Colombia genera vértigo

Durante estos días, muchas cosas sacudieron a Colombia. El procurador Edgardo Maya se pronunció sobre la reforma constitucional que permite la reelección, denunciando vicios de forma en el trámite del acto legislativo.
Lo más importante del informe de Maya Villazón es que ratificó que el Congreso de la República si puede emprender modificaciones a la Constitución Nacional, descalificando algunos argumentos de la oposición que absurdamente insistían en la imposibilidad del legislativo de modificar algunos puntos de la Carta Magna. Entonces, con el dictamen de Maya la oposición perdió la mitad de sus argumentos.
De igual forma, la declaración del Procurador pone grandes obstáculos para que la Corte Constitucional no ceda a la tentación de analizar el fondo de la reforma incurriendo en la extralimitación de sus funciones, aunque a la Corte Constitucional ¿quién la ronda?.
Claro, quedan los vicios de trámite denunciados por Maya Villazón que deberán ser estudiados por la Corte Constitucional y decidir si el Acto Legislativo si cumplió con las normas para su expedición. Eso se sabrá en noviembre, junto con la decisión de la despenalización del aborto y seguramente con el estudio sobre la constitucionalidad de la ley de Garantías Electorales. En cuanto a esta última decisión hay serias dudas, pues si declaran inconstitucional la ley de garantías, algunos constitucionalistas afirman que caería también la reelección presidencial.
Otro hecho que acaparó la atención del país fueron las declaraciones del gobierno ecuatoriano indicando que, para ellos, un grupo terrorista como las Farc tiene la misma validez y el mismo nivel de interlocución que el Estado colombiano. Esta posición fue aplaudida sospechosamente por el jefe de prensa de las Farc, Raúl Reyes, quien en unas declaraciones publicadas por El Tiempo dijo textualmente que “las Farc respaldan al gobierno ecuatoriano”.
Y como olvidar el editorial de New York Times que atacó a la ley de Justicia y paz y la llamó de capitulación ante los terroristas. En el fondo, la nota editorial pretende dos cosas: que los paramilitares se paren de la mesa de negociación y continúen la guerra, las masacres y el desplazamiento. Lo segundo, desinformar para desprestigiar una norma. Para el editorialista, la ley de justicia y paz debe ser una ley de rendición, un conjunto de normas en donde el Estado impone solo sus condiciones, castiga con toda firmeza a los delincuentes rendidos y vencidos en combate, capturados por el poder militar del Estado y anémicos de recursos y dinero. ¿Eso sucedió en Colombia?
El planteamiento del editorialista es una mentira total. Primero, porque las AUC no fueron derrotadas sino que decidieron entrar en un proceso de paz para reincorporarse a la vida legal. Segundo, porque toda negociación tiene cierto grado de impunidad y hay que hacer malabares para que las víctimas tengan algo de reparación y la justicia tenga algún destello. Pero pretender que un grupo alzado en armas decida entregarse para que lo condenen a 20 años de prisión o lo envíen en un avión a EEUU es un despropósito que desconoce las realidades de este proceso y muestra un alto grado de ignorancia frente al tema de negociación de conflictos.