En Colombia, las amenazas contra periodistas son gajes del oficio. Se podría decir que el cuero se va endureciendo de tantas amenazas que se reciben, a tal punto, que se pierde el discernimiento para olfatear cuales son potenciales y cuales son actos de patanería y mal gusto.
La primera víctima que conocí fue don Guillermo Cano, quien ya había toreado suficientes amenazas y acciones reales para hacerle caso a una llamada o a un sufragio. Don Guillermo tuvo que lidiar con el bloqueo impuesto por el Grupo Grancolombiano después de las denuncias que hizo en su tiempo El Espectador sobre los autopréstamos. En ese momento, don Guillermo, y la familia Cano unida, enfrentaron los embates con singular valentía y a costa de su propio patrimonio.
Después de salir triunfante de semejante quijotada, creo que don Guillermo quedó demasiado curtido para darse cuenta que alguna de las amenazas era seria. Ese 17 de diciembre de 1986 don Guillermo salió tranquilo, en su camioneta Subaru vino tinto, tomó el volante e hizo el cruce en la avenida 68 para tomar el carril sur – norte. Ocho disparos acabaron con su vida.
Nadie podría entender como una persona con semejante cantidad de amenazas no toma ninguna precaución para proteger su vida. Salvo, claro está, que su cuero esté tan duro frente al tema, que cualquier aviso parezca solo una broma de alguien enojado. Igual ocurrió con Jorge Enrique Pulido, quien fue baleado al salir de los estudios del desaparecido Inravisión en la 24.
La malicia que debe caracterizar a los periodistas a veces se pierde en el desenfrenado y caótico acontecer nacional. Pero las amenazas que recibieron Daniel Coronell, Holman Morris y Carlos Lozano no pueden considerarse baladíes, máxime si se tiene en cuenta que se tomaron toda la molestia para advertirles sobre la “inconveniencia” de sus posiciones.
Seguir creyendo en un país que acalla con balas las voces incómodas es una utopía. Pero seguir trabajando por una sociedad que no se indigna por las amenazas y los asesinatos de los que opinan diferentes, es un despropósito.
El ejercicio de la libertad de prensa y el derecho de opinión no pueden convertirse en un delito cuyo juez condena, implacable, con la pena de muerte. Tampoco es válido que las voces disidentes pretendan ser silenciadas con un ramo mortuorio y una nota en la que se incluye a la familia en el trágico final.
Una sociedad no puede permitir que sus periodistas (oficialistas, opositores o independientes) sean obligados o presionados para no decir lo que piensan y para cambiar, a la brava, su óptica frente a la realidad nacional. Tampoco es respetable la indolencia de los medios de comunicación que, salvo una nota editorial en El Tiempo, pasaron indiferentes frente al tema.
De lo que se trata es de la defensa de los principios básicos de la democracia y no simplemente de la vida de tres ciudadanos. Y digo simplemente porque esa es la actitud que se está asumiendo, desde hace mucho tiempo, en nuestro país: la vida no vale nada.
A los que callan frente al tema les recuerdo:
La primera víctima que conocí fue don Guillermo Cano, quien ya había toreado suficientes amenazas y acciones reales para hacerle caso a una llamada o a un sufragio. Don Guillermo tuvo que lidiar con el bloqueo impuesto por el Grupo Grancolombiano después de las denuncias que hizo en su tiempo El Espectador sobre los autopréstamos. En ese momento, don Guillermo, y la familia Cano unida, enfrentaron los embates con singular valentía y a costa de su propio patrimonio.
Después de salir triunfante de semejante quijotada, creo que don Guillermo quedó demasiado curtido para darse cuenta que alguna de las amenazas era seria. Ese 17 de diciembre de 1986 don Guillermo salió tranquilo, en su camioneta Subaru vino tinto, tomó el volante e hizo el cruce en la avenida 68 para tomar el carril sur – norte. Ocho disparos acabaron con su vida.
Nadie podría entender como una persona con semejante cantidad de amenazas no toma ninguna precaución para proteger su vida. Salvo, claro está, que su cuero esté tan duro frente al tema, que cualquier aviso parezca solo una broma de alguien enojado. Igual ocurrió con Jorge Enrique Pulido, quien fue baleado al salir de los estudios del desaparecido Inravisión en la 24.
La malicia que debe caracterizar a los periodistas a veces se pierde en el desenfrenado y caótico acontecer nacional. Pero las amenazas que recibieron Daniel Coronell, Holman Morris y Carlos Lozano no pueden considerarse baladíes, máxime si se tiene en cuenta que se tomaron toda la molestia para advertirles sobre la “inconveniencia” de sus posiciones.
Seguir creyendo en un país que acalla con balas las voces incómodas es una utopía. Pero seguir trabajando por una sociedad que no se indigna por las amenazas y los asesinatos de los que opinan diferentes, es un despropósito.
El ejercicio de la libertad de prensa y el derecho de opinión no pueden convertirse en un delito cuyo juez condena, implacable, con la pena de muerte. Tampoco es válido que las voces disidentes pretendan ser silenciadas con un ramo mortuorio y una nota en la que se incluye a la familia en el trágico final.
Una sociedad no puede permitir que sus periodistas (oficialistas, opositores o independientes) sean obligados o presionados para no decir lo que piensan y para cambiar, a la brava, su óptica frente a la realidad nacional. Tampoco es respetable la indolencia de los medios de comunicación que, salvo una nota editorial en El Tiempo, pasaron indiferentes frente al tema.
De lo que se trata es de la defensa de los principios básicos de la democracia y no simplemente de la vida de tres ciudadanos. Y digo simplemente porque esa es la actitud que se está asumiendo, desde hace mucho tiempo, en nuestro país: la vida no vale nada.
A los que callan frente al tema les recuerdo:
La vida no vale nada
si ignoro que el asesino
cogió por otro camino
y prepara otra celada.
La vida no vale nada
si se sorprende a mi hermano
cuando supe de antemano
lo que se le preparaba.
La vida no vale nada
si cuatro caen por minuto
y al final por el abuso
se decide la jornada.
Pablo Milanés.
Pablo Milanés.
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