Los doce apóstoles de Petro

Había una vez una banda paramilitar denominada los doce apóstoles. Esta banda tenía su centro de operaciones en la finca La Carolina, cercana a la población antioqueña de Santa Rosa de Osos.
Corría el año de 1992. Las autoridades comenzaron el seguimiento y procedieron a su judicialización ante la recién creada Fiscalía General de la Nación. Entre los implicados en la investigación figuró Santiago Uribe Vélez, hermano del actual Presidente de la República. La Fiscalía investigó a esta banda por concierto para delinquir y por el asesinato selectivo de 50 personas en la región, pero en 1999, este mismo organismo judicial decidió archivar el proceso por falta de evidencias.
Pero el tema volvió a salir a la luz en las últimas horas, cuando el representante Gustavo Petro exhortó al Presidente para que le “aclarara al país” los vínculos de su hermano Santiago en la conformación de grupos paramilitares. Fuera de la exigencia, Petro no presentó ninguna prueba, ni radicó ninguna denuncia contra Uribe Vélez en la comisión de Acusación, que es el juez natural del Presidente: simplemente citó una rueda de prensa y, en resumidas cuentas, entregó los documentos que señalaban la investigación y la preclusión de la acción penal por falta de méritos. Es decir: solo encontró unos papeles para hacer escándalo.
A las pocas horas, el Fiscal General de la Nación emitió un escueto comunicado en el que informaba que la investigación fue archivada desde 1999 y conminó al representante Petro, uno de sus más aguerridos contradictores, a entregar las nuevas evidencias al organismo judicial para su evaluación.
Lo que se observa es la intención de algunos sectores de continuar calentando el debate y, de paso, buscarle la lengua a Uribe Vélez, pues esta denuncia coincide sospechosamente con la publicación de los resultados de la última encuesta sobre la reelección en Colombia, en la que Uribe resulta un amplio e incuestionable vencedor frente a la oposición y de paso, demuestra la fortaleza de los programas de gobierno y del Presidente.
Otra situación que se manifiesta en lo ocurrido es la persecución implacable e inmisericorde que tendrá que padecer Uribe si la Corte Constitucional aprueba la reelección, porque Petro demostró el talante de las futuras acciones opositoras: lanzar una calumnia que puede ser malinterpretada por la opinión nacional, caldear los ánimos y con ambos instrumentos, bajar la popularidad y el respaldo nacional al Presidente, que sigue intacto a favor del Mandatario.
A esta hora no se cuál será la respuesta del Presidente a semejantes acusaciones, porque está involucrado un miembro de su familia. Seguramente este intento de sicariato moral de Petro provocará una reacción contundente de Uribe, cosa que esperamos todos, pues si bien es cierto que Santiago Uribe fue investigado, también debe destacarse que en 5 años de investigación no se encontró evidencia alguna de su vinculación con el grupo paramilitar. Es decir, un inocente que resulta involucrado en un proceso penal del cual sale absuelto.
Ahora saldrán a decir los opositores que Uribe manejó el tema con su poder. Será otra demostración de irracionalidad y falta de matemáticas: si los hechos ocurrieron entre 1992 y 1994 (durante los gobiernos de Gaviria y Samper), y la preclusión se dio en 1999 (durante el gobierno de Andrés Pastrana) pues no puede generarse la ilógica conexión de la presión del Presidente que en ese entonces no ocupaba ese cargo para que fuera exonerado su hermano de cualquier hecho delictivo.
De igual forma, entremos al terreno jurídico, cualquier colombiano es susceptible de ser investigado por la Fiscalía: una denuncia debe ser investigada y llegar a una de dos consecuencias: o la Fiscalía dicta preclusión (archivo) o la misma Fiscalía expide resolución de acusación al encontrar méritos suficientes para que un juez determine la culpabilidad o inocencia del procesado. Pero lo segundo no ocurrió, porque la evidencia no existió y las pruebas, si las habían, eran apenas circunstanciales y se remitían a un contrato de administración de una finca que coincidencialmente administraba el hermano del Presidente.
Lo cierto es que nos esperan meses muy aciagos en este tema político, por las declaraciones, las calumnias, la inquina y por las pesquisas infructuosas que vienen adelantando algunos sectores de la oposición, porque lo cierto es que no han encontrado nada contra el presidente Uribe.