Comprar la producción de coca: una propuesta peligrosa

En las últimas horas el Presidente anunció que el Estado les compraría a los campesinos del Meta, la producción de los sembrados de coca.
Con la propuesta se abre un debate sobre uno de los temas más sensibles para los colombianos, pues está medida tiene tanto de largo como de ancho. Que el Estado compre la producción de una empresa ilícita es cuestionable. Que una parte de los recursos del Estado se destinen a la compra de hoja de coca es criticable, pues los beneficiarios finales de ese dinero podrían ser los cabecillas de las Farc o de las AUC: Es sabido que los narcoterroristas son propietarios de miles de hectáreas sembradas con coca y amapola, pues en la diversificación propia del negocio, han pasado de cobradores de peaje, llamado impuesto al gramaje, a ser propietarios de sembradíos que además custodian con los niños combatientes de siempre. Entonces, después de algunos desvíos, practicando sus habilidades para el lavado, seguramente los máximos receptores del dinero serían los dirigentes de los grupos armados ilegales.
Otro asunto preocupante es que el lanzamiento de la osada propuesta, como ocurre en cualquier economía de mercado, hará que el precio del producto suba e incluso duplique su valor. En ese evento, el Estado pagaría mucho más de lo que realmente vale el producto en el mercado negro del narcotráfico. Eso, sin muchas vueltas, es un despropósito.
En este mismo sentido, es preocupante que el país solo conozca el título de la propuesta y no el contenido, los pormenores y detalles de la misma, porque sería muy grave que el presidente Uribe hubiera lanzado semejante bomba sin un análisis profundo, por lo menos con sus más cercanos colaboradores. Pero también inquieta que esta propuesta sea solo una frase suelta, porque el asunto debe tener un contenido, un seguimiento y unos controles especialmente estrictos.
Si algo afecta a los productores de coca es justamente la dificultad para vender, la imposición de condiciones por parte de los compradores y la incertidumbre de un mercado ilícito. Pero, al ser el Estado el comprador, obviamente el cultivo de coca se torna en un sembrado virtualmente legal y eso motivaría la difusión de la siembra de coca.
Entonces, ya que el Presidente anunció el plan de compra, es urgente que la Casa de Nariño informe todos los detalles del tema, porque surgen dudas que deben ser resueltas prontamente, como por ejemplo, los mecanismos que se operarán para que los campesinos que vendan el producto, adquieran un compromiso para erradicar manualmente sus cultivos, pues, de lo contrario, no tendría ningún sentido la inversión del Estado en la compra de coca.
Además, la compra debe hacerse con lupa, evitando que narcoguerrilleros, narcoparamilitares, testaferros o narcotraficantes, tengan acceso a esos dineros, pues sería una imprudencia de enormes dimensiones, que el dinero que se debe destinar a los programas bandera del gobierno, termine en manos de los terroristas.
Otro asunto preocupante es el destino que se le dará a la producción que compre el Estado: poner ante semejante tentación a funcionarios públicos y a los miembros de las Fuerzas Armadas es añadirle a las seducciones del dinero y de los delincuentes, una arandela más que puede degenerar en un incremento de la corrupción.
El gobierno nacional no se puede llamar a engaños: el anuncio de comprar la cosecha de coca tiene que ser reflexionado y debatido por el país y una decisión de semejante magnitud no se puede tomar a la ligera. El General Castro, Director de la Policía Nacional, aseguró que la práctica de comprar la ubicación de cultivos ilícitos y de pasta de coca es cotidiana y que la información hay que pagarla. Pero una cosa es la información y otra muy distinta un producto ilícito que es el combustible del conflicto en Colombia.El tema de los cultivos ilícitos debe ser abordado con seriedad y estudiarse a fondo las alternativas existentes hasta el momento: compra de la cosecha, sustitución de cultivos, erradicación manual o fumigación; o todas estas tácticas activas, pero teniendo claros los objetivos y las consecuencias detalladas de cada medida.