Se inhibió la Corte

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Un hombre asesina a otro en una riña callejera. El homicida es conducido a la cárcel, la Fiscalía investiga y decide que el sujeto deberá ir a juicio. Después de largas jornadas, alegatos, entrega de documentos y pruebas el juez se pronuncia sobre el asunto: decide inhibirse frente a la culpabilidad o inocencia del acusado. ¿Es eso posible?
Pues parece que si, después del fallo de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto en casos excepcionales. Lo que uno espera de un juez, y los Magistrados de la Corte lo son, es que expida una sentencia, a favor o en contra, de lo que está analizando.
Pero no. Resulta que los magistrados de la Corte Constitucional se han adjudicado las mismas prerrogativas de un ente investigador o de un organismo acusador como es la Fiscalía, que tiene, entre otras facultades, la de inhibirse frente a una acusación por no encontrar méritos suficientes. Sin embargo, esto ocurre antes de llevar el caso ante un juez.
Los argumentos de la Corte Constitucional para inhibirse se basan en que los demandantes pidieron una sentencia modulada, es decir, que añadiera algunos elementos de exclusión a las penas por el delito de aborto, entre otros aspectos. Esto significa que la demanda fue mal presentada o no reunía los requisitos para ser estudiada por la Corte Constitucional. Queda entonces la pregunta: ¿porqué la recibieron y aceptaron?. Es que dentro de las facultades que tiene la Corte está el admitir o no una demanda de inconstitucionalidad. Pero una vez admitida se supone que los ciudadanos deben esperar un fallo a favor o en contra de la demanda.
Las anteriores decisiones de la Corte Constitucional, la de la reelección y la de la ley de garantías, demuestran que el país está frente a un grupo de 9 personas que legislan y vulneran la Constitución de manera constante. Es más: pareciera que le Estado quedó sometido a los caprichos de 9 funcionarios judiciales que hacen lo que les da la gana frente a temas complejos que merecen algo más que una inhibición.
Este último pronunciamiento pone en tela de juicio la seriedad de la Corte Constitucional y, por ende, quedan seriamente cuestionadas sus decisiones. ¿Realmente era exequible la reelección? ¿Jurídicamente era adecuada a la Carta la ley estatutaria de garantías electorales?
Es que frente a esta última, las dudas están en el ambiente: la Corte Constitucional modificó la mayoría de los artículos de la ley de garantías, añadió, quitó, hizo y deshizo y sin embargo, lo que cualquier ciudadano espera es que sencillamente se pronuncien y emitan un dictamen sobre lo que están analizando y no que decidan convertirse en poder legislativo y adecuar las normas a su buen saber y entender.
Soy amigo de la reelección. No tengo objeciones frente a la ley de garantías, excepto ese control de medios que se les ocurrió a 30 liberales oficialistas en el Congreso (liderados por Juan Fernando Cristo) y que respaldó y afianzó la Corte Constitucional; pero eso implica que quiero que esas decisiones estén perfectamente ajustadas a la Constitución, que no existan mantos de dudas sobre la legalidad y apego constitucional de las decisiones, porque a pesar de tener centenares de objeciones sobre la Carta del 91, es nuestra Carta Política y la ley de leyes que rige los destinos del Estado. Parece que llegó la hora de pensar en una Asamblea Constituyente que realmente resuelva los vacíos de la Constitución del 91, que precise los alcances, las atribuciones y facultades que tienen las Cortes, porque además de los caprichos de los magistrados de la Constitucional, está el constante enfrentamiento entre los máximos tribunales de justicia y el continuo choque de trenes que perjudica la débil estabilidad jurídica de Colombia.