¿Justicia y paz para condenados?

El traslado de alias Don Berna a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, es una indicación clara del destino que tendrán centenares de paramilitares que hayan cometido crímenes de lesa humanidad o que hayan estado a la cabeza de operaciones de narcotráfico.
Muchos se quejaban de la prisión que le había otorgado el gobierno Uribe a Adolfo Paz, pues era una finca en el departamento de Córdoba. Sin embargo, la medida del traslado demuestra que el proceso no incluirá hoteles cinco estrellas para aquellos que han delinquido en las filas del paramilitarismo. El propio Presidente sostuvo que "la reclusión por los delitos atroces tiene que ser seria".
La medida fue celebrada por Estados Unidos cuyo Embajador calificó como un hecho "valiente e importante". El pronunciamiento de Wood se produjo después de las tensiones que se generaron entre los gobiernos colombiano y estadounidense cuando Álvaro Uribe dejó en espera la extradición de Diego Murillo Bejarano. Ante el anuncio, el embajador William Wood aseguró que "Estados Unidos continuará demandando la extradición de todos aquellos quienes han violado sus leyes y perjudicado los intereses estadounidenses”. Lo cierto es que Estados Unidos ha presionado fuertemente para lograr la extradición de Don Berna, pues es considerado por la justicia de ese país como uno de los más importantes capos del narcotráfico que de paso sea dicho, tiene la capacidad de paralizar a Medellín con una simple orden a sus cuadros de mando que todavía tienen poder en la capital antioqueña.
De otro lado, el traslado de Don Berna a la cárcel de Cómbita generó una gran preocupación entre los jefes paramilitares que se reunieron en un lugar de la Costa Caribe y en el Magdalena Medio. En un escueto comunicado, el jefe político de las AUC, Iván Duque, le recordó al gobierno que "había unos acuerdos muy claros. Lo que ocurrió va en contravía de una serie acuerdos y entendimientos a los que habíamos llegado".
No obstante, la ley de Justicia y Paz sigue generando dudas por cuenta de los guerrilleros oportunistas que están recluidos en esa misma prisión de máxima seguridad, pues fueron capturados, nunca entregaron sus armas y peor aún, fueron vencidos en juicio. Si la decisión de beneficiarlos con la ley de Justicia y Paz está en estudio, pues hay que encender todas las alarmas, porque la la Ley es clara:

"Para acceder al beneficio de la pena alternativa –que oscila entre 5 y 8 años – se establecen tres canales de ingreso. En el caso de las desmovilizaciones colectivas es requisito la desmovilización y desmantelamiento del grupo armado ilegal, la entrega de todos los bienes ilícitos, así como la entrega de secuestrados y de los menores que se encuentren dentro de las filas. En el caso de la desmovilización individual, deberá brindarse información o colaboración eficaz para el desmantelamiento del grupo al que se pertenecía. Una tercera vía de ingreso es para miembros de grupos ilegales con los que se alcancen acuerdos humanitarios; en este caso el Presidente podrá fijar las condiciones que considere pertinentes para la adecuada aplicación del instrumento. Ningún delito cometido antes de la pertenencia al grupo armado ilegal, ni después de la desmovilización, será cobijado por el beneficio de la pena alternativa. No se interfiere tampoco con los procesos de extradición en marcha, ni con requerimientos de tribunales internacionales”.

Pero si ya fue aprobado esta acogida masiva de guerrilleros detenidos y condenados, se están desconociendo los condicionantes de la ley: el que se acoja a un proceso de paz, entregue sus armas y se desmovilice puede acceder a los beneficios y lo cierto es que ninguno de estos tres requisitos es cumplido por los guerrilleros que solo buscan rebajar la pena y no tienen nada con que negociar.
Es que el absurdo más grande está en el caso de Fernando Arellán, uno de los autores materiales del atentado contra el club El Nogal. El individuo ahora se quiere acoger a la ley de Justicia y Paz, después de ser capturado en un hotel en El Espinal, Tolima, cuando intentaba obtener documentos falsos para movilizarse.
Hay que hacer una diferenciación: el que estando activo en un grupo terrorista se acoja a un proceso de paz (no vale la captura), entregue sus armas y confiese TODOS los crímenes, es un candidato para los beneficios. ¿Pero qué sentido tiene entregarle beneficios a una persona que ha sido capturada y condenada, no ha entregado armas ni información y no se ha comprometido a abandonar la actividad terrorista? El guerrillero que se entregue y se acoja, bienvenido sea. Lo mismo un paramilitar. Pero el capturado y procesado NO debe tener ninguna prerrogativa distinta a las que otorga la ley, que de paso sea dicho, son muchas y muy generosas.
Claro que el proceso de paz, y de paso la ley de Justicia y Paz, recibieron un fuerte espaldarazo. Además de la decisión de la Unión Europea de apoyar, con restricciones, el proceso con los paramilitares, Bill Clinton y eventualmente George Bush padre, encabezarán un grupo de consultores y verificadores de los procesos de paz que se realicen en Colombia, incluido, por supuesto, el actual proceso con los paramilitares. El ex presidente Clinton aceptó liderar el grupo en una reunión con el presidente Uribe a la que también asistió el nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, Andrés Pastrana. El grupo tiene el aval de la administración Bush y el Departamento de Estado viene considerando la participación de otras personalidades.