Parece que la persecución contra los propietarios de vehículos en Colombia está haciendo carrera. En varias ciudades del país tenemos pico y placa para, entre otros propósitos, disminuir la polución, cosa que no es cierta si se tiene en cuenta que, por ejemplo en Bogotá, los estudios más recientes demuestran que el 70% de las partículas contaminantes son emitidas por el transporte público.
A esto se suman las calles destruidas que son otra forma de impuesto, pues al pagar por las continuas reparaciones de los carros dañados en los huecos, cubrimos con nuestro dinero la ineptitud e irresponsabilidad de las administraciones locales. Agreguemos el incremento mensual de la gasolina, que en el último año superó el 15%.
Ahora viene el tema del pase, el que tendremos que refrendar TODOS los colombianos con una inversión aproximada de 1.2 billones de pesos. Pero sigamos sumando. En el código de Tránsito se ordenó la revisión técnico-mecánica de los vehículos particulares. Entonces, usted podrá tener su carrito en perfecto estado, “como una uva”, pero tendrá que pagar en los talleres cercanos a los centros de revisión para que le muevan un tornillo al distribuidor y milagrosamente pase el examen, pues si lo lleva a su mecánico de confianza, seguramente será devuelto de nuevo, perdiendo tiempo, dinero y paciencia. Porque la corrupción tendrá en esta nueva obligación un campo fértil para cometer sus fechorías.
A todo lo anterior se une, sin contemplación ni justificación real, el día sin carro, que genera enormes pérdidas en una ciudad que requiere ante todo producir al máximo para agilizar la dinámica económica y contribuir al desarrollo del país. No se entiende cómo, en un país que calca los modelos extranjeros, no se han tomado la molestia de mirar el modelo de día sin carro en ciudades europeas, cuyo acatamiento no es obligatorio.
Lo cierto es que hay una persecución sistemática a los propietarios de vehículos particulares, pero no a todos, sino a los de la clase media que no posemos carros blindados, ni escoltas, ni permisos especiales para hacer lo que nos de la gana en la ciudad. A punta de certificados, impuestos, seguros, alzas en los precios de los combustibles y trámites, se hace evidente que hay una política de Estado para presionar a esta clase media a vender el carro y utilizar el “organizado” y “eficiente” transporte urbano. Se sabe también que hay un proyecto en marcha para convertir en chatarra los vehículos particulares con más de 20 años de antigüedad. Esto significa que los que tenemos carritos viejos, de 10 años por ejemplo, estaremos condenados en un futuro relativamente cercano a ver nuestros vehículos convertidos en una mole de metal, pues muchos no tenemos la posibilidad de adquirir un carro de modelo muy reciente. Cada día la clase media es más presionada a bajar su calidad de vida y a reducirse a la pauperización hasta desaparecer.
Entonces haga cuentas de los impuestos, las reparaciones, el nuevo pase y la revisión técnico mecánica y decida si atiende las obligaciones de su carro o compra el mercado, paga el colegio de sus hijos o atiende las obligaciones de servicios públicos; cuando sume y reste, llegará a la conclusión de que los buses de Transmilenio no están tan llenos como pensaba, que sus zapatos requieren una caminadas más para que se vuelvan más cómodos y que sus piernas se benefician enormemente con las caminatas que hará, porque lo cierto es que la limitación mental de algunos políticos y funcionarios colombianos hace que vean a los propietarios de vehículos como los más ricos y pudientes seres humanos a los que hay que perseguir hasta asfixiarlos en gastos y trámites corruptos.
A esto se suman las calles destruidas que son otra forma de impuesto, pues al pagar por las continuas reparaciones de los carros dañados en los huecos, cubrimos con nuestro dinero la ineptitud e irresponsabilidad de las administraciones locales. Agreguemos el incremento mensual de la gasolina, que en el último año superó el 15%.
Ahora viene el tema del pase, el que tendremos que refrendar TODOS los colombianos con una inversión aproximada de 1.2 billones de pesos. Pero sigamos sumando. En el código de Tránsito se ordenó la revisión técnico-mecánica de los vehículos particulares. Entonces, usted podrá tener su carrito en perfecto estado, “como una uva”, pero tendrá que pagar en los talleres cercanos a los centros de revisión para que le muevan un tornillo al distribuidor y milagrosamente pase el examen, pues si lo lleva a su mecánico de confianza, seguramente será devuelto de nuevo, perdiendo tiempo, dinero y paciencia. Porque la corrupción tendrá en esta nueva obligación un campo fértil para cometer sus fechorías.
A todo lo anterior se une, sin contemplación ni justificación real, el día sin carro, que genera enormes pérdidas en una ciudad que requiere ante todo producir al máximo para agilizar la dinámica económica y contribuir al desarrollo del país. No se entiende cómo, en un país que calca los modelos extranjeros, no se han tomado la molestia de mirar el modelo de día sin carro en ciudades europeas, cuyo acatamiento no es obligatorio.
Lo cierto es que hay una persecución sistemática a los propietarios de vehículos particulares, pero no a todos, sino a los de la clase media que no posemos carros blindados, ni escoltas, ni permisos especiales para hacer lo que nos de la gana en la ciudad. A punta de certificados, impuestos, seguros, alzas en los precios de los combustibles y trámites, se hace evidente que hay una política de Estado para presionar a esta clase media a vender el carro y utilizar el “organizado” y “eficiente” transporte urbano. Se sabe también que hay un proyecto en marcha para convertir en chatarra los vehículos particulares con más de 20 años de antigüedad. Esto significa que los que tenemos carritos viejos, de 10 años por ejemplo, estaremos condenados en un futuro relativamente cercano a ver nuestros vehículos convertidos en una mole de metal, pues muchos no tenemos la posibilidad de adquirir un carro de modelo muy reciente. Cada día la clase media es más presionada a bajar su calidad de vida y a reducirse a la pauperización hasta desaparecer.
Entonces haga cuentas de los impuestos, las reparaciones, el nuevo pase y la revisión técnico mecánica y decida si atiende las obligaciones de su carro o compra el mercado, paga el colegio de sus hijos o atiende las obligaciones de servicios públicos; cuando sume y reste, llegará a la conclusión de que los buses de Transmilenio no están tan llenos como pensaba, que sus zapatos requieren una caminadas más para que se vuelvan más cómodos y que sus piernas se benefician enormemente con las caminatas que hará, porque lo cierto es que la limitación mental de algunos políticos y funcionarios colombianos hace que vean a los propietarios de vehículos como los más ricos y pudientes seres humanos a los que hay que perseguir hasta asfixiarlos en gastos y trámites corruptos.
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