Las amenazas a periodistas: la vida no vale nada

En Colombia, las amenazas contra periodistas son gajes del oficio. Se podría decir que el cuero se va endureciendo de tantas amenazas que se reciben, a tal punto, que se pierde el discernimiento para olfatear cuales son potenciales y cuales son actos de patanería y mal gusto.
La primera víctima que conocí fue don Guillermo Cano, quien ya había toreado suficientes amenazas y acciones reales para hacerle caso a una llamada o a un sufragio. Don Guillermo tuvo que lidiar con el bloqueo impuesto por el Grupo Grancolombiano después de las denuncias que hizo en su tiempo El Espectador sobre los autopréstamos. En ese momento, don Guillermo, y la familia Cano unida, enfrentaron los embates con singular valentía y a costa de su propio patrimonio.
Después de salir triunfante de semejante quijotada, creo que don Guillermo quedó demasiado curtido para darse cuenta que alguna de las amenazas era seria. Ese 17 de diciembre de 1986 don Guillermo salió tranquilo, en su camioneta Subaru vino tinto, tomó el volante e hizo el cruce en la avenida 68 para tomar el carril sur – norte. Ocho disparos acabaron con su vida.
Nadie podría entender como una persona con semejante cantidad de amenazas no toma ninguna precaución para proteger su vida. Salvo, claro está, que su cuero esté tan duro frente al tema, que cualquier aviso parezca solo una broma de alguien enojado. Igual ocurrió con Jorge Enrique Pulido, quien fue baleado al salir de los estudios del desaparecido Inravisión en la 24.
La malicia que debe caracterizar a los periodistas a veces se pierde en el desenfrenado y caótico acontecer nacional. Pero las amenazas que recibieron Daniel Coronell, Holman Morris y Carlos Lozano no pueden considerarse baladíes, máxime si se tiene en cuenta que se tomaron toda la molestia para advertirles sobre la “inconveniencia” de sus posiciones.
Seguir creyendo en un país que acalla con balas las voces incómodas es una utopía. Pero seguir trabajando por una sociedad que no se indigna por las amenazas y los asesinatos de los que opinan diferentes, es un despropósito.
El ejercicio de la libertad de prensa y el derecho de opinión no pueden convertirse en un delito cuyo juez condena, implacable, con la pena de muerte. Tampoco es válido que las voces disidentes pretendan ser silenciadas con un ramo mortuorio y una nota en la que se incluye a la familia en el trágico final.
Una sociedad no puede permitir que sus periodistas (oficialistas, opositores o independientes) sean obligados o presionados para no decir lo que piensan y para cambiar, a la brava, su óptica frente a la realidad nacional. Tampoco es respetable la indolencia de los medios de comunicación que, salvo una nota editorial en El Tiempo, pasaron indiferentes frente al tema.
De lo que se trata es de la defensa de los principios básicos de la democracia y no simplemente de la vida de tres ciudadanos. Y digo simplemente porque esa es la actitud que se está asumiendo, desde hace mucho tiempo, en nuestro país: la vida no vale nada.
A los que callan frente al tema les recuerdo:

La vida no vale nada

si ignoro que el asesino

cogió por otro camino

y prepara otra celada.

La vida no vale nada

si se sorprende a mi hermano

cuando supe de antemano

lo que se le preparaba.

La vida no vale nada

si cuatro caen por minuto

y al final por el abuso

se decide la jornada.
Pablo Milanés.

Las detenciones masivas no funcionan

Una vez más a la Fiscalía General le sale mal una captura masiva. Esta vez fue la detención de 20 indígenas paeces en el Cauca, acusados de tener vínculos con las Farc. Una semana después, los 20 detenidos recobraron la libertad por falta de pruebas.
Es preocupante que en Colombia esté haciendo carrera la captura sin pruebas y la judicialización por testimonios que no son confirmados: si en la prensa uno de los preceptos fundamentales es confirmar las afirmaciones de las fuentes con otras fuentes o documentos distintos (porque se está manejando la honra de personas o instituciones), con mayor razón deben hacerlo las autoridades judiciales que tienen en sus manos la libertad de los nacionales.
Está visto que el tema de las detenciones en masa no funciona, máxime si tenemos en cuenta la precariedad de la justicia colombiana. Además, estas detenciones solo sirven para desprestigiar al aparato judicial y la retractación, aunque es muy positiva, cuando se vuelve recurrente es un síntoma inequívoco de error de táctica o de estrategia.
Internacionalmente, la captura en masa es uno de los temas centrales de las preocupaciones que despierta el gobierno Uribe, pues no parece prudente ni ajustado el tomar la decisión de someter a la justicia a un grupo de personas ya que en el tema penal siempre ha predominado la individualización del delito. Peor aún cuando esos ciudadanos arrestados son liberados por falta de pruebas.
La liberación de los 20 indígenas coincide con la publicación del informe de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos que señala precisamente este problema: “Las fuerzas de seguridad procedieron a la detención masiva, y a menudo irregular, de centenares de civiles, en especial campesinos, defensores de los derechos humanos, dirigentes comunitarios y sindicalistas”.
“Muchas de estas detenciones se llevaron a cabo exclusivamente en función de informaciones facilitadas por informantes a sueldo, práctica luego cuestionada por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH”.(El Tiempo.com mayo 25)
Lo más grave es que el Estado ofrece con estas acciones una oportunidad de oro para aquellos que cuestionan al gobierno y lo señalan como violador de los derechos humanos, pues además estos informes enlazan temas aislados, y que no tienen relación aparente, y los incluyen en un mismo paquete. Sobre el caso de las detenciones masivas el informe de Amnistía Internacional “sostiene que, con posterioridad, se amenazó o dio muerte a muchas de las personas que se detuvieron irregularmente pero que luego fueron liberadas por falta de pruebas”.
La facilidad que tienen la mayoría de ONG para hacer conexiones entre dos situaciones diferentes es sorprendente y es una práctica común en su discurso, pues uniendo detenciones con ejecuciones consiguen más figuración mediática y por ende, más recursos y adeptos. En este sentido, la mayoría de ONG buscan el sensacionalismo y el amarillismo en sus informes, pues captan la atención del público y de los donantes que ven, a quienes proclaman esos discursos, a verdaderos adalides de las libertades.
Pero también sorprende la ingenuidad de la Fiscalía y del gobierno nacional de seguir tozudamente aplicando esta táctica equivocada que simplemente les proporciona a sus enemigos, todo el material para su propio desprestigio.Se requiere entonces, maximizar el esfuerzo para que cada detención sea efectiva y para que la judicialización individual prospere, pues nadie está exigiendo (tampoco mejora la imagen ni la percepción) que se detenga a todo un pueblo para que unos días después quede en libertad, dejando de paso, un amargo sabor de injusticia: es mejor pájaro en mano que cien volando.

El Polo hizo corto circuito

Ya no se puede ocultar. La división del Polo Democrático Independiente es más evidente que nunca. En las últimas horas, Antonio Navarro, Gustavo Petro y Germán Navas (a nombre del PDI) decidieron apoyar el proyecto de garantías para la oposición en una contienda electoral que involucre la reelección.
De inmediato “el senador Carlos Gaviria, de Alternativa Democrática, visiblemente contrariado por la decisión de sus amigos, dejó una constancia para advertir que se opone a la aprobación de este proyecto” (El Tiempo, mayo 24 ).
A las pocas horas salió el actual presidente del PDI Samuel Moreno Rojas, en la W Radio, a desautorizar la decisión de Navarro y Petro y afirmó que ellos hablaron a nombre propio y no en representación del partido.
Este es el último capítulo de una larga lista de divisiones al interior de la agrupación política. Hace unas semanas, Antonio Navarro aseguró que sería muy grave que la Corte Constitucional frenara la reelección, porque convertiría a Uribe en un mártir que, de paso, señalaría con un dedo al futuro Presidente de la República. La afirmación de Navarro resulta curiosa, porque siendo uno de los máximos líderes del Polo Democrático Independiente, prácticamente desautoriza las acciones de sus camaradas (por una inconveniente falta de visión política) quienes en gavilla con los liberales oficialistas, pusieron el mayor número de demandas contra la reelección en la Corte Constitucional.
Pero ahí no termina todo. Las declaraciones de Ernesto Samper a El Tiempo del 17 de abril, fueron reveladoras en cuanto al Polo: lo dividió entre buenos y malos, entre los que siguen la corriente de Lucho Garzón y los que tienen el criterio de Navarro y de Petro. Como sería de negativa la alusión negativa que Petro salió a desmentir la división del Polo Democrático y a enfatizar que Samper no podrá partir al “cohesionado” partido de izquierda.
Lo cierto de estas divisiones es que el mayor beneficiario será el partido, muy partido liberal oficialista, que pese a ser una colcha de retazos de ideologías y ambiciones, resurgirá como una opción de oposición en Colombia, motivada por el clientelismo, la politiquería y la carencia de burocracia.
Podrán lanzar cortinas de humo. Intentarán tapar el cielo con las manos, pero las evidencias de una profunda división al interior del PDI son abrumadoras. En Bogotá la bancada del Polo en el Concejo ha saboteado la pobre gestión del Alcalde. Además se han constituido en la más férrea oposición del mandatario capitalino, porque no les gusta el estilo de gobierno y el manejo de sus relaciones con el legislativo bogotano: mejor dicho, Lucho repartió mal las cuotas burocráticas y eso tiene ofendidos a los concejales polistas. Eso podría ser síntoma de independencia, pero lo cierto es que en política partidista, los “trapos sucios se lavan en casa” y el PDI exhibe sin pudor los paños menores de sus vergüenzas.Es evidente que el PDI heredó los mismos vicios de los partidos de izquierda colombianos: nadie los puede poner de acuerdo, porque las vanidades personales de sus dirigentes están por encima de las decisiones de una colectividad y porque muestran el hambre de poder, de burocracia y de clientelismo que tanto critican pero que ansían con toda desesperación.

¡Que miedo! Uribe quiere volver delincuentes comunes a las Farc

Hay tres columnistas colombianos cuyos comentarios son monotemáticas: María Jimena Duzán, Ramiro Bejarano y Alfredo Molano. Semanalmente, estos tres mosqueteros de la oposición, exponen sus mejores armas para convencer a los colombianos de la inconveniencia de Uribe en el poder.
Aunque el asunto de fondo siempre es el mismo, todo lo de Uribe es irremediablemente malo, los temas para lanzar sus ataques generalmente difieren. Pero eso no ocurrió este fin de semana. Por el contrario: los tres coincidieron de manera unánime sobre el tema de combate: el delito político.
Maria Jimena Duzán afirmó que “para ser un uribista integral se requiere ser débil mental: no sólo hay que negar la existencia de un conflicto armado, sino también pedir la abolición del delito político”. (El Tiempo, mayo 23)
La de Alfredo Molano es histórica, por decir lo menos. En El Espectador, el columnista hace un breve recorrido por la historia del delito político afirmando que esta figura jurídica nació para proteger a las élites que comandaban las masas en conflicto, pues los mandos de estas guerras eran los hacendados, los comerciantes y los usureros. “El partido que ganaba la contienda redactaba una nueva constitución y todos los jefes eran amnistiados. El delito político era pues una especie de cláusula de garantía para las élites guerreantes”.
Más adelante añade: “tal como van las cosas, los guerrilleros serán considerados a partir de ese instante delincuentes comunes y no los cobijaría el proyecto que el Congreso está a punto de convertir en ley. La intención de abolir el delito político podría servir de mascarón de proa de una nueva mutilación de las libertades públicas”. Las libertades públicas a las que se refiere Molano, son explicadas por Ramiro Bejarano: “Mientras subsistan las condiciones sociales y políticas donde germinan la rebelión, la asonada y la sedición, subsistirá también la necesidad de seguir tratando a los delincuentes políticos de manera diferente que a los asesinos, ladrones y secuestradores.”
De igual forma, no se entiende como Molano asegura que el delito político protege a las élites guerreras, pero se aterra que le quieran retirar ese “privilegio” a los luchadores sociales de las Farc. ¿Entonces el país tiene que defender los privilegios que les da la ley a los terroristas?
El mensaje del gobierno es claro: si alguien quiere negociar, este es el momento. Le quedan dos años para hacerlo. Después, irán a las cárceles o a los cementerios como simples delincuentes comunes, fortalecidos por el dinero del narcotráfico. Y ojo, porque esto se aplica a todos los actores del conflicto. Las Autodefensas tendrán que ajuiciarse en Ralito, tendrán que cumplir con los acuerdos, deberán cumplir con el cese de hostilidades y contribuir con el desmonte de aparato paramilitar que existe en Colombia.
Con la posición de Duzán, Molano y Bejarano, queda claro que padecen, ellos si, alguna debilidad mental, pues han olvidado, en su defensa a favor de las Farc, algunos detalles de trascendencia mundial: 119 muertos en Bojayá, Chocó, el 2 de mayo de 2002. No recuerdan los 33 muertos en el atentado contra el club El Nogal el 7 de febrero de 2003. También olvidaron el atentado con granadas en la Zona Rosa de Bogotá en noviembre del mismo año. No recuerdan, porque no lo han vivido, los días sin servicio eléctrico que padecen constantemente los habitantes de Arauca, gracias a la voladura de torres de energía. La memoria reciente de estos comentaristas tampoco tiene registrado el atentado contra la válvula de Chingaza, que de haber tenido éxito, hubiese borrado del mapa varias poblaciones de Cundinamarca y del Meta y una buena parte de Villavicencio. ¿Estas son acciones políticas? ¿Estas acciones son producto de las libertades públicas?
Lo que están desconociendo estos comentaristas es que esta medida podría presionar a las Farc a realizar un viraje político. Una cosa es ser delincuentes políticos y considerar sus acciones como sujetas a una negociación para el perdón y otra, muy distinta y grave, es que sus actos terroristas sean contemplados solo a la luz del Código Penal.

Chávez quiere ser un clon de Fidel Castro

El Clon del totalitarismo. Así tituló la revista brasileña Veja un reciente análisis sobre el régimen venezolano que fue escrito por el periodista Diogo Schelp. El artículo comienza diciendo que “Hugo Chávez tiene más de seis años en el poder y amenaza la estabilidad de América Latina con financiamiento y apoyo a grupos radicales de países vecinos, la formación de una milicia civil, el uso del petróleo para chantajear las repúblicas de América Central, la compra de armas y la alianza con la dictadura cubana de Fidel Castro, de quien se está convirtiendo en un clon contrahecho y extemporáneo”.
"Chávez adoptó un gobierno centralizador, cambió las leyes para controlar mejor la oposición y aumentó el tamaño del Estado. Resultado: la población es más pobre, los inversionistas extranjeros se marchan y la deuda pública aumentó”, dice el periodistas en uno de los apartes del artículo. En Venezuela, la pobreza se incrementó del 46% al 52% durante el gobierno Chávez. Ni hablar de la miseria que hace 6 años se ubicaba en un 16% y hoy se encuentra por encima del 25%.
En otro punto, Schelp hace un recorrido por Sudamérica e indica que “presidentes de izquierda están en el poder en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. El próximo año, las elecciones podrían incluir en la lista a Perú y México. Es un grupo heterogéneo en cuanto a métodos y personalidades, pero ninguno de los mandatarios que lo conforman representa peligro para sus pueblos y sus vecinos".
“Curiosamente, dice Schelp, el único presidente de los países americanos que es una bomba de efecto retardado, el coronel de paracaidistas Hugo Chávez de Venezuela, no puede ser clasificado como izquierdista. No tiene formación socialista ni marxista, ni teórica ni práctica. Vino del medio militar y se convirtió en un líder populista autoritario y fanfarrón”, señala el artículo de Veja.
El totalitarismo de Chávez y el control por parte del Estado de la vida de sus ciudadanos se evidencia con la llamada Lista Tascón. Durante la crisis por el referendo revocatorio del año anterior, el oficialismo del régimen exigió la entrega de la lista de aquellos que firmaron la solicitud de la oposición de convocar el referendo. La justificación fue la necesidad de detectar las firmas falsas que supuestamente se encontraban en la lista.
Lo cierto es que, un año después, los firmantes que trabajaban en empresas del Estado han sido despedidos de sus puestos: 500 mil venezolanos perdieron su trabajo por no estar de acuerdo con las políticas de Chávez. Lo peor, como lo señala el diario El Universal de Caracas (mayo 19), es que la lista sigue en manos del oficialismo, generándose una persecución contra aquellos que “cometieron la imprudencia” de cuestionar al dictador venezolano.
Mientras en Colombia estamos concentrados en atender los acontecimientos que nos trae el día a día, Venezuela está asumiendo posiciones cada vez más beligerantes, llevando a la región a la inestabilidad: se sabe del financiamiento que recibió Lucio Gutiérrez para importar la revolución venezolana a su país. Lo mismo ha ocurrido en Bolivia, pues Evo Morales ha sido beneficiado con los petrodólares venezolanos, buscando la nacionalización de los recursos naturales e incrementando los impuestos y las regalías a un nivel que seguramente no tolerarán las finanzas de las empresas petroleras.

El resultado será, en muy corto tiempo, una nueva crisis boliviana que podrá tener recursos minerales y petroleros, pero con unos costos tan altos, que dejará de ser rentable para los inversionistas internacionales. Total: Evo Morales y sus seguidores se quedarán con todos los recursos bajo tierra, salvo que Chávez tenga pensado extraer ese petróleo, a través de Pdvsa, para fortalecer su posición caudillista y enquistar su revolución en todo el centro del continente. De paso, Chávez incrementará sus ingresos para exportar su particular revolución, adquirir más armas y aumentar las "donaciones" al tirano cubano.

A esto habría que sumarle la "inexplicable" liberación del funcionario de la Unión Europea Carlos Ayala en Venezuela. Recordemos que Ayala fue secuestrado por las Farc en Colombia el 15 de abril de este año. ¿Lo secuestraron en Colombia y fue liberado en Venezuela? ¿Confirma esto que el vecino país se está convirtiendo también en santuario para mantener secuestrados?

Chávez tiene mucho que explicar y mucho que esconder detrás de sus bravuconadas y sus amenazas de bombas nucleares y ruptura de relaciones diplomáticas.