La justicia para los menores de edad es un acto de impunidad

En lo que va corrido del año 10 niños han muerto de manera violenta en Ciudad Bolívar. La problemática en esa zona ha salido a la luz por las declaraciones de Lucho Garzón en torno a la presencia de paramilitares en el sector que reclutan jóvenes y niños para mantener intacta la tropa que les servirá como carne de cañón. Le faltó decir que, durante años, las Farc han utilizado la misma estrategia. Además, la situación se ha venido extendiendo a varios sectores de Bogotá.
Dos razones principales pueden aproximarnos al problema. Aclaro desde ya que NO SON LAS ÚNICAS, pero si pueden dar luces sobre lo que está ocurriendo con nuestros niños.
La primera causa son las pandillas juveniles, que, según el último informe de las autoridades, solo en Bogotá llegan a 803. Estas pandillas o tribus urbanas son altamente territoriales y se proclaman “dueñas” de una zona por la que no puede transitar ningún miembro de otra pandilla. Además, muchas de estas 803 tribus han incursionado en la delincuencia portando armas de diferentes tipos y penetrando en los negocios oscuros del narcotráfico, el hurto y el sicariato.
Con 803 pandillas en Bogotá, más de 10 mil jóvenes, no es de extrañar que algunos puntos específicos de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Usme y Kennedy estén ya bajo el control de estas organizaciones que se escudan en los menores de edad para cometer los ilícitos. Los pandilleros mayores mandan a “hacer las vueltas” a menores de edad cuya responsabilidad penal es, según nuestros códigos, prácticamente inexistente.
La segunda razón es más preocupante que la primera. En Colombia los menores de edad no son delincuentes sino infractores, pues el Código del Menor, en su afán proteccionista, dejó abierta una inmensa brecha que posibilita la impunidad en aquellos delitos cometidos por niños. Por eso son los preferidos por las pandillas y las bandas delincuenciales para cometer los ilícitos. Según el Código, estos niños tienen que ser resocializados en centros especiales que, descritos por los propios pandilleros, parecen más un hotel o un colegio “chévere” que un sitio de reclusión. En síntesis, los menores que matan, roban o violan no son castigados por la ley sino que deben ser resocializados.
Esta posición proteccionistas de nuestra legislación y la impunidad oficializada, hacen imposible la aplicación de la justicia en los casos que involucran a menores de edad: las víctimas no encuentran justicia en los tribunales.
Una madre de familia vio cuando un vecino de 13 años asesinó a su hijo de 12 con varias puñaladas en el vientre. El agresor fue detenido y puesto a disposición de un juez de menores. Nueve meses después el asesino estaba en la calle, libre de toda culpa porque, según la ley colombiana, 18 meses son lo máximo que necesita un menor para resocializarse. Claro, esta madre no solo llora en silencio la pérdida de su hijo sino que la ausencia de justicia aparece ante sus ojos, al encontrarse a diario con el asesino de su hijo, quien vive a pocos pasos de su casa y se tropieza con ella de manera cotidiana.
La falta de justicia hace que algunos colombianos tomen caminos equivocados por la sed de venganza. Entonces, ante un menor asesino y despiadado que por una violación o un homicidio solo estuvo en un centro especial durante un año, no como castigo sino como asilamiento para que aprenda a vivir en sociedad; la víctima o sus familias ejecutan la ley del Talión para conseguir la“justicia” que el Estado y la ley les están negando. Y esa justicia callejera es desproporcionada, vengativa y generadora de rencores inimaginables.El proteccionismo del Código del Menor es un fracaso total y el resultado es la muerte de niños que, muchas veces, pasan de victimarios a víctimas. Y seguirá así hasta que Colombia y sus legisladores no tomen cartas en el asunto, pues con todo y los derechos del menor, lo cierto es que a partir de una determinada edad, los menores deben responder como adultos ante los tribunales de justicia y responsabilizarse por sus actos no como infractores sino como delincuentes.

Piedad Córdoba ejerce la ley del embudo

En su programa de Canal Capital Versión Libre, el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez lanzó una noticia que pasó desapercibida: lo que Piedad Córdoba le propuso a Gaviria en la reunión que sostuvieron en las últimas horas fue aplazar la realización del Congreso del Partido Liberal hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la reelección.

La propuesta tiene aspectos bien interesantes: la última vez que se reunió el Congreso de ese partido fue en mayo de 2002. De esa reunión salió la Dirección colegiada que tantos dolores de cabeza le ha traído al partido y a sus líderes. Entre los elegidos estaba Piedad Córdoba. Pero esa Dirección desconoció y sigue desconociendo los Estatutos del partido Liberal, que son, como lo confirmó el propio Serpa en el mismo programa, la constitución de la organización política. El artículo 26 de los Estatutos dice que “el Congreso se reunirá ordinariamente cada dos años”. Esto significa que la reunión debió realizarse en mayo de 2004. Pero no ocurrió, porque los líderes liberales estaban dedicados a otros asuntos como ponerle palos en la rueda al gobierno, a la oposición irreflexiva y al lanzamiento de dardos contra el presidente Uribe. Entonces, se les olvidó o desconocieron el Estatuto. Ahora quieren hacer el Congreso en junio.

Pero salió Piedad nuevamente a desconocer los Estatutos y solicitarle a Gaviria que apoyara el aplazamiento del evento. Lo importante es la “ley del embudo” de Piedad Córdoba: ella justifica su oposición porque el presidente Uribe desconoce la Constitución del 91, pero ella pretende e invita a saltarse precisamente la constitución de su Partido.

Llamativa manera de hacer política y de dirigir al liberalismo: hacer justamente lo que critica, afectando a su colectividad, violando las normas y creando un lazo de dependencia frente a un hecho que si bien afecta al país, no puede ser el argumento para el desconocimiento de un documento democrático como los Estatutos del liberalismo. Pero también está el oportunismo, ese si válido y tradicional en el liberalismo. Si aprueban la reelección,

La pataleta de los generales

“A la fase de los servicios sucede la de los privilegios, y luego la de las pretensiones” Chateaubriand.

La vida militar, como soldado o como General, es un servicio a la comunidad que no puede ser recompensado con privilegios. Por el contrario: el sacrificio militar obtiene como única recompensa el honor. Su búsqueda debe ser la mayor motivación de los soldados: honores, ascensos, condecoraciones y distinciones por la victoria son los motores que impulsan el trabajo y la entrega de un militar.
He conocido muy de cerca a varios generales de la República. Vi sus carreras y su desempeño. Fui testigo de sus madrugadas y de sus desvelos y nunca, ni en servicio activo ni en retiro, los escuché quejándose por el trabajo y el sacrificio. Por eso indignan las declaraciones del general Luis Fabio García, uno de los oficiales despedidos en las últimas horas quien nos enrostró que ellos “trabajaban 24 horas al día, siete días a la semana y 365 días al año; que no tenían vida para la familia ni para nada”, pero luego añadió que “ellos habían escogido esa vida”.
El ahora retirado general Roberto Pizarro fue más directo: dijo que “el aparecido ministro de Defensa les quitó las agregadurías” y que éstas eran una motivación importante para los coroneles del Ejército, pues los estimulaba para continuar en la guerra. En palabras del propio general Pizarro, “acabaron con los estímulos” para los oficiales, refiriéndose a la decisión que han tomado el ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Armadas de eliminar algunas agregadurías militares (misiones diplomáticas del Ejército en diferentes países).
Sin embargo, el también retirado general Jairo Duván Pineda denunció otra molestia de los altos oficiales del Ejército: los cargos. Según Pineda, es insólito que “en la cadena de mando, unos oficiales más antiguos estén por debajo de otros menos antiguos”. En la actualidad, los ascensos y los respectivos cargos se obtienen por el tiempo de servicio, sin importar los éxitos o fracasos que haya tenido el oficial. En otras palabras, los ascensos no tienen nada que ver con el buen desempeño sino con el tiempo de servicio y la aprobación del curso de ascenso. En la mayoría de fuerzas armadas del mundo, los logros y las victorias son acompañadas por un ascenso. Pero en Colombia no. La molestia se origina en el plan de crear los Comandos Conjuntos de las Fuerzas Militares. Estas unidades, integradas por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, pretenden descentralizar el mando para agilizar las decisiones y buscar una reacción más rápida en situaciones críticas. Pero los generales están molestos porque el mando de esos comandos conjuntos podría ser encargado a un oficial con menor antigüedad a la de algunos de sus subalternos. Además, en el fondo, está la prevención de algunos oficiales del Ejército de verse sometidos a las órdenes de oficiales de la FAC o de la Armada.
Esa es la institucionalidad que defienden los generales despedidos en las últimas horas. Para ellos no es aceptable que un oficial del Ejército o de otra arma, que en su hoja de vida registre mayores logros, más inteligencia y dedicación, pueda estar por encima de uno que no ha cumplido con las expectativas ni ha desempeñado sus posiciones con toda la idoneidad requerida.
Esta es una típica pataleta de aquellos que quieren defender los privilegios muy por encima de los derechos. Mal ejemplo para las tropas que tienen que padecer diariamente las largas jornadas en la selva, comer solo enlatados fríos o dormir en el suelo de sitios inhóspitos. Pésimo ejemplo para los oficiales que están desarrollando su carrera militar y que sentirán la desmoralización de ver a sus superiores jerárquicos despotricando contra la cadena de mando y haciendo una clara demostración de indisciplina.

Las Farc deben dar el parte de su derrota en Toribío

Como Jefe de Prensa de las Farc, le corresponde a Raúl Reyes llamar a los noticieros (como por ejemplo a Noticias Uno con el que sostiene una relación epistolar virtual mensual) y dar el parte de derrota sobre las acciones de Toribío.
En todas las confrontaciones militares de la historia, la derrota se produce, entre otras razones, cuando no se cumplen los objetivos de la operación, o cuando los daños colaterales son muy superiores a los daños causados al enemigo o cuando las tropas se tienen que retirar del sitio sin cumplir con los propósitos debido a la fuerte posición del adversario.
En Toribío las Farc fueron derrotadas desde las tres perspectivas anteriores. Según informaron los guerrilleros en la zona, el objetivo era la destrucción del puesto de policía de Toribío y obtener la rendición de los 50 policías que se encontraban en el cuartel. Una semana después, el puesto está en buen estado, los policías no se rindieron y combatieron con valor para defender su posición. En cuanto a los daños colaterales, basta con mencionar la muerte de un niño de 10 años y la destrucción de 120 viviendas en el casco urbano, mientras que el cuartel quedó en pie. La concreción de la derrota se produjo cuando los forajidos que se encontraban atacando al pueblo, emprendieron la retirada de la zona (huyeron como cobardes).
Sin embargo, en unos panfletos, las Farc están reclamando la victoria de la operación porque, según ellos, el objetivo era “denunciar la entrega de nacionales al imperialismo yanqui” y esto, en su opinión particular, se cumplió a la perfección. De la única manera en que las Farc pueden reclamar una victoria es siguiendo la filosofía de Maturana de “perder es ganar un poco”. Porque perdieron. Con paso lento el Ejército y la Policía comenzaron a copar las posiciones guerrilleras, a bombardearlas y a obligarlos a huir. Tampoco es cierta la apreciación de Alfredo Rangel, quien dice que “será difícil sacar a las Farc de la zona porque ellos llevan muchos años en las montañas del Cauca y son históricos en la región”. Con todo respeto, señor Rangel, usted está mintiendo. En los años 80 estaba radicado el M 19 en el Cauca. En ese momento habían unos pocos guerrilleros de las Farc en la región, quienes participaron en el ataque de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar contra la población de Caloto. Después de la desmovilización del EME, las Farc comenzaron a hacer presencia en la zona, pero no como una marea humana que inundó, de un día para otro, una región de indígenas, estos si históricos y poseedores de las tierras. Entonces, señor Rangel, con 10 años de presencia continua no puede declararse un asentamiento histórico.
La derrota de las Farc en su intento de tomarse la población de Toribío fue un fracaso estruendoso. El principal objetivo de la guerrilla era obligar a mover algunas tropas que están en el Plan Patriota para hacerles frente en el Cauca. Con esa movilización, desahogaban la fuerte presión que están padeciendo sus oligarcas cabecillas en las selvas del sur del país. Ocurrió todo lo contrario: con las unidades disponibles fuera del Plan Patriota y las tropas regulares de la Tercera Brigada, el Ejército enfrentó la arremetida subversiva. Las Farc también pretendían reabrir seis corredores de movilidad para sacar la droga que se está pudriendo en la selva. Estos corredores salen justamente al Pacífico, muy cerca de Buenaventura. No pudieron. Los corredores continúan bajo el control militar. Además, los terroristas intentaban distraer la atención de algunas unidades militares que estaban a punto de descubrir (como efectivamente ocurrió) los laboratorios que tenían en la zona para el procesamiento de droga. Lamentablemente para las Farc, a los laboratorios les pasó lo que a Ricaurte en San Mateo: en átomos volaron. Las Farc querían recuperar 6 mil hectáreas de cultivos ilícitos que están amparados ya con la erradicación manual y con la sustitución subsidiada, pero la presión y respuesta de las Fuerzas Armadas los hizo correr por la montaña para esconderse en sus acostumbradas madrigueras.
Los hechos lo demuestran: la batalla de Toribío fue ganada por el Estado y el Ejército le propinó una dura derrota a la soberbia de las Farc que estaban acostumbradas a llegar a un pueblo, destruirlo y comenzar a adueñarse de lo poco que quedaba en pie. Pero la historia cambió y hoy el país puede cantar victoria en la batalla.
Claro, no se ha ganado la guerra y falta mucho para lograrlo pero hoy, como nunca antes, la sociedad civil debe estar atenta a los movimientos y amenazas desesperadas de la guerrilla, porque así algunos no lo quieran reconocer, en los combates y ataques solo pierde la población civil. Pero esta victoria tendrá efectos devastadores en las Farc que se verán en poco tiempo, porque Toribío fue una demostración evidente de debilidad.

Entre el Partido Liberal y Terry Schiavo

Como nunca, hoy el partido Liberal se debate entre la prolongación artificial de su vida o la agonía eterna de ser un pequeño partido. Las decisiones tomadas por el antiguo partido mayoritario en las últimas décadas le están pasando la cuenta de cobro... y difícilmente tiene como pagar.
César Gaviria Trujillo fue un buen Presidente en su primera etapa. Pero luego ocurrieron situaciones históricas que afectaron al mandatario a tal punto de señalar que sus reformas y actos de gobierno se defendían solos. Basta con recordar el apagón del 92, la fuga de Pablo Escobar de la Catedral y las todavía controversiales reformas económicas. Pero su mayor error, sin duda, fue abandonar la paternidad de la Constitución del 91. No quiso gavirismo, ni apoyó a un candidato a la Presidencia que garantizara la continuidad de sus políticas, ni asumió el liderazgo que todos esperábamos para defender la nueva Carta Política. No. Gaviria quiso alejarse del país y puso todo su empeño en alcanzar la Secretaría General de la OEA, dejando huérfana a una Constitución que necesitaba de liderazgo para fortalecerla y encausarla. Ahora, 14 años después, decide por fin emprender la defensa de la Constitución del 91. ¿Ya para qué?
Además, Gaviria viene a tratar de consolidar el resurgimiento del Liberalismo oficialista, porque está muy disperso. Bien difícil la tarea, teniendo en cuenta que fue el propio Partido Liberal el que inventó y operó la famosa e ingrata operación avispa para conseguir las curules y de paso, hacerse con el botín clientelista que siempre le ha llamado la atención. La operación avispa fue el resultado de la incapacidad del Partido Liberal para funcionar como una estructura ideológica coherente, demostrando la ineptitud de sus líderes para aglutinar a sus seguidores alrededor de unos postulados: el Partido Liberal se fue desdibujando y del otrora glorioso Partido solo quedó un trapo rojo, la oferta de burocracia por votos y la pésima imagen que tiene ante muchos colombianos. La evidencia de esa mala imagen está en las últimas elecciones, cuando un candidato obtuvo el 51% de los votos en la primera vuelta, desacatando las órdenes de muchos caciques, de ex presidentes y de agitadores por vocación como Piedad Córdoba. La ambición desmedida, plasmada en la operación avispa; la carencia de identidad y las colchas de retazos que arma a último momento para garantizarse una cuota de poder (recordemos lo que ocurrió en Bogotá cuando despreciaron a su candidato oficial Jaime Castro y se fueron a la sombra del árbol más grande en las encuestas, que era Luis Garzón) han llevado al Partido Liberal a una agonía sin precedentes.
Pero también está Samper. El tiene claro que su sombra acaba con los retoños: por eso ha decidido distanciarse de Horacio Serpa para que éste no se vea tan oscuro y contaminado. Además, Samper ha detectado graves fallas en la Constitución del 91, denunciando que el Presidente tiene muchas obligaciones por las que no puede responder: dirige la política criminal pero la ejecuta de manera independiente la Fiscalía. Encabeza la política económica, pero el Banco de la República es autónomo en el manejo macroeconómico del país y así sucesivamente.
Y Horacio. Recuerdo que en 1992 Serpa se desempeñaba como Procurador General, después de ejercer el cargo de Consejero de Paz en el gobierno Barco. Como olvidar la negociación que se hizo en aquellos tiempos con los paramilitares del Magdalena Medio, la entrega de armas por parte de Ariel Otero y su gente en cercanías a Puerto Boyacá. Supuestamente el país quedaba libre de paramilitares. En aquel entonces el acalde de Puerto Boyacá era Gustavo González. El alcalde también informaba que los paramilitares ya no existían. Pero dos días después de entrevistarlo, él y su hijo fueron secuestrados, asesinados y sus cadáveres lanzados al río Magdalena. Ante la situación, una periodista que trabajaba conmigo le preguntó a Serpa sobre la supervivencia de los paramilitares y el le dijo: “eso no existe”. ¿Error de apreciación o tierrita para tapar la embarrada?
El liberalismo agoniza como en su momento Terry Schiavo. Falta ver hasta cuando lo van a seguir alimentando en su estado vegetal o le van a desconectar el alimento hasta que muera por inanición. Y no está lejos de eso, pues Uribe está librando una batalla sin precedentes para desconectar a ese pobre enfermo que no tiene posibilidades de recuperarse: el Partido Liberal Colombiano.

En Honduras las Farc son un cártel de narcotraficantes

Información suministrada por la bitácora www.omaredgardorivera.blogspot.com

Como ocurrió en Colombia con Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, las Farc han consolidado en Honduras una estructura operativa y financiera que tiene alarmadas a las autoridades del país centroamericano.
Los colombianos ya sabemos los resultados del crecimiento de esas estructuras delincuenciales: vivimos el terrorismo del cártel de Medellín, presenciamos la muerte de miles de niños y jóvenes en la guerra contra Pablo Escobar; fuimos testigos del aniquilamiento de una generación de jóvenes antioqueños que se dejaron cautivar por la cultura narco. También hemos padecido la corrupción y el cinismo que generan los dineros del narcotráfico en las diferentes esferas de la sociedad y de la política. Estamos viendo las consecuencias de la penetración del narcotráfico en la vida colombiana: Medellín perdió una generación que se acostumbró al dinero fácil y Cali perdió su gobernabilidad, su brillo y sus empresas en manos de aquellos que, enamorados de la vida opulenta y ostentosa de los narcos, no solo recibieron sus sobornos sino que saquearon las arcas municipales para saciar su apetito de dinero. Por todo lo anterior, no se puede ser indiferente ante la situación que vive Honduras con el establecimiento de las Farc como socios fundamentales del narcotráfico.
El subtitular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Alfredo Landaverde, en declaraciones al diario El Heraldo de Honduras (2003-12-06) señaló que su lucha contra el narcotráfico “es un éxito terrible en el que se desenmascara todavía más cómo el narcotráfico y el crimen organizado han hecho presa de nuestra sociedad en todos los niveles”.
Ahora las Farc lideran el narcotráfico en Honduras. El 30 de marzo pasado, también El Heraldo informó que “a raíz de la desarticulación en Honduras de una de las supuestas células de las Farc, cabecillas de este grupo guerrillero planifican secuestrar a un alto funcionario de este país centroamericano”. En la misma nota el diario señaló que “el secuestro sería en contra de un alto funcionario hondureño que está involucrado en la captura, el Domingo de Ramos, de Diana Xiomara Montoya y Gregorio Reyes Arzú, supuestamente vinculados al movimiento terrorista. De igual forma, los organismos de inteligencia, según El Heraldo, tienen información en el sentido de que las Farc estarían diseñando la ejecución de atentados contra la vida del presidente Ricardo Maduro y del ministro de Seguridad Óscar Álvarez.
Mientras que en Colombia las Farc mantienen su fachada de guerrilla, en Honduras muestran su verdadero rostro: el de un cártel de narcotraficantes. Que la guerra se esté financiando con el dinero de las drogas no es nada nuevo. Lo revelador es que las Farc han puesto sus ojos y su garras en Honduras como su paraíso para el delito, teniendo al país centroamericano no solo como centro de acopio de drogas y armas, sino también utilizando el territorio para los canjes y las rutas seguras que necesitan para la prosperidad de los dos negocios ilegales más rentables en el mundo: el narcotráfico y el mercado negro de armas.
Colombia no solo debe brindar el apoyo solidario para que las Farc no incendien a Honduras. Es fundamental que ambos Estados muestren ante el mundo la funesta cara actual de las Farc: narcotraficantes amparados y muchas veces patrocinados por organismos internacionales como la Ong danesa Rebelión.
Penetración en todas las esferas socio-políticas del país. Capturas de enlaces. Amenazas de secuestro y asesinato a las autoridades que osan enfrentarlos. ¿Este no sería un resumen escueto de los ingratos recuerdos de las actividades de los cárteles de la droga en Colombia? Lamentablemente esto también es una síntesis de lo que están haciendo las Farc en Honduras.

Colombia ya recorrió ese doloroso camino. Personas como don Guillermo Cano, Luis Carlos Galán y el coronel Ramírez (director en ese entonces de la Policía Antinarcóticos asesinado en Bogotá), son los nombres de quienes podrían encabezar la lista de miles de personas que murieron por su lucha contra el narcotráfico.

¿Quién denunció al Presidente?

La denuncia presentada en la Florida contra el presidente Uribe y algunos de sus colaboradores, tiene visos cada vez más fuertes de revancha corporativa y revela una estrategia legal para distraer la atención de la opinión pública de las irregularidades que cometió una empresa petrolera en Colombia.
La denuncia fue interpuesta por los abogados de la firma Llanos Oil Exploration Ltd. Esta empresa, con matrícula mercantil 0000225404 de la Cámara de Comercio de Bogotá y cuya dirección registrada es la calle 72 # 7 – 82, oficina 301, fue contratista de ECOPETROL durante varios años. Entre los socios de esta empresa figuran los generales del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel (actual embajador en Corea), Ramón Niebles Uscátegui (ex gerente de Indumil), Jesús María Vergara, Manuel Humberto Murillo y Farouk Yanine Díaz, quien al ser consultado por El Tiempo, aseguró que en 1997 él se encontraba en Estados Unidos en la Escuela Interamericana de Defensa y luego estuvo preso para responder por cargos ante la Fiscalía colombiana por presunto paramilitarismo, de los cuales fue absuelto. “No conozco nada de eso. No soy socio de nadie ni he recibido adjudicación de contratos del Estado. ¿Con qué plata? Yo vivo de mi sueldo, soy un hombre retirado del Ejército que vivo de mi sueldo”, sostuvo.
Según un reporte de la Fiscalía General de la Nación, en una investigación sobre las anomalías que se presentaron en la desaparecida Caja Agraria, fue detectado un crédito concedido en septiembre de 1998 a la sociedad Llanos Oil Exploration Ltda, por $800 millones. Para esta transacción se aceptó como prenda de garantía un inmueble cuyo pagaré no fue firmado por el propietario. Además, para esa época sobre tal propiedad pesaba otra hipoteca. Más información en: http://www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/Bol2001/diciemb/bol299.htm
Un año después, en 1999, ECOPETROL canceló un primer contrato adjudicado a Llanos Oil Exploration Ltd., por carencia de respaldo financiero para la tarea adjudicada.
En ese entonces, el Presidente de Llanos Oil Exploration Ltd. era el holandés Hendrik van Bilderbeek, de 50 años, quien está detenido en Bogotá desde septiembre del año pasado, acusado de lavado de activos. Sobre el particular, la revista Cambio informó “que Hendrik Van Bilderbeek y Jorge Vicente Lozano, gerentes y representantes legales de las compañías Llanos Oil Exploration y Servicios Petroleros del Caribe, fueron detenidos al ser considerados por las autoridades como los cerebros de una empresa de lavado de dólares”. Es importante señalar que Jorge Vicente Lozano fue gerente en la desaparecida Caja Agraria, entidad en la que se presentó el préstamo sin respaldo que ya mencionamos.
En el mismo informe, se afirma que “en mayo de 2003, Bilderbeek obtuvo un contrato con Ecopetrol por 2,5 millones de dólares para la exploración de campos petroleros. Pero el negocio se fue a pique y las firmas entraron en una grave crisis económica porque no lograron más contratos. Todo indica que eso los llevó a buscar fuentes de ingreso non sanctas y que prestaron sus cuentas para lavar dineros del exterior con destino al Bloque Centauros de Miguel Arroyave y a otros comandantes que hoy están concentrados en Ralito”. ( más información en www.arlac.be/COLOMBIA/2004/ralito1.htm )
El segundo contrato cancelado por ECOPETROL a Llanos Oil, que origina la denuncia en Estados Unidos, tiene que ver con la exploración de petróleo en el campo Las Nieves, en el departamento del Cesar. Este contrato fue cancelado por la iliquidez de la empresa que no constituyó una reserva de 2.3 millones de dólares y la carta de crédito, exigencia establecida y acordada en el contrato entre la petrolera estatal y Llanos Oil, fue rechazada por ECOPETROL. Roto el contrato y con la necesidad imperiosa de encontrar nuevos yacimientos de petróleo, cuatro meses después (es decir 120 días y no 19 como dicen los denunciantes) ECOPETROL firmó el contrato con la firma Drumond, que ya adelantaba la perforación de dos pozos en La Loma, Cesar. El 23 de diciembre de 2003, la Junta Directiva de ECOPETROL avaló el contrato. El representante del presidente en dicha junta es Fabio Echeverri, quien justamente NO asistió a la reunión de ratificación del contrato entre ECOPETROL y la Drumond.
En resumen, Llanos Oil Exploration Ltd está cuestionada ante la Fiscalía por un préstamo por 800 millones de pesos, que respaldó con una propiedad hipotecada. De igual forma, la empresa perdió un primer contrato en 1999 y después su presidente Hendrik van Bilderbeek fue detenido en una operación conjunta entre la DEA y el DAS para desmantelar una red de lavado de activos. En esa operación, además de Bilderbeek, fue detenido Andrés Vélez, jefe de prensa de las AUC en Ralito. También fueron capturadas otras 22 personas, algunas de las cuales están colaborando activamente con las autoridades.

Queda claro el talante de la firma denunciante y parece confiable la hipótesis de una retaliación judicial contra el gobierno y el Estado colombiano. Sin embargo, los argumentos de la querella dejan una sola pregunta que debe ser aclarada: ¿Cuál fue la relación de Fabio Echeverri con la Drumond?

(Si alguien tiene documentos, pruebas o enlaces para complementar esta información o corregirla, favor enviarlos al correo blogatrabilioso@yahoo.com)

¡Que brutos!

La decisión de las Farc de asesinar al presidente Uribe es una completa insensatez, pues de cumplir este propósito, tendrían que asumir un costo sociopolítico, nacional e internacional, de incalculables proporciones.
Si las Farc asesinaran al Presidente conseguirían, en primer lugar, cohesionar al país en torno a la destrucción de la guerrilla. Si ahora hay debate y algunas voces aisladas piden diálogo, con la muerte de Uribe se acabaría la polarización y esas voces serían acalladas y señaladas directamente como cómplices del magnicidio. Además, creo que muy pocos se atreverían a cuestionar las acciones militares en contra de los terroristas después del asesinato del Presidente. Otro cálculo que no han hecho las Farc es que eliminando a Uribe lo convierten en mártir y los colombianos comenzarían a ver, como ocurre con todos los muertos, solo las cosas buenas y sería apreciada, y hasta entendida por la mayoría, su obsesiva gestión para acabar con la guerrilla.
Lo cierto es que el embeleco de las Farc de asesinar al Presidente también fortalece la imagen mesiánica de Uribe, pues los colombianos vemos como reta a diario a la guerrilla más antigua y mediocre del mundo. Lo peor es que al emprender estas acciones, las Farc le envían un recordatorio a toda la Nación sobre los motivos para elegir a Uribe hace casi tres años: rememoran una guerrilla desenfrenada escalando el conflicto, aumentando secuestros y manejando cultivos ilícitos, en zonas en donde no podía hacer presencia el Estado.
Lo más grave es que las Farc no consideran la posibilidad de replegarse (nunca lo han hecho). De emprender ese repliegue, perderían la dinámica guerrillera inherente a su naturaleza y desecharían del todo el escaso ascendente social que aún conservan.
Todo lo anterior demuestra que la estrategia de Uribe ha funcionado muy bien y tiene contra las cuerdas a la guerrilla (para eso lo elegimos). Esa estrategia no se llama Seguridad Democrática ni Plan Patriota: la estrategia busca arrinconar a las Farc, ahorcarlos en su propia cuerda para quitarles poco a poco el oxígeno y llevarlos a la desesperación de cometer continuos errores imperdonables frente a la Nación y frente a la comunidad internacional. Esto es evidente en el caso Toribío, cuya toma ha generado el rechazo de la comunidad internacional por la violación del DIH: desconocieron el principio de distinción entre civiles y combatientes, asesinaron a un niño de 10 años y ocuparon una escuela para atrincherarse: La ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional ya condenaron el hecho.
Sin embargo, tantos intentos fallidos demuestran que la amenaza de las Farc es seria y que el Presidente debe dejar de lado el heroísmo y comenzar a pensar como Primer Mandatario y no como el ciudadano Uribe. Esto significa que debe asumir la misma responsabilidad en cuanto a su seguridad que, por obligación, tiene que enfrentar un presidente de los Estados Unidos. Sería bueno que uno de los asesores presidenciales le recordara a Uribe que él ya no es un ciudadano común y que ostenta la dignidad presidencial, con derechos y deberes. En Estados Unidos, el Presidente solo le debe obediencia a una persona sobre el planeta: a su jefe de seguridad, quien le dice a donde ir y a donde no; como y en qué momento moverse; a quienes debe y a quienes no debe saludar... en fin, el jefe de seguridad de la Casa Blanca es acatado y obedecido sin chistar: si el Presidente está en una reunión y hay una amenaza, el mencionado funcionario puede interrumpirla y, como dicen los gringos, “extraer” al Mandatario para llevarlo a un sitio seguro.
Con la situación actual se evidencia que la cabeza de Uribe tiene un alto precio para las Farc y por eso cualquiera de los mercenarios que trabajan para esa organización está dispuesto a hacer lo que sea para ganarse el dinero: lo ocurrido en Neiva es ya el colmo, pues uno o dos sujetos tuvieron la oportunidad de disparar un cohete contra la “cafetera presidencial”, desde el techo de una casa. El problema, en esta oportunidad, es que no sabían manejar el arma y la accionaron muy temprano. Pero cuidado, que "tanto va el cántaro al agua"...