Una vez más a la Fiscalía General le sale mal una captura masiva. Esta vez fue la detención de 20 indígenas paeces en el Cauca, acusados de tener vínculos con las Farc. Una semana después, los 20 detenidos recobraron la libertad por falta de pruebas.
Es preocupante que en Colombia esté haciendo carrera la captura sin pruebas y la judicialización por testimonios que no son confirmados: si en la prensa uno de los preceptos fundamentales es confirmar las afirmaciones de las fuentes con otras fuentes o documentos distintos (porque se está manejando la honra de personas o instituciones), con mayor razón deben hacerlo las autoridades judiciales que tienen en sus manos la libertad de los nacionales.
Está visto que el tema de las detenciones en masa no funciona, máxime si tenemos en cuenta la precariedad de la justicia colombiana. Además, estas detenciones solo sirven para desprestigiar al aparato judicial y la retractación, aunque es muy positiva, cuando se vuelve recurrente es un síntoma inequívoco de error de táctica o de estrategia.
Internacionalmente, la captura en masa es uno de los temas centrales de las preocupaciones que despierta el gobierno Uribe, pues no parece prudente ni ajustado el tomar la decisión de someter a la justicia a un grupo de personas ya que en el tema penal siempre ha predominado la individualización del delito. Peor aún cuando esos ciudadanos arrestados son liberados por falta de pruebas.
La liberación de los 20 indígenas coincide con la publicación del informe de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos que señala precisamente este problema: “Las fuerzas de seguridad procedieron a la detención masiva, y a menudo irregular, de centenares de civiles, en especial campesinos, defensores de los derechos humanos, dirigentes comunitarios y sindicalistas”.
“Muchas de estas detenciones se llevaron a cabo exclusivamente en función de informaciones facilitadas por informantes a sueldo, práctica luego cuestionada por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH”.(El Tiempo.com mayo 25)
Lo más grave es que el Estado ofrece con estas acciones una oportunidad de oro para aquellos que cuestionan al gobierno y lo señalan como violador de los derechos humanos, pues además estos informes enlazan temas aislados, y que no tienen relación aparente, y los incluyen en un mismo paquete. Sobre el caso de las detenciones masivas el informe de Amnistía Internacional “sostiene que, con posterioridad, se amenazó o dio muerte a muchas de las personas que se detuvieron irregularmente pero que luego fueron liberadas por falta de pruebas”.
La facilidad que tienen la mayoría de ONG para hacer conexiones entre dos situaciones diferentes es sorprendente y es una práctica común en su discurso, pues uniendo detenciones con ejecuciones consiguen más figuración mediática y por ende, más recursos y adeptos. En este sentido, la mayoría de ONG buscan el sensacionalismo y el amarillismo en sus informes, pues captan la atención del público y de los donantes que ven, a quienes proclaman esos discursos, a verdaderos adalides de las libertades.
Pero también sorprende la ingenuidad de la Fiscalía y del gobierno nacional de seguir tozudamente aplicando esta táctica equivocada que simplemente les proporciona a sus enemigos, todo el material para su propio desprestigio.Se requiere entonces, maximizar el esfuerzo para que cada detención sea efectiva y para que la judicialización individual prospere, pues nadie está exigiendo (tampoco mejora la imagen ni la percepción) que se detenga a todo un pueblo para que unos días después quede en libertad, dejando de paso, un amargo sabor de injusticia: es mejor pájaro en mano que cien volando.
Es preocupante que en Colombia esté haciendo carrera la captura sin pruebas y la judicialización por testimonios que no son confirmados: si en la prensa uno de los preceptos fundamentales es confirmar las afirmaciones de las fuentes con otras fuentes o documentos distintos (porque se está manejando la honra de personas o instituciones), con mayor razón deben hacerlo las autoridades judiciales que tienen en sus manos la libertad de los nacionales.
Está visto que el tema de las detenciones en masa no funciona, máxime si tenemos en cuenta la precariedad de la justicia colombiana. Además, estas detenciones solo sirven para desprestigiar al aparato judicial y la retractación, aunque es muy positiva, cuando se vuelve recurrente es un síntoma inequívoco de error de táctica o de estrategia.
Internacionalmente, la captura en masa es uno de los temas centrales de las preocupaciones que despierta el gobierno Uribe, pues no parece prudente ni ajustado el tomar la decisión de someter a la justicia a un grupo de personas ya que en el tema penal siempre ha predominado la individualización del delito. Peor aún cuando esos ciudadanos arrestados son liberados por falta de pruebas.
La liberación de los 20 indígenas coincide con la publicación del informe de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos que señala precisamente este problema: “Las fuerzas de seguridad procedieron a la detención masiva, y a menudo irregular, de centenares de civiles, en especial campesinos, defensores de los derechos humanos, dirigentes comunitarios y sindicalistas”.
“Muchas de estas detenciones se llevaron a cabo exclusivamente en función de informaciones facilitadas por informantes a sueldo, práctica luego cuestionada por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH”.(El Tiempo.com mayo 25)
Lo más grave es que el Estado ofrece con estas acciones una oportunidad de oro para aquellos que cuestionan al gobierno y lo señalan como violador de los derechos humanos, pues además estos informes enlazan temas aislados, y que no tienen relación aparente, y los incluyen en un mismo paquete. Sobre el caso de las detenciones masivas el informe de Amnistía Internacional “sostiene que, con posterioridad, se amenazó o dio muerte a muchas de las personas que se detuvieron irregularmente pero que luego fueron liberadas por falta de pruebas”.
La facilidad que tienen la mayoría de ONG para hacer conexiones entre dos situaciones diferentes es sorprendente y es una práctica común en su discurso, pues uniendo detenciones con ejecuciones consiguen más figuración mediática y por ende, más recursos y adeptos. En este sentido, la mayoría de ONG buscan el sensacionalismo y el amarillismo en sus informes, pues captan la atención del público y de los donantes que ven, a quienes proclaman esos discursos, a verdaderos adalides de las libertades.
Pero también sorprende la ingenuidad de la Fiscalía y del gobierno nacional de seguir tozudamente aplicando esta táctica equivocada que simplemente les proporciona a sus enemigos, todo el material para su propio desprestigio.Se requiere entonces, maximizar el esfuerzo para que cada detención sea efectiva y para que la judicialización individual prospere, pues nadie está exigiendo (tampoco mejora la imagen ni la percepción) que se detenga a todo un pueblo para que unos días después quede en libertad, dejando de paso, un amargo sabor de injusticia: es mejor pájaro en mano que cien volando.
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