Hay tres columnistas colombianos cuyos comentarios son monotemáticas: María Jimena Duzán, Ramiro Bejarano y Alfredo Molano. Semanalmente, estos tres mosqueteros de la oposición, exponen sus mejores armas para convencer a los colombianos de la inconveniencia de Uribe en el poder.
Aunque el asunto de fondo siempre es el mismo, todo lo de Uribe es irremediablemente malo, los temas para lanzar sus ataques generalmente difieren. Pero eso no ocurrió este fin de semana. Por el contrario: los tres coincidieron de manera unánime sobre el tema de combate: el delito político.
Maria Jimena Duzán afirmó que “para ser un uribista integral se requiere ser débil mental: no sólo hay que negar la existencia de un conflicto armado, sino también pedir la abolición del delito político”. (El Tiempo, mayo 23)
La de Alfredo Molano es histórica, por decir lo menos. En El Espectador, el columnista hace un breve recorrido por la historia del delito político afirmando que esta figura jurídica nació para proteger a las élites que comandaban las masas en conflicto, pues los mandos de estas guerras eran los hacendados, los comerciantes y los usureros. “El partido que ganaba la contienda redactaba una nueva constitución y todos los jefes eran amnistiados. El delito político era pues una especie de cláusula de garantía para las élites guerreantes”.
Más adelante añade: “tal como van las cosas, los guerrilleros serán considerados a partir de ese instante delincuentes comunes y no los cobijaría el proyecto que el Congreso está a punto de convertir en ley. La intención de abolir el delito político podría servir de mascarón de proa de una nueva mutilación de las libertades públicas”. Las libertades públicas a las que se refiere Molano, son explicadas por Ramiro Bejarano: “Mientras subsistan las condiciones sociales y políticas donde germinan la rebelión, la asonada y la sedición, subsistirá también la necesidad de seguir tratando a los delincuentes políticos de manera diferente que a los asesinos, ladrones y secuestradores.”
De igual forma, no se entiende como Molano asegura que el delito político protege a las élites guerreras, pero se aterra que le quieran retirar ese “privilegio” a los luchadores sociales de las Farc. ¿Entonces el país tiene que defender los privilegios que les da la ley a los terroristas?
El mensaje del gobierno es claro: si alguien quiere negociar, este es el momento. Le quedan dos años para hacerlo. Después, irán a las cárceles o a los cementerios como simples delincuentes comunes, fortalecidos por el dinero del narcotráfico. Y ojo, porque esto se aplica a todos los actores del conflicto. Las Autodefensas tendrán que ajuiciarse en Ralito, tendrán que cumplir con los acuerdos, deberán cumplir con el cese de hostilidades y contribuir con el desmonte de aparato paramilitar que existe en Colombia.
Con la posición de Duzán, Molano y Bejarano, queda claro que padecen, ellos si, alguna debilidad mental, pues han olvidado, en su defensa a favor de las Farc, algunos detalles de trascendencia mundial: 119 muertos en Bojayá, Chocó, el 2 de mayo de 2002. No recuerdan los 33 muertos en el atentado contra el club El Nogal el 7 de febrero de 2003. También olvidaron el atentado con granadas en la Zona Rosa de Bogotá en noviembre del mismo año. No recuerdan, porque no lo han vivido, los días sin servicio eléctrico que padecen constantemente los habitantes de Arauca, gracias a la voladura de torres de energía. La memoria reciente de estos comentaristas tampoco tiene registrado el atentado contra la válvula de Chingaza, que de haber tenido éxito, hubiese borrado del mapa varias poblaciones de Cundinamarca y del Meta y una buena parte de Villavicencio. ¿Estas son acciones políticas? ¿Estas acciones son producto de las libertades públicas?
Lo que están desconociendo estos comentaristas es que esta medida podría presionar a las Farc a realizar un viraje político. Una cosa es ser delincuentes políticos y considerar sus acciones como sujetas a una negociación para el perdón y otra, muy distinta y grave, es que sus actos terroristas sean contemplados solo a la luz del Código Penal.
Aunque el asunto de fondo siempre es el mismo, todo lo de Uribe es irremediablemente malo, los temas para lanzar sus ataques generalmente difieren. Pero eso no ocurrió este fin de semana. Por el contrario: los tres coincidieron de manera unánime sobre el tema de combate: el delito político.
Maria Jimena Duzán afirmó que “para ser un uribista integral se requiere ser débil mental: no sólo hay que negar la existencia de un conflicto armado, sino también pedir la abolición del delito político”. (El Tiempo, mayo 23)
La de Alfredo Molano es histórica, por decir lo menos. En El Espectador, el columnista hace un breve recorrido por la historia del delito político afirmando que esta figura jurídica nació para proteger a las élites que comandaban las masas en conflicto, pues los mandos de estas guerras eran los hacendados, los comerciantes y los usureros. “El partido que ganaba la contienda redactaba una nueva constitución y todos los jefes eran amnistiados. El delito político era pues una especie de cláusula de garantía para las élites guerreantes”.
Más adelante añade: “tal como van las cosas, los guerrilleros serán considerados a partir de ese instante delincuentes comunes y no los cobijaría el proyecto que el Congreso está a punto de convertir en ley. La intención de abolir el delito político podría servir de mascarón de proa de una nueva mutilación de las libertades públicas”. Las libertades públicas a las que se refiere Molano, son explicadas por Ramiro Bejarano: “Mientras subsistan las condiciones sociales y políticas donde germinan la rebelión, la asonada y la sedición, subsistirá también la necesidad de seguir tratando a los delincuentes políticos de manera diferente que a los asesinos, ladrones y secuestradores.”
De igual forma, no se entiende como Molano asegura que el delito político protege a las élites guerreras, pero se aterra que le quieran retirar ese “privilegio” a los luchadores sociales de las Farc. ¿Entonces el país tiene que defender los privilegios que les da la ley a los terroristas?
El mensaje del gobierno es claro: si alguien quiere negociar, este es el momento. Le quedan dos años para hacerlo. Después, irán a las cárceles o a los cementerios como simples delincuentes comunes, fortalecidos por el dinero del narcotráfico. Y ojo, porque esto se aplica a todos los actores del conflicto. Las Autodefensas tendrán que ajuiciarse en Ralito, tendrán que cumplir con los acuerdos, deberán cumplir con el cese de hostilidades y contribuir con el desmonte de aparato paramilitar que existe en Colombia.
Con la posición de Duzán, Molano y Bejarano, queda claro que padecen, ellos si, alguna debilidad mental, pues han olvidado, en su defensa a favor de las Farc, algunos detalles de trascendencia mundial: 119 muertos en Bojayá, Chocó, el 2 de mayo de 2002. No recuerdan los 33 muertos en el atentado contra el club El Nogal el 7 de febrero de 2003. También olvidaron el atentado con granadas en la Zona Rosa de Bogotá en noviembre del mismo año. No recuerdan, porque no lo han vivido, los días sin servicio eléctrico que padecen constantemente los habitantes de Arauca, gracias a la voladura de torres de energía. La memoria reciente de estos comentaristas tampoco tiene registrado el atentado contra la válvula de Chingaza, que de haber tenido éxito, hubiese borrado del mapa varias poblaciones de Cundinamarca y del Meta y una buena parte de Villavicencio. ¿Estas son acciones políticas? ¿Estas acciones son producto de las libertades públicas?
Lo que están desconociendo estos comentaristas es que esta medida podría presionar a las Farc a realizar un viraje político. Una cosa es ser delincuentes políticos y considerar sus acciones como sujetas a una negociación para el perdón y otra, muy distinta y grave, es que sus actos terroristas sean contemplados solo a la luz del Código Penal.
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