticas y concentrarse en las exigencias y los retos que plantea a diario la situación de Colombia.