Que estabilidad la de Colombia. En 1997, el gobierno de la época decidió abolir la renovación de la licencia de conducción, como parte integral de un paquete de medidas tendientes a erradicar la tramitomanía del país. Ahora, 8 años después, el ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego anuncia que todos los colombianos tendrán que cambiar su licencia.
En la actualidad, 12 millones de colombianos tienen su licencia registrada legalmente. Esos 12 millones tendrán que ir a las oficinas de tránsito de sus municipios y cambiar el documento. La medida tendrá un periodo de transición de 3 años, lo que significa que anualmente 4 millones de colombianos deberán renovar el pase. En plata blanca: casi 17 mil personas al día deberán ser atendidas por las “eficientes” y “transparentes” oficinas de tránsito en todo el territorio nacional. Es decir, cada hora, 2 mil personas tendrán que hacer el trámite. ¿Esto será posible? Por supuesto que no. No creo que haya un organismo en Colombia capaz de manejar la documentación de 35 personas por minuto. Tampoco creo que los “funcionales” sistemas, que viven fuera de línea, estén preparados para semejante avalancha de datos.
Y hablemos del contrato: el feliz ganador recibirá un jugoso premio de más de un billón de pesos, cuyo pago haremos los colombianos. Lo que va a ocurrir es que el desesperó de la gente por cambiar el pase, frente a la ineptitud de algunos, colapsará el sistema. Entonces la corrupción y los tramitadores harán su agosto gracias a una medida innecesaria y poco clara. Hay que enfatizar que la medida se desprende del Código Nacional de Tránsito, promovido y promulgado por el gobierno de Pastrana. Ese dichoso Código es, en muchos aspectos, un retroceso a las épocas más aciagas de la corrupción en las entidades de tránsito del país. Porque también vendrá la obligatoria revisión técnico mecánica de los vehículos particulares cada dos años. Cuando esa medida estuvo vigente en Bogotá, tuve que llevar mi carrito para el visto bueno. Días antes había invertido una buena cantidad de dinero en arreglo y ajuste de frenos. Pues bien, el carro falló justamente en lo de los frenos y el técnico me dijo que a unas pocas cuadras los arreglaban. Fui, gasté otro dinero y solo con el movimiento de un tornillo el carro quedó frenando como nunca. Por lo menos eso dijo el técnico, quien solo con ver la factura le dio la aprobación.
No entiendo como el Estado puede carecer de una comprensión mínima de las necesidades de los colombianos, de la importancia del tiempo para muchos y de la pereza y molestia que causa el asumir trámites innecesarios cuando a alguien se le da la gana deimponerlos.
A la DIAN se le ocurrió que todos los declarantes tenían que renovar el Registro Único Tributario, RUT. No importaba si lo habían gestionado en el 2004. Había que renovarlo y punto. El resultado: en Bogotá, por ejemplo, las filas eran de 5 y 6 horas, para sacar el mismo documento del año anterior. Eso a los que les fue bien. Porque en otros casos la actualización del RUT salió con mico incorporado. Por ejemplo, una ciudadana que tiene algunos apartamentos para la renta, de eso vive su familia, de pronto quedó declarando IVA, porque según los funcionarios de la DIAN, era imposible que alguno de esos inmuebles no fuera comercial. Después de la primera fila de 6 horas, la señora tuvo que volver, hacer el reclamo y ubicarse en la fila de 5 horas para que le quitaran el mico. Pero no se lo quitaron. Le dijeron que era una mentirosa y que alguno de los inmuebles tenía que ser comercial. Después de discutir con el funcionario, éste por fin entendió pero no solucionó nada: le dijo simplemente que el asunto entraba a estudio y que tenía que declarar IVA. Ahora, además de todo, tiene que comprar un formulario trimestral para llenarlo de ceros (si, el formulario lo llena de ceros en sus dos columnas), ir a un banco, hacer la fila y conseguir el sello de un cajero. Lindo trámite, muy provechoso para el Estado, muy informativo para perseguir la evasión y extremadamente útil para los bancos.
El objetivo de cualquier Estado es, entre otros, conseguir la felicidad de sus habitantes y dudo que la renovación obligatoria del pase, la revisión técnico mecánica de los carros y el famoso RUT sean trámites que le generen felicidad a algún colombiano.
Por el contrario, son medidas arbitrarias y abusivas, pues no solo es el dinero que cuestan sino la dignidad de la gente que tiene que hacer las filas, soportar los errores y perder el tiempo para darle gusto a algún funcionario ineficiente y carente de visión. Vamos de para atrás, como el cangrejo.
En la actualidad, 12 millones de colombianos tienen su licencia registrada legalmente. Esos 12 millones tendrán que ir a las oficinas de tránsito de sus municipios y cambiar el documento. La medida tendrá un periodo de transición de 3 años, lo que significa que anualmente 4 millones de colombianos deberán renovar el pase. En plata blanca: casi 17 mil personas al día deberán ser atendidas por las “eficientes” y “transparentes” oficinas de tránsito en todo el territorio nacional. Es decir, cada hora, 2 mil personas tendrán que hacer el trámite. ¿Esto será posible? Por supuesto que no. No creo que haya un organismo en Colombia capaz de manejar la documentación de 35 personas por minuto. Tampoco creo que los “funcionales” sistemas, que viven fuera de línea, estén preparados para semejante avalancha de datos.
Y hablemos del contrato: el feliz ganador recibirá un jugoso premio de más de un billón de pesos, cuyo pago haremos los colombianos. Lo que va a ocurrir es que el desesperó de la gente por cambiar el pase, frente a la ineptitud de algunos, colapsará el sistema. Entonces la corrupción y los tramitadores harán su agosto gracias a una medida innecesaria y poco clara. Hay que enfatizar que la medida se desprende del Código Nacional de Tránsito, promovido y promulgado por el gobierno de Pastrana. Ese dichoso Código es, en muchos aspectos, un retroceso a las épocas más aciagas de la corrupción en las entidades de tránsito del país. Porque también vendrá la obligatoria revisión técnico mecánica de los vehículos particulares cada dos años. Cuando esa medida estuvo vigente en Bogotá, tuve que llevar mi carrito para el visto bueno. Días antes había invertido una buena cantidad de dinero en arreglo y ajuste de frenos. Pues bien, el carro falló justamente en lo de los frenos y el técnico me dijo que a unas pocas cuadras los arreglaban. Fui, gasté otro dinero y solo con el movimiento de un tornillo el carro quedó frenando como nunca. Por lo menos eso dijo el técnico, quien solo con ver la factura le dio la aprobación.
No entiendo como el Estado puede carecer de una comprensión mínima de las necesidades de los colombianos, de la importancia del tiempo para muchos y de la pereza y molestia que causa el asumir trámites innecesarios cuando a alguien se le da la gana deimponerlos.
A la DIAN se le ocurrió que todos los declarantes tenían que renovar el Registro Único Tributario, RUT. No importaba si lo habían gestionado en el 2004. Había que renovarlo y punto. El resultado: en Bogotá, por ejemplo, las filas eran de 5 y 6 horas, para sacar el mismo documento del año anterior. Eso a los que les fue bien. Porque en otros casos la actualización del RUT salió con mico incorporado. Por ejemplo, una ciudadana que tiene algunos apartamentos para la renta, de eso vive su familia, de pronto quedó declarando IVA, porque según los funcionarios de la DIAN, era imposible que alguno de esos inmuebles no fuera comercial. Después de la primera fila de 6 horas, la señora tuvo que volver, hacer el reclamo y ubicarse en la fila de 5 horas para que le quitaran el mico. Pero no se lo quitaron. Le dijeron que era una mentirosa y que alguno de los inmuebles tenía que ser comercial. Después de discutir con el funcionario, éste por fin entendió pero no solucionó nada: le dijo simplemente que el asunto entraba a estudio y que tenía que declarar IVA. Ahora, además de todo, tiene que comprar un formulario trimestral para llenarlo de ceros (si, el formulario lo llena de ceros en sus dos columnas), ir a un banco, hacer la fila y conseguir el sello de un cajero. Lindo trámite, muy provechoso para el Estado, muy informativo para perseguir la evasión y extremadamente útil para los bancos.
El objetivo de cualquier Estado es, entre otros, conseguir la felicidad de sus habitantes y dudo que la renovación obligatoria del pase, la revisión técnico mecánica de los carros y el famoso RUT sean trámites que le generen felicidad a algún colombiano.
Por el contrario, son medidas arbitrarias y abusivas, pues no solo es el dinero que cuestan sino la dignidad de la gente que tiene que hacer las filas, soportar los errores y perder el tiempo para darle gusto a algún funcionario ineficiente y carente de visión. Vamos de para atrás, como el cangrejo.
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