Uno de los caminos más difíciles de abrir es el del amor por la lectura. Para los padres de familia resulta compleja la iniciación de los niños en esa área. Primero están los traumas ocasionados por la aburrida lectura de los libros escolares (hay que ser realistas, los libros que leímos obligatoriamente en el colegio eran un buen somnífero pero nunca un estimulante para continuar leyendo). Segundo, porque los libros que nos gustan como adultos, difícilmente pueden cautivar a un niño. Tercero, porque en nuestras bibliotecas hay libros para todos los gustos, pero no para los menores.Las declaraciones para El Tiempo (mayo 12) de Claudia Rodríguez, estudiosa del tema y funcionaria de Fundación para el Fomento de la Lectura (Fundalectura), demuestran las carencias y los pocos fundamentos que tenemos los colombianos para leer. Dice ella que “en esto hay que abrir la perspectiva, pues se cree que la gente con la lectura se salva y que las sociedades se transforman si todos los individuos son lectores. Es una aspiración de orden cultural pero no todo el mundo lo puede ser, no todos tienen por qué ser lectores literarios o llegar a ser grandes pensadores o leer para ser mejor”.Es peligroso desconocer que la educación se fundamenta en la lectura y es justamente la educación la que puede transformar una sociedad. Nadie aspira a tener toda una nación de grandes pensadores, pero si es evidente que la lectura hace mejores seres humanos. Por lo menos la lectura genera pensamiento, intentos de interpretación y cuestionamientos, todos procesos válidos para el conocimiento. Mi maestro Andrés Hurtado decía: “a mayor cultura, mayor sensibilidad” y no podemos desconocer que la falta de sensibilidad es una de las peores carencias de los colombianos.En lo que si coincido con la señora Rodríguez es en la inconveniencia de excluir algunas áreas de lectura, pues en su momento y frente a cada individuo, dichas lecturas inciden en el desarrollo intelectual de la persona. Pero descalificar la lectura como elemento fundamental en la construcción de una nación, es desinformar a los colombianos y patrocinar la mediocridad intelectual. Lo que más extraña es que esas declaraciones provengan de una funcionaria que labora en una entidad que fomenta la lectura.El reto es todo lo contrario: promover la lectura desde la tierna infancia, pero buscando los libros y textos que estimulen al niño, que exciten su sed de conocimiento, que le generen la ambición de devorar un libro. Y esa tarea es de los padres y de los maestros.Mi hija de 6 años es una lectora en formación. Desde mi ignorante perspectiva el primer libro que podía leer, sin ningún problema, era El Principito de Saint-Exupery. Cuando terminó de leerlo lo destrozó con sus críticas y anunció que nunca más volvería a retomar ese libro. Después quise orientarla por el Caballero de la Armadura Oxidada y al terminar de leerlo, mi pequeña se molestó muchísimo con la inclusión de dragones, porque esos animales no existen. Ya vencido recurrí al colegio y comenzaron a enviarme libros escritos para niños como Hip, el hipopótamo vagabundo y otros cuyo nombre he olvidado. Esos libros los leyó con atención, comenzó a lanzar preguntas sobre el tema y aprendió. Ahora ya emprendió la lectura de libros de Richard Bach y le han gustado bastante. De alguna manera esos libros pueden ser considerados de superación personal, (área literaria que detestan los buenos lectores) pero lo cierto es que primordialmente los padres necesitamos generar el gusto por la lectura y luego orientar la selección exigente de los textos que vayan a leer.Gran parte de los problemas sociales de algunas naciones tienen que ver justamente con el bajo número de lectores: no es gratuita la proporcionalidad que indica que a mayor número de lectores, mayor desarrollo social y económico. Hay que incentivar la lectura, hay que cuidar el tipo de lectura que hacen nuestros niños y adolescentes, porque sabemos que algunos libros envenenan el alma y otros requieren de sólidas bases académicas para enfrentarlos; pero por sobre todo hay que promover masivamente el hábito de leer, como una de las pocas alternativas que tenemos los colombianos para salir del letargo cultural, social, intelectual y político en el que estamos sumergidos.
viernes, mayo 13, 2005
jueves, mayo 12, 2005
El delito de ser propietario de un carro
Parece que la persecución contra los propietarios de vehículos en Colombia está haciendo carrera. En varias ciudades del país tenemos pico y placa para, entre otros propósitos, disminuir la polución, cosa que no es cierta si se tiene en cuenta que, por ejemplo en Bogotá, los estudios más recientes demuestran que el 70% de las partículas contaminantes son emitidas por el transporte público.
A esto se suman las calles destruidas que son otra forma de impuesto, pues al pagar por las continuas reparaciones de los carros dañados en los huecos, cubrimos con nuestro dinero la ineptitud e irresponsabilidad de las administraciones locales. Agreguemos el incremento mensual de la gasolina, que en el último año superó el 15%.
Ahora viene el tema del pase, el que tendremos que refrendar TODOS los colombianos con una inversión aproximada de 1.2 billones de pesos. Pero sigamos sumando. En el código de Tránsito se ordenó la revisión técnico-mecánica de los vehículos particulares. Entonces, usted podrá tener su carrito en perfecto estado, “como una uva”, pero tendrá que pagar en los talleres cercanos a los centros de revisión para que le muevan un tornillo al distribuidor y milagrosamente pase el examen, pues si lo lleva a su mecánico de confianza, seguramente será devuelto de nuevo, perdiendo tiempo, dinero y paciencia. Porque la corrupción tendrá en esta nueva obligación un campo fértil para cometer sus fechorías.
A todo lo anterior se une, sin contemplación ni justificación real, el día sin carro, que genera enormes pérdidas en una ciudad que requiere ante todo producir al máximo para agilizar la dinámica económica y contribuir al desarrollo del país. No se entiende cómo, en un país que calca los modelos extranjeros, no se han tomado la molestia de mirar el modelo de día sin carro en ciudades europeas, cuyo acatamiento no es obligatorio.
Lo cierto es que hay una persecución sistemática a los propietarios de vehículos particulares, pero no a todos, sino a los de la clase media que no posemos carros blindados, ni escoltas, ni permisos especiales para hacer lo que nos de la gana en la ciudad. A punta de certificados, impuestos, seguros, alzas en los precios de los combustibles y trámites, se hace evidente que hay una política de Estado para presionar a esta clase media a vender el carro y utilizar el “organizado” y “eficiente” transporte urbano. Se sabe también que hay un proyecto en marcha para convertir en chatarra los vehículos particulares con más de 20 años de antigüedad. Esto significa que los que tenemos carritos viejos, de 10 años por ejemplo, estaremos condenados en un futuro relativamente cercano a ver nuestros vehículos convertidos en una mole de metal, pues muchos no tenemos la posibilidad de adquirir un carro de modelo muy reciente. Cada día la clase media es más presionada a bajar su calidad de vida y a reducirse a la pauperización hasta desaparecer.
Entonces haga cuentas de los impuestos, las reparaciones, el nuevo pase y la revisión técnico mecánica y decida si atiende las obligaciones de su carro o compra el mercado, paga el colegio de sus hijos o atiende las obligaciones de servicios públicos; cuando sume y reste, llegará a la conclusión de que los buses de Transmilenio no están tan llenos como pensaba, que sus zapatos requieren una caminadas más para que se vuelvan más cómodos y que sus piernas se benefician enormemente con las caminatas que hará, porque lo cierto es que la limitación mental de algunos políticos y funcionarios colombianos hace que vean a los propietarios de vehículos como los más ricos y pudientes seres humanos a los que hay que perseguir hasta asfixiarlos en gastos y trámites corruptos.
A esto se suman las calles destruidas que son otra forma de impuesto, pues al pagar por las continuas reparaciones de los carros dañados en los huecos, cubrimos con nuestro dinero la ineptitud e irresponsabilidad de las administraciones locales. Agreguemos el incremento mensual de la gasolina, que en el último año superó el 15%.
Ahora viene el tema del pase, el que tendremos que refrendar TODOS los colombianos con una inversión aproximada de 1.2 billones de pesos. Pero sigamos sumando. En el código de Tránsito se ordenó la revisión técnico-mecánica de los vehículos particulares. Entonces, usted podrá tener su carrito en perfecto estado, “como una uva”, pero tendrá que pagar en los talleres cercanos a los centros de revisión para que le muevan un tornillo al distribuidor y milagrosamente pase el examen, pues si lo lleva a su mecánico de confianza, seguramente será devuelto de nuevo, perdiendo tiempo, dinero y paciencia. Porque la corrupción tendrá en esta nueva obligación un campo fértil para cometer sus fechorías.
A todo lo anterior se une, sin contemplación ni justificación real, el día sin carro, que genera enormes pérdidas en una ciudad que requiere ante todo producir al máximo para agilizar la dinámica económica y contribuir al desarrollo del país. No se entiende cómo, en un país que calca los modelos extranjeros, no se han tomado la molestia de mirar el modelo de día sin carro en ciudades europeas, cuyo acatamiento no es obligatorio.
Lo cierto es que hay una persecución sistemática a los propietarios de vehículos particulares, pero no a todos, sino a los de la clase media que no posemos carros blindados, ni escoltas, ni permisos especiales para hacer lo que nos de la gana en la ciudad. A punta de certificados, impuestos, seguros, alzas en los precios de los combustibles y trámites, se hace evidente que hay una política de Estado para presionar a esta clase media a vender el carro y utilizar el “organizado” y “eficiente” transporte urbano. Se sabe también que hay un proyecto en marcha para convertir en chatarra los vehículos particulares con más de 20 años de antigüedad. Esto significa que los que tenemos carritos viejos, de 10 años por ejemplo, estaremos condenados en un futuro relativamente cercano a ver nuestros vehículos convertidos en una mole de metal, pues muchos no tenemos la posibilidad de adquirir un carro de modelo muy reciente. Cada día la clase media es más presionada a bajar su calidad de vida y a reducirse a la pauperización hasta desaparecer.
Entonces haga cuentas de los impuestos, las reparaciones, el nuevo pase y la revisión técnico mecánica y decida si atiende las obligaciones de su carro o compra el mercado, paga el colegio de sus hijos o atiende las obligaciones de servicios públicos; cuando sume y reste, llegará a la conclusión de que los buses de Transmilenio no están tan llenos como pensaba, que sus zapatos requieren una caminadas más para que se vuelvan más cómodos y que sus piernas se benefician enormemente con las caminatas que hará, porque lo cierto es que la limitación mental de algunos políticos y funcionarios colombianos hace que vean a los propietarios de vehículos como los más ricos y pudientes seres humanos a los que hay que perseguir hasta asfixiarlos en gastos y trámites corruptos.
miércoles, mayo 11, 2005
Ola... a recuperar la platica
Son dos casos que hacen palidecer a Alberto Santofimio con su pensión inflada. Son dos casos que demuestran el manejo descarado de los recursos públicos, de esa platica que con tanto esfuerzo tenemos que pagar en impuestos y que unos funcionarios, con el más descarado cinismo, llevan a sus bolsillos sin ningún inconveniente.
El senador Luis Guillermo Vélez, en una entrevista para El Espectador, denunció uno de los más grandes saqueos que haya vivido el país. Comencemos por recordar la crisis del sector financiero en 1999, cuando el gobierno de Andrés Pastrana tuvo que intervenir para mantener en pie a este sector fundamental de la economía. Una de las medidas fue el famoso dos por mil en las transacciones financieras, medida que fue tomada originalmente para ayudar a la reconstrucción del Eje Cafetero. Para frenar la crisis, el gobierno desplazó ese ingreso, junto con una buena partida del presupuesto nacional, al apuntalamiento de los bancos y corporaciones nacionales. En total el salvamento de la banca pública requirió una inversión de casi 16 billones de pesos. Sin embargo,” desde 1999, no se han recuperado sino $500.000 millones”.
No está mal escrita la cifra: son más de 15 billones de pesos los que están perdidos y esta cifra equivale no a una, ni a dos sino a diez reformas tributarias. En la misma entrevista, Vélez indicó que por este dinero deben responder El Banco de la República y Fogafín, entidades que han dicho que no tenían ni idea de la recuperación de ese capital. Lo peor no es eso: el Senador espera que después de la denuncia, las entidades responsables “empiecen a hacer una inspección completa para ver qué hay en bienes, en inmuebles, en cartera, en cartera vencida y en juzgados. Hay que hacer un inventario completo. Se supone que esos 15,9 billones salieron, además del 2 por mil, del presupuesto nacional (impuestos), del Fogafín y de emisiones del Banco de la República”. Ese dinero salió de los bolsillos de todos los colombianos en el momento más difícil de la economía nacional en los últimos tiempos. Ese dos por mil era para muchos todo un capital que ahora nos vienen a decir, se perdió quien sabe en donde. La frase con la que Luis Guillermo Vélez termina su respuesta es triste y lapidaria: “Me imagino que no todo se lo han robado”. (El Espectador, abril 23 de 2005)
Veamos el segundo caso. Que al gerente de una empresa pública le paguen 46 millones de pesos mensuales es un insulto a los contribuyentes. Que ese gerente no cumpla con los requisitos mínimos para el cargo, ganando esa cifra, es una afrenta. Pero que el ganador de semejante salario no tenga dedicación completa a su cargo porque sigue devengando un sueldo igual en una empresa privada (es decir ganando dos sueldos de 46 millones) es una indignidad y una falta ética de enormes proporciones. Además, si el personaje firma su propio contrato como empleado y como representante legal (contrato estilo yo con yo), deja serias dudas legales que deben ser aclaradas por las autoridades.
El anterior gerente de Ola, Mauricio Mesa, es el autor, protagonista y beneficiario de todas las conductas anteriores. Si, el que encabezó la empresa que “te comunica feliz” es la persona que sin haber trabajado nunca en una empresa de telecomunicaciones llegó a dirigirla y a ganar un salario integral de 46 millones de pesos. Pero antes de dirigir a Colombia Móvil, él era gerente ejecutivo de Sancela Familia, los de las servilletas y el papel higiénico y durante los dos primeros meses de gestión siguió ganando su sueldo de 46 millones mensuales en esa empresa, según él porque Sancela Familia le hizo un reconocimiento en efectivo a su trabajo. Es decir, Mesa lograba un sueldo mensual de 92 millones. Pero ojo, esa plata era casi libre porque Ola le daba dos carros (uno para Bogotá y otro para Medellín). También pagaba el arriendo del apartamento en Bogotá, la administración del inmueble y los servicios públicos (supongo que en estrato 6). Además, los tiquetes aéreos para él y su familia y, por si fuera poco, los gastos de representación en un club privado. A Mesa no le faltó sino incluir el mercado en el contrato, porque supongo que el papel higiénico le debe ser suministrado todavía por Familia.
Esto sin contar las bonificaciones que recibía, según el contrato que él firmó con él mismo (representante legal y empleado) por desempeño, crecimiento y otras arandelas. (Toda la información de El Tiempo.com, abril 7 de 2005).
Ola... por lo menos que se vean las investigaciones y que recupere algo de ese dinero, porque no están jugando con recursos de la empresa privada, también deplorable, sino que hay un manejo, por lo menos cuestionable, de los dineros públicos.
El senador Luis Guillermo Vélez, en una entrevista para El Espectador, denunció uno de los más grandes saqueos que haya vivido el país. Comencemos por recordar la crisis del sector financiero en 1999, cuando el gobierno de Andrés Pastrana tuvo que intervenir para mantener en pie a este sector fundamental de la economía. Una de las medidas fue el famoso dos por mil en las transacciones financieras, medida que fue tomada originalmente para ayudar a la reconstrucción del Eje Cafetero. Para frenar la crisis, el gobierno desplazó ese ingreso, junto con una buena partida del presupuesto nacional, al apuntalamiento de los bancos y corporaciones nacionales. En total el salvamento de la banca pública requirió una inversión de casi 16 billones de pesos. Sin embargo,” desde 1999, no se han recuperado sino $500.000 millones”.
No está mal escrita la cifra: son más de 15 billones de pesos los que están perdidos y esta cifra equivale no a una, ni a dos sino a diez reformas tributarias. En la misma entrevista, Vélez indicó que por este dinero deben responder El Banco de la República y Fogafín, entidades que han dicho que no tenían ni idea de la recuperación de ese capital. Lo peor no es eso: el Senador espera que después de la denuncia, las entidades responsables “empiecen a hacer una inspección completa para ver qué hay en bienes, en inmuebles, en cartera, en cartera vencida y en juzgados. Hay que hacer un inventario completo. Se supone que esos 15,9 billones salieron, además del 2 por mil, del presupuesto nacional (impuestos), del Fogafín y de emisiones del Banco de la República”. Ese dinero salió de los bolsillos de todos los colombianos en el momento más difícil de la economía nacional en los últimos tiempos. Ese dos por mil era para muchos todo un capital que ahora nos vienen a decir, se perdió quien sabe en donde. La frase con la que Luis Guillermo Vélez termina su respuesta es triste y lapidaria: “Me imagino que no todo se lo han robado”. (El Espectador, abril 23 de 2005)
Veamos el segundo caso. Que al gerente de una empresa pública le paguen 46 millones de pesos mensuales es un insulto a los contribuyentes. Que ese gerente no cumpla con los requisitos mínimos para el cargo, ganando esa cifra, es una afrenta. Pero que el ganador de semejante salario no tenga dedicación completa a su cargo porque sigue devengando un sueldo igual en una empresa privada (es decir ganando dos sueldos de 46 millones) es una indignidad y una falta ética de enormes proporciones. Además, si el personaje firma su propio contrato como empleado y como representante legal (contrato estilo yo con yo), deja serias dudas legales que deben ser aclaradas por las autoridades.
El anterior gerente de Ola, Mauricio Mesa, es el autor, protagonista y beneficiario de todas las conductas anteriores. Si, el que encabezó la empresa que “te comunica feliz” es la persona que sin haber trabajado nunca en una empresa de telecomunicaciones llegó a dirigirla y a ganar un salario integral de 46 millones de pesos. Pero antes de dirigir a Colombia Móvil, él era gerente ejecutivo de Sancela Familia, los de las servilletas y el papel higiénico y durante los dos primeros meses de gestión siguió ganando su sueldo de 46 millones mensuales en esa empresa, según él porque Sancela Familia le hizo un reconocimiento en efectivo a su trabajo. Es decir, Mesa lograba un sueldo mensual de 92 millones. Pero ojo, esa plata era casi libre porque Ola le daba dos carros (uno para Bogotá y otro para Medellín). También pagaba el arriendo del apartamento en Bogotá, la administración del inmueble y los servicios públicos (supongo que en estrato 6). Además, los tiquetes aéreos para él y su familia y, por si fuera poco, los gastos de representación en un club privado. A Mesa no le faltó sino incluir el mercado en el contrato, porque supongo que el papel higiénico le debe ser suministrado todavía por Familia.
Esto sin contar las bonificaciones que recibía, según el contrato que él firmó con él mismo (representante legal y empleado) por desempeño, crecimiento y otras arandelas. (Toda la información de El Tiempo.com, abril 7 de 2005).
Ola... por lo menos que se vean las investigaciones y que recupere algo de ese dinero, porque no están jugando con recursos de la empresa privada, también deplorable, sino que hay un manejo, por lo menos cuestionable, de los dineros públicos.
martes, mayo 10, 2005
EEUU y Venezuela: ¿ pasarán de mostrarse los dientes a morderse?
El 1 de enero de 1959, Fidel Castro conquistó el poder en Cuba. El líder revolucionario que se declaró seguidor de las ideas de José Martí, tomó las primeras decisiones de su gobierno: reforma agraria y nacionalización de grandes empresas, sobre todo las norteamericanas.
8 de mayo de 2005. Hugo Chávez habló en su programa Aló Presidente, realizado en Anzoátegui, uno de los estados de producción petrolera y refinación del país. El líder de la revolución bolivariana, declarado seguidor, admirador y émulo de Simón Bolívar, anunció que expulsará de Venezuela a las empresas internacionales que no paguen los impuestos: ''Las empresas tienen que pagar lo que nos deben'' y “si no pagan tienen que irse de aquí''. (El Nuevo Herald, mayo 9 de 2005)
Hacer evidentes los parecidos entre Chávez y Fidel Castro es reiterativo. Enfatizar en sus coincidencias no es más que llover sobre mojado. No obstante la diferencia está en los apoyos internacionales que tienen las medidas: mientras Castro contaba con la sombra protectora y efectiva de una potencia como la URSS, Chávez solo tiene el respaldo de países caídos en desgracia como Libia y otros sin mayor poder como Irán.
No obstante, las últimas declaraciones de Chávez tienen un trasfondo muy peligroso, pues este discurso chavista lanza la amenaza de la expropiación de equipos de producción petrolera, oficinas, medios de transporte y en general, de toda la logística que requiere una empresa para la extracción de petróleo. El mecanismo para la expropiación también ha sido anunciado por el gobierno venezolano: investigará a las multinacionales petroleras que firmaron convenios operativos en las anteriores administraciones, especialmente las que establecieron acuerdos después de la llamada “apertura petrolera” iniciada en 1994.
En este sentido, el presidente del Parlamento, Nicolás Maduro, anunció que el legislativo abrirá una averiguación histórica sobre presuntas irregularidades de empresas extranjeras que en el pasado saquearon a Pdvsa (Petróleos de Venezuela S.A.) mediante los convenios petroleros. (El Universal de Caracas)
Hay que reconocer que Chávez no está haciendo la expropiación de una manera vulgar y directa, como la hizo Fidel en su momento. Por el contrario, el caudillo venezolano ajustó la maquinaria con un parlamento netamente oficialista y sus propósitos se escudan en una legislación que le garantiza la impunidad en sus acciones.
Sin embargo, el discurso debe tener con los pelos de punta a la Casa Blanca, pues Chávez ha puesto sus ojos en una de las áreas más sensibles para los Estados Unidos. Hasta ahora la actitud de Chávez era de provocación, de andanadas populistas y de bravuconadas. Pero este anuncio, respaldado por la ley y por un legislativo títere del caudillo, tendría graves repercusiones para los intereses estadounidenses, pues se sabe que Chávez intentará especialmente la expropiación de las empresas norteamericanas.
El mandatario venezolano tiene claro lo que puede ocurrir: la compra de armamento y el entrenamiento en las calles de civiles (según Chávez serán 2 millones de venezolanos) que van a defender la “revolución bolivariana” conformando un ejército personal del Presidente; demuestran hasta que punto es consciente de la respuesta que Estados Unidos tendrá ante estas amenazas; también ha medido, desde su modesta capacidad, las consecuencias de sus acciones.
Sabemos que Estados Unidos invadió a Irak por el petróleo. Conocemos lo prioritario que es para la administración Bush el tema petrolero. Entonces, no es difícil imaginar las decisiones que la Casa Blanca tomará para evitar la expropiación de los capitales norteamericanos invertidos en el negocio petrolero venezolano. La administración Bush lo ha dicho con diplomacia, con tacto si se quiere: le preocupa la inestabilidad regional que puede generar el gobierno Chávez. Esto, en buen romance, significa que tienen en la mira al gobierno vecino y que están dispuestos a quitarse esa preocupación de encima.
Estamos, ni más ni menos, ad portas de ver como Estados Unidos y Venezuela pasan de mostrarse los dientes a morderse. Porque lo cierto es que Geroge Bush no va a permitir que a sus amigos petroleros les sea expropiada una sola torre de perforación y que las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos se vean amenazadas por la revolución bolivariana.
8 de mayo de 2005. Hugo Chávez habló en su programa Aló Presidente, realizado en Anzoátegui, uno de los estados de producción petrolera y refinación del país. El líder de la revolución bolivariana, declarado seguidor, admirador y émulo de Simón Bolívar, anunció que expulsará de Venezuela a las empresas internacionales que no paguen los impuestos: ''Las empresas tienen que pagar lo que nos deben'' y “si no pagan tienen que irse de aquí''. (El Nuevo Herald, mayo 9 de 2005)
Hacer evidentes los parecidos entre Chávez y Fidel Castro es reiterativo. Enfatizar en sus coincidencias no es más que llover sobre mojado. No obstante la diferencia está en los apoyos internacionales que tienen las medidas: mientras Castro contaba con la sombra protectora y efectiva de una potencia como la URSS, Chávez solo tiene el respaldo de países caídos en desgracia como Libia y otros sin mayor poder como Irán.
No obstante, las últimas declaraciones de Chávez tienen un trasfondo muy peligroso, pues este discurso chavista lanza la amenaza de la expropiación de equipos de producción petrolera, oficinas, medios de transporte y en general, de toda la logística que requiere una empresa para la extracción de petróleo. El mecanismo para la expropiación también ha sido anunciado por el gobierno venezolano: investigará a las multinacionales petroleras que firmaron convenios operativos en las anteriores administraciones, especialmente las que establecieron acuerdos después de la llamada “apertura petrolera” iniciada en 1994.
En este sentido, el presidente del Parlamento, Nicolás Maduro, anunció que el legislativo abrirá una averiguación histórica sobre presuntas irregularidades de empresas extranjeras que en el pasado saquearon a Pdvsa (Petróleos de Venezuela S.A.) mediante los convenios petroleros. (El Universal de Caracas)
Hay que reconocer que Chávez no está haciendo la expropiación de una manera vulgar y directa, como la hizo Fidel en su momento. Por el contrario, el caudillo venezolano ajustó la maquinaria con un parlamento netamente oficialista y sus propósitos se escudan en una legislación que le garantiza la impunidad en sus acciones.
Sin embargo, el discurso debe tener con los pelos de punta a la Casa Blanca, pues Chávez ha puesto sus ojos en una de las áreas más sensibles para los Estados Unidos. Hasta ahora la actitud de Chávez era de provocación, de andanadas populistas y de bravuconadas. Pero este anuncio, respaldado por la ley y por un legislativo títere del caudillo, tendría graves repercusiones para los intereses estadounidenses, pues se sabe que Chávez intentará especialmente la expropiación de las empresas norteamericanas.
El mandatario venezolano tiene claro lo que puede ocurrir: la compra de armamento y el entrenamiento en las calles de civiles (según Chávez serán 2 millones de venezolanos) que van a defender la “revolución bolivariana” conformando un ejército personal del Presidente; demuestran hasta que punto es consciente de la respuesta que Estados Unidos tendrá ante estas amenazas; también ha medido, desde su modesta capacidad, las consecuencias de sus acciones.
Sabemos que Estados Unidos invadió a Irak por el petróleo. Conocemos lo prioritario que es para la administración Bush el tema petrolero. Entonces, no es difícil imaginar las decisiones que la Casa Blanca tomará para evitar la expropiación de los capitales norteamericanos invertidos en el negocio petrolero venezolano. La administración Bush lo ha dicho con diplomacia, con tacto si se quiere: le preocupa la inestabilidad regional que puede generar el gobierno Chávez. Esto, en buen romance, significa que tienen en la mira al gobierno vecino y que están dispuestos a quitarse esa preocupación de encima.
Estamos, ni más ni menos, ad portas de ver como Estados Unidos y Venezuela pasan de mostrarse los dientes a morderse. Porque lo cierto es que Geroge Bush no va a permitir que a sus amigos petroleros les sea expropiada una sola torre de perforación y que las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos se vean amenazadas por la revolución bolivariana.
lunes, mayo 09, 2005
El cangrejo de la tramitomanía
Que estabilidad la de Colombia. En 1997, el gobierno de la época decidió abolir la renovación de la licencia de conducción, como parte integral de un paquete de medidas tendientes a erradicar la tramitomanía del país. Ahora, 8 años después, el ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego anuncia que todos los colombianos tendrán que cambiar su licencia.
En la actualidad, 12 millones de colombianos tienen su licencia registrada legalmente. Esos 12 millones tendrán que ir a las oficinas de tránsito de sus municipios y cambiar el documento. La medida tendrá un periodo de transición de 3 años, lo que significa que anualmente 4 millones de colombianos deberán renovar el pase. En plata blanca: casi 17 mil personas al día deberán ser atendidas por las “eficientes” y “transparentes” oficinas de tránsito en todo el territorio nacional. Es decir, cada hora, 2 mil personas tendrán que hacer el trámite. ¿Esto será posible? Por supuesto que no. No creo que haya un organismo en Colombia capaz de manejar la documentación de 35 personas por minuto. Tampoco creo que los “funcionales” sistemas, que viven fuera de línea, estén preparados para semejante avalancha de datos.
Y hablemos del contrato: el feliz ganador recibirá un jugoso premio de más de un billón de pesos, cuyo pago haremos los colombianos. Lo que va a ocurrir es que el desesperó de la gente por cambiar el pase, frente a la ineptitud de algunos, colapsará el sistema. Entonces la corrupción y los tramitadores harán su agosto gracias a una medida innecesaria y poco clara. Hay que enfatizar que la medida se desprende del Código Nacional de Tránsito, promovido y promulgado por el gobierno de Pastrana. Ese dichoso Código es, en muchos aspectos, un retroceso a las épocas más aciagas de la corrupción en las entidades de tránsito del país. Porque también vendrá la obligatoria revisión técnico mecánica de los vehículos particulares cada dos años. Cuando esa medida estuvo vigente en Bogotá, tuve que llevar mi carrito para el visto bueno. Días antes había invertido una buena cantidad de dinero en arreglo y ajuste de frenos. Pues bien, el carro falló justamente en lo de los frenos y el técnico me dijo que a unas pocas cuadras los arreglaban. Fui, gasté otro dinero y solo con el movimiento de un tornillo el carro quedó frenando como nunca. Por lo menos eso dijo el técnico, quien solo con ver la factura le dio la aprobación.
No entiendo como el Estado puede carecer de una comprensión mínima de las necesidades de los colombianos, de la importancia del tiempo para muchos y de la pereza y molestia que causa el asumir trámites innecesarios cuando a alguien se le da la gana deimponerlos.
A la DIAN se le ocurrió que todos los declarantes tenían que renovar el Registro Único Tributario, RUT. No importaba si lo habían gestionado en el 2004. Había que renovarlo y punto. El resultado: en Bogotá, por ejemplo, las filas eran de 5 y 6 horas, para sacar el mismo documento del año anterior. Eso a los que les fue bien. Porque en otros casos la actualización del RUT salió con mico incorporado. Por ejemplo, una ciudadana que tiene algunos apartamentos para la renta, de eso vive su familia, de pronto quedó declarando IVA, porque según los funcionarios de la DIAN, era imposible que alguno de esos inmuebles no fuera comercial. Después de la primera fila de 6 horas, la señora tuvo que volver, hacer el reclamo y ubicarse en la fila de 5 horas para que le quitaran el mico. Pero no se lo quitaron. Le dijeron que era una mentirosa y que alguno de los inmuebles tenía que ser comercial. Después de discutir con el funcionario, éste por fin entendió pero no solucionó nada: le dijo simplemente que el asunto entraba a estudio y que tenía que declarar IVA. Ahora, además de todo, tiene que comprar un formulario trimestral para llenarlo de ceros (si, el formulario lo llena de ceros en sus dos columnas), ir a un banco, hacer la fila y conseguir el sello de un cajero. Lindo trámite, muy provechoso para el Estado, muy informativo para perseguir la evasión y extremadamente útil para los bancos.
El objetivo de cualquier Estado es, entre otros, conseguir la felicidad de sus habitantes y dudo que la renovación obligatoria del pase, la revisión técnico mecánica de los carros y el famoso RUT sean trámites que le generen felicidad a algún colombiano.
Por el contrario, son medidas arbitrarias y abusivas, pues no solo es el dinero que cuestan sino la dignidad de la gente que tiene que hacer las filas, soportar los errores y perder el tiempo para darle gusto a algún funcionario ineficiente y carente de visión. Vamos de para atrás, como el cangrejo.
En la actualidad, 12 millones de colombianos tienen su licencia registrada legalmente. Esos 12 millones tendrán que ir a las oficinas de tránsito de sus municipios y cambiar el documento. La medida tendrá un periodo de transición de 3 años, lo que significa que anualmente 4 millones de colombianos deberán renovar el pase. En plata blanca: casi 17 mil personas al día deberán ser atendidas por las “eficientes” y “transparentes” oficinas de tránsito en todo el territorio nacional. Es decir, cada hora, 2 mil personas tendrán que hacer el trámite. ¿Esto será posible? Por supuesto que no. No creo que haya un organismo en Colombia capaz de manejar la documentación de 35 personas por minuto. Tampoco creo que los “funcionales” sistemas, que viven fuera de línea, estén preparados para semejante avalancha de datos.
Y hablemos del contrato: el feliz ganador recibirá un jugoso premio de más de un billón de pesos, cuyo pago haremos los colombianos. Lo que va a ocurrir es que el desesperó de la gente por cambiar el pase, frente a la ineptitud de algunos, colapsará el sistema. Entonces la corrupción y los tramitadores harán su agosto gracias a una medida innecesaria y poco clara. Hay que enfatizar que la medida se desprende del Código Nacional de Tránsito, promovido y promulgado por el gobierno de Pastrana. Ese dichoso Código es, en muchos aspectos, un retroceso a las épocas más aciagas de la corrupción en las entidades de tránsito del país. Porque también vendrá la obligatoria revisión técnico mecánica de los vehículos particulares cada dos años. Cuando esa medida estuvo vigente en Bogotá, tuve que llevar mi carrito para el visto bueno. Días antes había invertido una buena cantidad de dinero en arreglo y ajuste de frenos. Pues bien, el carro falló justamente en lo de los frenos y el técnico me dijo que a unas pocas cuadras los arreglaban. Fui, gasté otro dinero y solo con el movimiento de un tornillo el carro quedó frenando como nunca. Por lo menos eso dijo el técnico, quien solo con ver la factura le dio la aprobación.
No entiendo como el Estado puede carecer de una comprensión mínima de las necesidades de los colombianos, de la importancia del tiempo para muchos y de la pereza y molestia que causa el asumir trámites innecesarios cuando a alguien se le da la gana deimponerlos.
A la DIAN se le ocurrió que todos los declarantes tenían que renovar el Registro Único Tributario, RUT. No importaba si lo habían gestionado en el 2004. Había que renovarlo y punto. El resultado: en Bogotá, por ejemplo, las filas eran de 5 y 6 horas, para sacar el mismo documento del año anterior. Eso a los que les fue bien. Porque en otros casos la actualización del RUT salió con mico incorporado. Por ejemplo, una ciudadana que tiene algunos apartamentos para la renta, de eso vive su familia, de pronto quedó declarando IVA, porque según los funcionarios de la DIAN, era imposible que alguno de esos inmuebles no fuera comercial. Después de la primera fila de 6 horas, la señora tuvo que volver, hacer el reclamo y ubicarse en la fila de 5 horas para que le quitaran el mico. Pero no se lo quitaron. Le dijeron que era una mentirosa y que alguno de los inmuebles tenía que ser comercial. Después de discutir con el funcionario, éste por fin entendió pero no solucionó nada: le dijo simplemente que el asunto entraba a estudio y que tenía que declarar IVA. Ahora, además de todo, tiene que comprar un formulario trimestral para llenarlo de ceros (si, el formulario lo llena de ceros en sus dos columnas), ir a un banco, hacer la fila y conseguir el sello de un cajero. Lindo trámite, muy provechoso para el Estado, muy informativo para perseguir la evasión y extremadamente útil para los bancos.
El objetivo de cualquier Estado es, entre otros, conseguir la felicidad de sus habitantes y dudo que la renovación obligatoria del pase, la revisión técnico mecánica de los carros y el famoso RUT sean trámites que le generen felicidad a algún colombiano.
Por el contrario, son medidas arbitrarias y abusivas, pues no solo es el dinero que cuestan sino la dignidad de la gente que tiene que hacer las filas, soportar los errores y perder el tiempo para darle gusto a algún funcionario ineficiente y carente de visión. Vamos de para atrás, como el cangrejo.
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