En el debate sobre el proyecto de Justicia y Paz, el representante Luis Fernando Velasco hizo un llamado de atención sobre el problema que se podría generar de seguir con el debate bizantino de si en Colombia hay o no conflicto armado o terrorismo. El llamado de atención del congresista tiene que ver con el Código Penal, concretamente con el Título II, pues dice que si no hay conflicto armado, hay delitos que desaparecerían.
La posición del gobierno podría dejar sin piso delitos como el señalado en los artículos 144 que habla de Actos de terrorismo o el 145 que estipula los Actos de barbarie. Estos artículos inician con las siguientes palabras: “el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado...”
Y hay muchos más: el artículo 135 del Código Penal habla del homicidio en persona protegida y textualmente indica: “el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los convenios internacionales sobre Derecho Humanitario, incurrirá en prisión de treinta a cuarenta años”.
Esto significa que, como según el gobierno no hay conflicto armado, los terroristas de las Farc que cometieron la masacre de San José de Apartadó, no podrían ser juzgados según el artículo 135 o el 144 del Código. Además, el artículo 136 que habla de lesiones en persona protegida, el 137 referido a la tortura en persona protegida, el 138 sobre acceso carnal violento en persona protegida y el 139 sobre actos sexuales violentos en persona protegida, quedarían sin ningún efecto porque todos comienzan igual: “el que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado”.
Lo evidente es que si no hay conflicto armado en Colombia, estos delitos quedan borrados de nuestro panorama judicial, haciendo más complejo el castigo a los terroristas y dejando sin protección legal a la población civil.
Para todos los efectos legales y prácticos, lo justo y reparador para nuestra sociedad es que si existe el conflicto armado y que el terrorismo cobarde al que nos quieren someter es una manifestación más de dicho conflicto.
Además, para alcanzar una paz duradera es fundamental la presencia de la justicia y de la verdad, máxime cuando llevamos 40 años de conflicto, cuando en los últimos 8 años han sido secuestrados más de 20.000 compatriotas (información de País Libre) y cuando el segundo renglón de número de secuestrados en el 2004 lo ocupan los menores de edad.
El gobierno debe alejarse de las discusiones casuísticas y concentrarse en las exigencias y los retos que plantea a diario la situación de Colombia.
La posición del gobierno podría dejar sin piso delitos como el señalado en los artículos 144 que habla de Actos de terrorismo o el 145 que estipula los Actos de barbarie. Estos artículos inician con las siguientes palabras: “el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado...”
Y hay muchos más: el artículo 135 del Código Penal habla del homicidio en persona protegida y textualmente indica: “el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los convenios internacionales sobre Derecho Humanitario, incurrirá en prisión de treinta a cuarenta años”.
Esto significa que, como según el gobierno no hay conflicto armado, los terroristas de las Farc que cometieron la masacre de San José de Apartadó, no podrían ser juzgados según el artículo 135 o el 144 del Código. Además, el artículo 136 que habla de lesiones en persona protegida, el 137 referido a la tortura en persona protegida, el 138 sobre acceso carnal violento en persona protegida y el 139 sobre actos sexuales violentos en persona protegida, quedarían sin ningún efecto porque todos comienzan igual: “el que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado”.
Lo evidente es que si no hay conflicto armado en Colombia, estos delitos quedan borrados de nuestro panorama judicial, haciendo más complejo el castigo a los terroristas y dejando sin protección legal a la población civil.
Para todos los efectos legales y prácticos, lo justo y reparador para nuestra sociedad es que si existe el conflicto armado y que el terrorismo cobarde al que nos quieren someter es una manifestación más de dicho conflicto.
Además, para alcanzar una paz duradera es fundamental la presencia de la justicia y de la verdad, máxime cuando llevamos 40 años de conflicto, cuando en los últimos 8 años han sido secuestrados más de 20.000 compatriotas (información de País Libre) y cuando el segundo renglón de número de secuestrados en el 2004 lo ocupan los menores de edad.
El gobierno debe alejarse de las discusiones casuísticas y concentrarse en las exigencias y los retos que plantea a diario la situación de Colombia.
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