No aguanta un escándalo más...

Diría Don Pablo Ardila, el caballero de la “despeinada figura” y actual gobernador de Cundinamarca, a su escudera: “Ladran Marcela, porque NO cabalgamos, ni hacemos nada, ni nos esforzamos realmente por buscar soluciones para los problemas apremiantes: solo aparecen más y más escándalos, como gigantes disfrazados de molinos de viento... pero son muchos ya”.
La última acusación salió a la luz pública hace pocos días. El periodista colombiano Gerardo Reyes publicó, en el Nuevo Herald de Miami, una información que debe ser investigada por las autoridades colombianas.
Con el título “Político colombiano ligado a polémico negocio”, el artículo cuenta que el actual gobernador de Cundinamarca “aparece relacionado con un negocio de distribución de productos de la Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC) en Estados Unidos. Resulta que Ricardo Castro, empleado particular y amigo cercano de Pablo Ardila, llegó a un acuerdo con el abogado Álvaro Almanza para quedarse con el 90% de la empresa Toyalink Enterprises que distribuye en Estados Unidos el aguardiente Néctar de la ELC, cuya junta directiva es presidida por el gobernador Pablo Ardila. La gestión de compra se hizo en las oficinas de una sociedad constructora particular del sur de la Florida, Land Developers and Investors, empresa que, de acuerdo con el registro de corporaciones de la Florida, tiene como Presidente al gobernador Pablo Ardila Sierra.
Como lo indica el Nuevo Herald, “el negocio implicaba un potencial conflicto de intereses, pues además de la relación profesional y personal con el gobernador, Castro es primo segundo de Javier Enrique Castro, gerente de la ELC. La compra de la empresa distribuidora quedó en el aire porque el grupo que representaba Castro no cumplió con los pagos”.
En este sentido, Ricardo Castro admitió que adelantó el negocio, pero aseguró que Ardila no tuvo ninguna participación. A su turno, Pablo Ardila reconoció que Castro es un estrecho colaborador suyo en Miami, pero negó cualquier participación en el negocio de los licores. Más adelante, Ardila aseguró que su amigo Ricardo Castro no tiene ningún parentesco con el gerente de la ELC. Sin embargo, Castro reconoció la relación familiar.
A esta delicada situación se suma también una investigación que se adelanta contra la campaña de Pablo Ardila a la gobernación, por sobrepasar los topes de gastos.
De igual forma, Según El Tiempo, la procuraduría lo investiga por la extralimitación de funciones de su secretaria, pues en su administración las decisiones más importantes las tomó, al inicio de su “gestión” su secretaria Marcela Gutiérrez. El mismo Gobernador reconoce que quiso "quitarse chicharrones" presentes y futuros.
Además, en la actualidad se investiga al gobernador Ardila por cambiar la destinación de recursos de capital a gastos de funcionamiento (esos dineros tenían que ser dirigidos a infraestructura e inversión social, pero se fueron en gastos varios de la Gobernación)
Pero la historia de Pablo Ardila no para ahí. En una información que aparece en la página del ministerio de Transporte se informa que dentro del plan para mejorar la vía entre Bogotá y Medellín se contempla la pavimentación de un importante tramo que pasa, justamente, por una propiedad de la familia del gobernador Pablo Ardila que está ubicada entre Madrid y Puente de Piedra. Sobra anotar que esa pavimentación valorizaría enormemente las propiedades beneficiadas. Es importante señalar que el Ministerio indica que “la decisión (...) debe ser tomada de común acuerdo por las comunidades de la región y la Gobernación de Cundinamarca con el criterio de lograr el mayor beneficio social y económico”. Es decir, Pablo Ardila juez y parte.

¿Justicia y paz para condenados?

El traslado de alias Don Berna a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, es una indicación clara del destino que tendrán centenares de paramilitares que hayan cometido crímenes de lesa humanidad o que hayan estado a la cabeza de operaciones de narcotráfico.
Muchos se quejaban de la prisión que le había otorgado el gobierno Uribe a Adolfo Paz, pues era una finca en el departamento de Córdoba. Sin embargo, la medida del traslado demuestra que el proceso no incluirá hoteles cinco estrellas para aquellos que han delinquido en las filas del paramilitarismo. El propio Presidente sostuvo que "la reclusión por los delitos atroces tiene que ser seria".
La medida fue celebrada por Estados Unidos cuyo Embajador calificó como un hecho "valiente e importante". El pronunciamiento de Wood se produjo después de las tensiones que se generaron entre los gobiernos colombiano y estadounidense cuando Álvaro Uribe dejó en espera la extradición de Diego Murillo Bejarano. Ante el anuncio, el embajador William Wood aseguró que "Estados Unidos continuará demandando la extradición de todos aquellos quienes han violado sus leyes y perjudicado los intereses estadounidenses”. Lo cierto es que Estados Unidos ha presionado fuertemente para lograr la extradición de Don Berna, pues es considerado por la justicia de ese país como uno de los más importantes capos del narcotráfico que de paso sea dicho, tiene la capacidad de paralizar a Medellín con una simple orden a sus cuadros de mando que todavía tienen poder en la capital antioqueña.
De otro lado, el traslado de Don Berna a la cárcel de Cómbita generó una gran preocupación entre los jefes paramilitares que se reunieron en un lugar de la Costa Caribe y en el Magdalena Medio. En un escueto comunicado, el jefe político de las AUC, Iván Duque, le recordó al gobierno que "había unos acuerdos muy claros. Lo que ocurrió va en contravía de una serie acuerdos y entendimientos a los que habíamos llegado".
No obstante, la ley de Justicia y Paz sigue generando dudas por cuenta de los guerrilleros oportunistas que están recluidos en esa misma prisión de máxima seguridad, pues fueron capturados, nunca entregaron sus armas y peor aún, fueron vencidos en juicio. Si la decisión de beneficiarlos con la ley de Justicia y Paz está en estudio, pues hay que encender todas las alarmas, porque la la Ley es clara:

"Para acceder al beneficio de la pena alternativa –que oscila entre 5 y 8 años – se establecen tres canales de ingreso. En el caso de las desmovilizaciones colectivas es requisito la desmovilización y desmantelamiento del grupo armado ilegal, la entrega de todos los bienes ilícitos, así como la entrega de secuestrados y de los menores que se encuentren dentro de las filas. En el caso de la desmovilización individual, deberá brindarse información o colaboración eficaz para el desmantelamiento del grupo al que se pertenecía. Una tercera vía de ingreso es para miembros de grupos ilegales con los que se alcancen acuerdos humanitarios; en este caso el Presidente podrá fijar las condiciones que considere pertinentes para la adecuada aplicación del instrumento. Ningún delito cometido antes de la pertenencia al grupo armado ilegal, ni después de la desmovilización, será cobijado por el beneficio de la pena alternativa. No se interfiere tampoco con los procesos de extradición en marcha, ni con requerimientos de tribunales internacionales”.

Pero si ya fue aprobado esta acogida masiva de guerrilleros detenidos y condenados, se están desconociendo los condicionantes de la ley: el que se acoja a un proceso de paz, entregue sus armas y se desmovilice puede acceder a los beneficios y lo cierto es que ninguno de estos tres requisitos es cumplido por los guerrilleros que solo buscan rebajar la pena y no tienen nada con que negociar.
Es que el absurdo más grande está en el caso de Fernando Arellán, uno de los autores materiales del atentado contra el club El Nogal. El individuo ahora se quiere acoger a la ley de Justicia y Paz, después de ser capturado en un hotel en El Espinal, Tolima, cuando intentaba obtener documentos falsos para movilizarse.
Hay que hacer una diferenciación: el que estando activo en un grupo terrorista se acoja a un proceso de paz (no vale la captura), entregue sus armas y confiese TODOS los crímenes, es un candidato para los beneficios. ¿Pero qué sentido tiene entregarle beneficios a una persona que ha sido capturada y condenada, no ha entregado armas ni información y no se ha comprometido a abandonar la actividad terrorista? El guerrillero que se entregue y se acoja, bienvenido sea. Lo mismo un paramilitar. Pero el capturado y procesado NO debe tener ninguna prerrogativa distinta a las que otorga la ley, que de paso sea dicho, son muchas y muy generosas.
Claro que el proceso de paz, y de paso la ley de Justicia y Paz, recibieron un fuerte espaldarazo. Además de la decisión de la Unión Europea de apoyar, con restricciones, el proceso con los paramilitares, Bill Clinton y eventualmente George Bush padre, encabezarán un grupo de consultores y verificadores de los procesos de paz que se realicen en Colombia, incluido, por supuesto, el actual proceso con los paramilitares. El ex presidente Clinton aceptó liderar el grupo en una reunión con el presidente Uribe a la que también asistió el nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, Andrés Pastrana. El grupo tiene el aval de la administración Bush y el Departamento de Estado viene considerando la participación de otras personalidades.

La oposición argumenta en favor de la reelección

Quien lo iba a creer. Uno de los máximos líderes de la oposición contra el Presidente, el senador Carlos Gaviria Díaz (1), pronunció el más contundente argumento para respaldar la reelección de Álvaro Uribe Vélez.
En entrevista para El Espectador, Gaviria Díaz dijo: “Cuando en un Estado hay hombres imprescindibles, eso significa que las instituciones no están consolidadas y que la democracia dista mucho de ser sólida”.
¿Y es que hay alguna razón distinta a las que da Gaviria Díaz para simpatizar con la reelección de Uribe? Veamos: es difícil creer que el Presidente es imprescindible, pero por el momento no se ven claramente definidos los líderes que podrían entrar a gobernar los destinos de Colombia. Frente a las realizaciones del actual gobierno, por ejemplo en materia económica o de seguridad, el punto puesto no es demasiado alto, pero no se ve un líder consolidado y con suficiente apoyo que continúe las tareas emprendidas y mejore la gestión.
Pero la frase de Gaviria Díaz tiene más elementos importantes: la popularidad de Uribe significa, según sus propias palabras, que “no hay instituciones consolidadas”.
Tiene toda la razón. En Colombia falta un buen trecho del camino para hablar de instituciones consolidadas. Claro ejemplo de ello es la Corte Constitucional: Como lo expresó Enrique Gómez Hurtado (2), “contrario a lo que se esperaba de la Corte Constitucional, (esta) ha generado una enorme inestabilidad jurídica en el país, hasta el punto de que el Congreso no sabe qué es lo que aprueba. Se ha convertido en una Corte constituyente antes que constitucional, sus decisiones son inapelables y define a su propia voluntad la institucionalidad colombiana”. Es más, muchas de las decisiones de la Corte Constitucional ratifican el temor de muchos sobre el “gobierno de los jueces”, tan peligroso como el mandato militar.
De igual forma, el final del argumento de Gaviria Díaz es contundente: “la democracia dista mucho de ser sólida”. Recordemos que uno de los argumentos de la oposición frente a la reelección es que no tenemos una democracia madura para un proceso de candidato Presidente. Es decir, que la fortaleza electoral de Uribe se debe a la carencia de solidez democrática, pero justamente por esa razón no puede ser reelegido, porque entonces quedará en evidencia la fragilidad democrática de Colombia... tremenda contradicción que deja al país sin salida democrática posible: si hay reelección la democracia no es sólida, pero si no la hay es justamente por la fragilidad del sistema.
Pero Carlos Gaviria Díaz no se quedó ahí. Por el contrario confirmó que lo urgente para los sectores opositores a la reelección es que cese el ruido que se está haciendo a favor de la continuidad del Presidente en el periodo 2006 – 2010. Dice Gaviria Díaz (1) que los simpatizantes de la reelección “son capaces de hacer muchas cosas que en este momento van en contravía del ambiente tranquilo que se requiere para esperar el fallo de la Corte. Deseamos que ese tipo de presiones cesen”. Imposible describir mejor la necesidad inmediata de silenciar a los sectores uribistas, pues ese silencio de las huestes oficialistas en el referendo les otorgó enormes réditos a los opositores. Como la experiencia funcionó, y el oficialismo aprendió del amargo desenlace, ahora el uribismo alza su voz y enciende todas las alarmas para que la experiencia del referendo no se repita. Mientras tanto, los opositores quieren sentir otra vez el silencio sepulcral que fue su cómplice en el referendo y que aspiran a repetir en el caso de la reelección.

(1) Artículo “Los mandan a hacer el mandado y luego los regañan” El Espectador. Septiembre 25 a octubre 1.
(2) “Al borde de un ataque de nervios” El Espectador. Semana del 25 de septiembre al 1 de octubre.