Hace tres años se registró en Bojayá, Chocó, la peor masacre contra civiles en la historia reciente del país: 119 personas fueron asesinadas y 98 resultaron heridas.
En estos tres años solo hemos visto pequeñas notas de prensa y unos pocos informes que traen a colación la tragedia, no como un acto de memoria sino como resultado del oportunismo sensacionalista de algún periodista. No hemos visto las misas, ni las manifestaciones, ni las alcaldías llenas de fotos y testimonios que impidan olvidar semejante tragedia.
Tampoco hemos visto a los culpables respondiendo por sus actos ante la justicia. Pero ¿Cuál justicia, la misma que declaró inocentes a los asesinos de Machuca, en donde fueron asesinados (quemados al volar un oleoducto) 78 civiles?
Al revisar los hechos de Bojayá, se encuentra la más cruda realidad de este conflicto: fueron culpables las Farc, las Autodefensas y el Estado.
Las Farc lanzaron la pipeta de gas que impactó en la iglesia de Bojayá, en donde más de 500 civiles se habían refugiado de los combates entre la guerrilla y los paramilitares. Pero no lanzaron una sola pipeta: hicieron cuatro lanzamientos: el primero destruyó una casa, el segundo cayó muy cerca de la iglesia, el tercero, el de las 10:45 de la mañana del 2 de mayo de 2002, destruyó el templo y el cuarto cayó, sin detonar, en un convento.
Esto significa que la primera responsabilidad por la masacre es de las Farc. Los terroristas enviaron un mensaje en el que lamentaban el “error” y luego aprovecharon la oportunidad para lanzar sus acostumbradas arengas contra la oligarquía, los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas. El cinismo de las Farc es aterrador: ¿119 personas muertas es un simple error? No. Es un CRIMEN DE GUERRA, como lo reconoció el informe que realizó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Los paramilitares también tienen una buena cuota de responsabilidad. Desde la noche del 1 de mayo de 2002 intentaron escudarse en la población civil que se refugiaba en la iglesia. Los combates arreciaron y decidieron ocupar posiciones en los alrededores de la iglesia, específicamente en un muro que les permitió atrincherarse para responder al fuego de las Farc. En este sentido, son culpables por entrometer a la población inerme en un combate y por escudarse en un sitio que es declarado intocable por la ley internacional.
Esto significa que las Autodefensas también deben responder por el CRIMEN DE GUERRA que acabó con la vida de 119 colombianos. Si no lo hacen aquí, el Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional harán lo suyo en su debido momento.
En cuanto al Estado, la culpabilidad es inmensa, pues hizo la mayor demostración de ineficiencia, inoperancia y de indiferencia por la vida de sus asociados. Desde el 23 de abril, es decir, 9 días antes de la tragedia, la ONU estableció una alerta temprana sobre la situación que se podía presentar en varios municipios del Chocó. La respuesta, la única real y en papel, fue una carta de la Procuraduría en la que remitía, de manera urgente, la comunicación a los ministerios del Interior y de Defensa. La alerta de la ONU fue respaldada por la Defensoría del Pueblo, pero nadie, absolutamente nadie hizo nada por evitar una catástrofe de semejante magnitud.
Pero no he visto un guerrillero condenado por los hechos. Tampoco a un solo paramilitar. Menos al presidente Pastrana ni a sus ministros ante un estrado judicial, siendo todos culpables por acción, ignorancia u omisión frente a aquellos funestos acontecimientos que son motivo de vergüenza ante el mundo.
Los interesados en profundizar sobre esta vergüenza nacional, pueden consultar un resumen del informe de la ONU en: www.sanjosedeapartado.blogspot.com
El Informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre su Misión de Observación en el Medio Atrato, fechado el 20 de mayo de 2002, está en:
En estos tres años solo hemos visto pequeñas notas de prensa y unos pocos informes que traen a colación la tragedia, no como un acto de memoria sino como resultado del oportunismo sensacionalista de algún periodista. No hemos visto las misas, ni las manifestaciones, ni las alcaldías llenas de fotos y testimonios que impidan olvidar semejante tragedia.
Tampoco hemos visto a los culpables respondiendo por sus actos ante la justicia. Pero ¿Cuál justicia, la misma que declaró inocentes a los asesinos de Machuca, en donde fueron asesinados (quemados al volar un oleoducto) 78 civiles?
Al revisar los hechos de Bojayá, se encuentra la más cruda realidad de este conflicto: fueron culpables las Farc, las Autodefensas y el Estado.
Las Farc lanzaron la pipeta de gas que impactó en la iglesia de Bojayá, en donde más de 500 civiles se habían refugiado de los combates entre la guerrilla y los paramilitares. Pero no lanzaron una sola pipeta: hicieron cuatro lanzamientos: el primero destruyó una casa, el segundo cayó muy cerca de la iglesia, el tercero, el de las 10:45 de la mañana del 2 de mayo de 2002, destruyó el templo y el cuarto cayó, sin detonar, en un convento.
Esto significa que la primera responsabilidad por la masacre es de las Farc. Los terroristas enviaron un mensaje en el que lamentaban el “error” y luego aprovecharon la oportunidad para lanzar sus acostumbradas arengas contra la oligarquía, los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas. El cinismo de las Farc es aterrador: ¿119 personas muertas es un simple error? No. Es un CRIMEN DE GUERRA, como lo reconoció el informe que realizó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Los paramilitares también tienen una buena cuota de responsabilidad. Desde la noche del 1 de mayo de 2002 intentaron escudarse en la población civil que se refugiaba en la iglesia. Los combates arreciaron y decidieron ocupar posiciones en los alrededores de la iglesia, específicamente en un muro que les permitió atrincherarse para responder al fuego de las Farc. En este sentido, son culpables por entrometer a la población inerme en un combate y por escudarse en un sitio que es declarado intocable por la ley internacional.
Esto significa que las Autodefensas también deben responder por el CRIMEN DE GUERRA que acabó con la vida de 119 colombianos. Si no lo hacen aquí, el Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional harán lo suyo en su debido momento.
En cuanto al Estado, la culpabilidad es inmensa, pues hizo la mayor demostración de ineficiencia, inoperancia y de indiferencia por la vida de sus asociados. Desde el 23 de abril, es decir, 9 días antes de la tragedia, la ONU estableció una alerta temprana sobre la situación que se podía presentar en varios municipios del Chocó. La respuesta, la única real y en papel, fue una carta de la Procuraduría en la que remitía, de manera urgente, la comunicación a los ministerios del Interior y de Defensa. La alerta de la ONU fue respaldada por la Defensoría del Pueblo, pero nadie, absolutamente nadie hizo nada por evitar una catástrofe de semejante magnitud.
Pero no he visto un guerrillero condenado por los hechos. Tampoco a un solo paramilitar. Menos al presidente Pastrana ni a sus ministros ante un estrado judicial, siendo todos culpables por acción, ignorancia u omisión frente a aquellos funestos acontecimientos que son motivo de vergüenza ante el mundo.
Los interesados en profundizar sobre esta vergüenza nacional, pueden consultar un resumen del informe de la ONU en: www.sanjosedeapartado.blogspot.com
El Informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre su Misión de Observación en el Medio Atrato, fechado el 20 de mayo de 2002, está en:
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